La declaración nada menos que del presidente del Frente Amplio es la verbalización descarnada de una concepción del poder según la cual la verdad en política es totalmente irrelevante.

El canciller alemán planteó la necesidad de reforzar Europa. “Una Europa soberana es nuestra mejor respuesta a esta nueva era. Unir y reforzar Europa es nuestra prioridad absoluta hoy”.

Fue ostensible la voluntad del presidente Orsi de hablar en primera persona del singular: “Mi gobierno”, “Mi primer año de gestión”, etc. Pero ese afán se vio contradicho en los hechos.

No se puede vivir en una zona urbana con 3, 4 o 6 mil personas que cultivan un estilo de vida absolutamente incompatible con el del otro millón y medio con el que conviven en el mismo espacio.

Uruguay ha sido fuerte cuando entendió que la alternancia no es una guerra permanente, sino una oportunidad para sumar capas de progreso. Construir sin destruir debería ser la regla.

Los ritos de estos días nos recuerdan que las instituciones en un Estado de Derecho tienen sentido, garantizan nuestros derechos y libertades y nos consolidan como sociedad democrática.

Hay finalmente una diferencia radical entre ambos bloques políticos hoy en Uruguay, y refiere al convencimiento democrático republicano. El ejemplo de los plebiscitos es elocuente.

Este episodio de la rescisión unilateral del contrato con el astillero Cardama erosiona la credibilidad del Estado uruguayo como contraparte confiable en acuerdos internacionales.

Cuando se ve el sendero tomado por Argentina con Milei, la bifurcación que ha emprendido Uruguay se hace más evidente. Aquí nada hay que vaya a fondo en ninguna reforma.

Esta semana nos enteramos de dos perlitas sobre el manejo estatal del dinero público, de muy difícil digestión para quien produce riqueza y paga la fiesta burocrática.

La pregunta del millón (o de los mil millones) es por qué el gobierno mexicano logró ahora dar con el máximo capo de la droga, que es buscado con fervor por Estados Unidos desde hace años.

En ausencia de un rumbo claro en materia de desarrollo, el gobierno parece optar por refundaciones simbólicas que satisfacen a su base política, pero erosionan la sostenibilidad de largo plazo.