DIRIGENTES SALEN AL CRUCE DEL ANTEPROYECTO

El FA denuncia “retroceso” por la ley de urgente consideración del gobierno electo

Los 457 artículos de las más variadas temáticas que se incluyeron en la iniciativa que será enviada al Parlamento, ni bien asuma el nuevo gobierno, no cayeron bien en el Frente Amplio.

La Cámara de Diputados discute este jueves la ley integral para personas trans
 

De dudosa constitucionalidad, violatorio de las autonomías educativas, gatillo fácil, mano dura, política de retroceso. Todo eso dicen en el Frente Amplio del proyecto de ley de urgente consideración que redactó el gobierno del presidente electo Luis Lacalle Pou.

Los 457 artículos de las más variadas temáticas que se incluyeron en la iniciativa que será enviada al Parlamento, ni bien asuma el nuevo gobierno, no cayeron bien en el Frente Amplio. Los puntos más criticados son el aumento de penas, la marcha atrás con la obligatoriedad de la inclusión financiera y la reforma en la gobernanza del sistema educativo.

El secretario general del Partido Comunista Juan Castillo dijo a El País que en los próximos días hará un análisis más afinado del articulado, pero en términos generales da la impresión que “es de dudosa constitucionalidad” en lo que respecta a la prohibición de las ocupaciones de los lugares de trabajo. Consideró que “se contrabandean” con apariencia de ley de urgencia varias cuestiones que no son urgencias.

Por su parte, la senadora frenteamplista Ivonne Passada aseguró a El País que la ley de urgencia representa “un engaño a la propia sociedad que votó a ciegas”. “Me atrevo a decir que algunas de estas propuestas tienen una clara intención de restaurar una acción política que había sido superada en nuestro país, por ejemplo en lo que refiere a las reestructuras de las competencias del Mides y el área de diversidad sexual”, añadió Passada.

Por otro lado, dijo que al restringirse el derecho a la extensión del derecho a la huelga -en referencia a las ocupaciones- “seguramente habrá una respuesta de parte de organizaciones sociales y sindicales”.

Con respecto al capítulo educativo, Passada alertó que “a una vista rápida pueden haber vicios de violación a la autonomía de los centros educativos” con la reforma que se propone. En conclusión opinó que “hay propuestas en esta ley que se dan de frente con lo que es el diálogo social”.

El diputado y vicepresidente del Frente Amplio José Carlos Mahía (Asamblea Uruguay) dijo a El País que el proyecto de urgente consideración supone “un decaecimiento del debate parlamentario”.

“Asuntos tan delicados como la seguridad, la educación y la economía deberían tener mayor involucramiento con la sociedad y los partidos políticos. Son temas que los quieren resolver con una modalidad de rápido tratamiento y si no se aprueba sale con lo que dice el Ejecutivo”, argumentó. Por lo que concluyó que “se debilita el concepto básico de la democracia”. Según Mahía, en seguridad se sigue el camino del “gatillo fácil” y en educación se propone “desmontar todo lo que se ha hecho”. “Es un proyecto restaurador de centro derecha”, finalizó el legislador.

En tanto, la directora de Desarrollo Social de la Intendencia de Montevideo Fabiana Goyeneche (Casa Grande) opinó que se trata de una “ley de atropello que elimina libertades, restringe derechos y atenta contra la clase trabajadora”.

Ferreri cuestionó su "opacidad".

El subsecretario de Economía Pablo Ferreri cuestionó el proyecto de ley de urgente consideración por su “opacidad”. “Vemos que se elimina la obligatoriedad de medios electrónicos de pago para montos elevados y por otro lado se vuelve a las sociedades anónimas para la compra de tierras”, subrayó.

Por otro lado, consideró que la urgencia mostrada en desarmar la inclusión financiera “fomenta la informalidad” y la pérdida de derechos de los trabajadores. “No es el camino hacia un Uruguay mejor”, aseguró . En tanto, el diputado de Asamblea Uruguay Alfredo Asti dijo que “el borrador de la ley de urgencia, en lo que respecta a inclusión financiera, es peor de lo esperado e implica un misil en la linea de flotación en la lucha contra el lavado de activos, la evasión y la informalidad”.

Asimismo, el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto Álvaro García opinó que el proyecto en cuestión “debería haberse conocido antes de la elección. La forma urgente consideración es injustificable. Los contenidos los iremos analizando, pero en una primera mirada incluyen severos retrocesos en muchas áreas”.

Sindicatos cuestionan la iniciativa
Fernando Pereira, presidente del Pit-Cnt, con el candidato blanco, Luis Lacalle Pou. Foto: Francisco Flores

En el mundo sindical cuestionaron el anteproyecto de ley de urgente consideración que Lacalle Pou puso a consideración de sus socios de la coalición. Para el presidente del Pit-Cnt, Fernando Pereira, “resolver los temas legislativos de esta manera es construir una fábrica de conflictos. Cuando uno construye una fábrica de conflictos después los tiene que resolver”.

Para el dirigente sindical, el contenido de la ley debería generar “fuertes contradicciones en algunos de estos temas que están planteados”, comentó en rueda de prensa. Fuentes del Pit-Cnt informaron a El País que el Secretariado Ejecutivo se reunirá el próximo miércoles para comenzar el análisis del texto.

Por otro lado, en la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE), la dirigencia cuestionó el anteproyecto por ser “negativo” y “preocupante” para los funcionarios. Su presidente, Martín Pereira, señaló a El País que en la iniciativa se propone no reponer más del 20% de las vacantes del Estado y que se plantean demasiadas reestructuras en la Administración Central que “quedan abiertas” a diferentes incisos.

Representantes de COFE se reunirán la semana próxima con el ministro designado de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres y el futuro subsecretario Mario Arizti. Durante la campaña electoral del año pasado, COFE y Ernesto Talvi (el principal socio de la coalición de Lacalle) se enfrentaron por la propuesta del excandidato de no reponer las vacantes que se generen en el Estado. En otro orden, Gerardo Rodríguez, de la Federación de trabajadores de Ancap, dijo a El País que no sorprendió la medida del presidente electo Luis Lacalle Pou de incluir en el anteproyecto de ley de urgente consideración la “desmonopolización de la importación de combustibles”. El dirigente señaló que la iniciativa representa la expresión de “un proyecto político neoliberal”.

Por otro lado, en Fancap consideran que el documento “sienta las bases para la privatización de las empresas públicas” dado que “fortalece a la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea)” y la “va a utilizar como medio para avanzar en la privatización de Antel, UTE y en la desaparición de Ancap”. El sindicato de la petrolera estatal resolvió pasar el texto a estudio del área jurídica.

Se advierte que se acota la pluralidad de voces en gobernanza

La séptima parte del articulado del anteproyecto de ley de urgente consideración corresponde a la educación. Por eso, y porque en buena medida se busca una reforma de la gobernanza que afecta intereses de corporaciones, las críticas no se hicieron esperar. Pablo Caggiani, consejero de Primaria en representación de los docentes, fue uno de los primeros en advertir que “en educación el gobierno electo mintió a los uruguayos: se piensa destruir el sistema de primera infancia, se rompe la tradición de que se necesitan haber sido docente o parte de la ANEP para poder gobernar en la enseñanza y, sobre todo, hay un retroceso en las pluralidad de voces”.

Caggiani refiere a que su cargo, el que ostentará hasta febrero de 2021, desaparecerá tras la eliminación de los organismos desconcentrados de la ANEP. “No solo eso: en Formación en Educación, donde seguiría habiendo un consejo, se elimina la representación docente y la estudiantil”.

El docente, según Caggiani, “es de los más castigados: se habilita a que sea contratado por el director de la escuela, se permite que dos maestros de igual categoría y condiciones laborales tengan salarios diferentes según el proyecto de su director de turno, lo que pone en jaque la base de la negociación colectiva. Y, “como si fuera poco, se saca de la ley de Educación el pasaje en que se aclara que la educación no es un servicio lucrativo… ¿el gobierno entrante piensa que esto es un negocio?”.

La otra propuesta que generó irritación en la comunidad educativa fue el cambio de gobernanza del Instituto de Evaluación (Ineed). Los dos directivos que habían renunciado, el excolorado Oscar Ventura y el representante de Privados Pablo Cayota, coincidieron en que la propuesta “es un retroceso”.

Tres opiniones.

Ivonne PassadaSenadora del Frente Amplio
Ivonne Passada. Foto: Francisco Flores
Alienta opacidad

“La ley de urgente consideración tira abajo años de construcción colectiva. Alienta la opacidad con el desarme de la inclusión financiera. Propicia el gatillo fácil, ante todo, disparar. Trabajadores pierden derechos. Defenderemos cada conquista”.

Pablo Ferreri | Subsecretario de economía
Pablo Ferreri llegó a la reunión con Martínez. Foto: Darwin Borrelli
No parece urgente

“Una ley de urgente consideración es un instrumento para temas que sean justamente urgentes. No parece lógico que 457 artículos sean urgentes, y para muestra basta un botón: ¿la habilitación a hacer chorizos artesanales es urgente?”, preguntó.

daniel caggiani | DIPUTADO DEL MPP
Daniel Caggiani
Contra pobres

“Mano dura contra los pobres, la participación social y la protesta y mano blanda para ricos, los evasores, y los que realizarán negocios con el Estado. Primer capítulo del ‘nuevo orden’ que mediante un ley de urgente consideración pretenden imponernos”.

Reportar error
Enviado
Error
Reportar error
Temas relacionados
Max caracteres: 600 (pendientes: 600)