REPERCUSIONES JURÍDICAS

Penalistas advierten que el sistema puede "colapsar" con la ley de urgencia de Lacalle

Algunos abogados dicen que la ley de urgencia, cuyo borrador fue presentado el miércoles por el gobierno electo, traerá “inflación de juicios” y que las fiscalías no darán abasto.

Efectivos policiales en Montevideo. Foto: Francisco Flores
El anteproyecto otorga más potestades a los policías frente a los fiscales. Foto: Francisco Flores.

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Los grupos de WhatsApp de los abogados penalistas están muy activos en estas horas. En esas discusiones virtuales, sea desde la playa o desde el estudio jurídico, el tema excluyente es el texto del anteproyecto de ley de urgente consideración que en la noche del miércoles dio a conocer el presidente electo Luis Lacalle Pou y en particular el paquete de medidas que pretende dar un giro en la seguridad pública.

En esos grupos hay “peloteos”, opiniones a favor del texto y muchas en contra, contó a El País el abogado Gustavo Bordes, grado cuatro de la Universidad de la República, quien integra tres grupos distintos de discusión. “Allí casi todos estamos contestes en que el problema de la seguridad es grave en el país”, dijo Bordes.

Pese a eso, muchos penalistas son críticos con la reforma de Lacalle Pou, la cual -entre otras medidas- aumenta las penas, amplía la legítima defensa, establece el fin del régimen de libertades vigiladas, deroga la suspensión condicional del proceso y modifica el nuevo Código del Proceso Penal, por ejemplo con una limitación de los juicios abreviados por el cual el fiscal y el imputado hoy acuerdan una rebaja de la pena a cambio de que se admita la responsabilidad del delito.

Para el abogado Juan Fagúndez, las normas planteadas en el borrador “terminan de destruir la filosofía” del Código del Proceso Penal vigente desde noviembre de 2017. “El nuevo código pretendía construir áreas de composición del conflicto entre las partes, por ejemplo al imponer una pena en juicio abreviado en el cual la persona confiesa y ahorra al Estado un juicio largo, pesado y caro, donde tal vez no pudiesen encontrar las pruebas para la condena”, afirmó Fagúndez, en referencia a ese proceso abreviado que ahora solo se aplicaría a delitos con una pena máxima de tres años o de una pena no privativa de libertad.

“Son todos delitos de baja intensidad y hoy hay todo un elenco de delitos que ya no se deja llegar a acuerdos”, explicó. La consecuencia, a juicio de este abogado penalista de larga trayectoria, es que va a generar “inflación de juicios y va a hacer detonar el sistema que todavía no se termina de acomodar”. Y advirtió: “Van a tener que construir muchas cárceles porque se van a saturar y no prevén ese problema”.

La eliminación de la suspensión condicional del proceso -por la cual se llega a un acuerdo con el imputado si cumple ciertas condiciones, se clausura el proceso y se evita la prisión con el consentimiento de la víctima- es eliminar “la cuarta parte de filosofía del código; le sacan una pierna y medio brazo” porque “era fundamental” en delitos donde el autor “tuvo otra intención o quiso reparar el daño. “No está bien. Legislan con un claro mensaje, que la ciudadanía puede estar esperando, pero no era necesario quitar un instituto entero”, lamentó. Hoy las suspensiones condicionales del proceso rondan el 14% del total de formalizaciones, según dijo ayer el fiscal de Corte, Jorge Díaz.

Jorge Larrañaga se reunió con el Fiscal de Corte Jorge Díaz. Foto: Darwin Borrelli
Jorge Larrañaga se reunió con el Fiscal de Corte Jorge Díaz. Foto: Darwin Borrelli

En la misma línea, el abogado Diego Camaño -grado 3 de Derecho Penal de la Universidad de la República y miembro del Ielsur- contó a El País que quedó “sorprendido” con el texto porque por un lado se aumentan las penas, crean nuevos delitos, otorgan más facultades a la Policía y se habilita el patrullaje de militares retirados, pero al mismo tiempo “le quita herramientas a la Fiscalía, así como poder de negociación”.

Camaño se refirió a la eliminación de la suspensión condicional del proceso y la libertad vigilada, y la modificación del proceso abreviado. “¿Cómo en un paquete de medidas de endurecimiento de la respuesta penal, en el terreno procesal se quitan estas herramientas para mejorar la efectividad? Si se generan más juicios, la justicia penal va a colapsar, no va a poder funcionar. Hay un problema de diseño”, indicó el abogado, quien además está en contra del aumento de las penas porque entiende que no funciona. Y dijo que en todo caso habría que incorporar “miles de funcionarios a las fiscalías”.

También mencionó las normas sobre el uso masivo de tobilleras electrónicas, para otorgar salidas transitorias o prisión domiciliaria, lo que requeriría “un gasto enorme” del Estado. Camaño agregó que los policías tendrán más poderes y que eso genera “expectativas desmedidas” y también posibles abusos.

Bordes, en cambio, no está en contra de discutir aumento de penas en ciertos casos pero indicó que no ve “necesario ni aconsejable” el incremento para delitos de abusos sexuales. Además, rechaza la eliminación del régimen de libertades vigiladas y la suspensión del proceso: “No estoy de acuerdo en derogarlos”. El penalista cree que habría que reglamentarlos. “Capaz no está mal el instituto, pero sí el uso que se le da por la discrecionalidad con la que se aplica”, opinó.

El abogado Gumer Pérez, en tanto, advirtió que el proyecto implica una “hiperinflación legislativa” y “se legisla para la tribuna al grito de la sociedad que pide penas más altas”. Dijo que el artículo 21 sobre registro de personas o lugares habilita “caer en allanamientos encubiertos” sin conocimiento del fiscal o juez y consideró “gravísima” la eliminación de la defensa en el primer interrogatorio: “Todos tenemos derecho a tener un abogado al lado”.

El fiscal Jorge Díaz pedirá una entrevista a Lacalle Pou

El fiscal de Corte, Jorge Díaz, dijo ayer que hará “un estudio sistemático” del anteproyecto presentado ayer. “Sobre todo me preocupa y analizaremos en profundidad el impacto en el funcionamiento de la institución”, adelantó Díaz en ronda de prensa. “Lo que pretendemos es analizar si se necesitan más recursos humanos y materiales para su implementación, si hay que sugerir modificaciones”, indicó el fiscal de Corte, quien no quiso opinar sobre el texto sin tener la información completa. Díaz dijo que, una vez que tenga el informe en su poder, lo que supone se concretará la próxima semana, solicitar una entrevista al presidente electo Luis Lacalle Pou. En esa reunión le haría llegar el informe de la Fiscalía General de la Nación: “Queremos dar un planteo fundamentado y sugerir las soluciones o cambios que logren el fin deseado, eficaz y eficiente en el funcionamiento”.

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