TRANSICIÓN

Huelga, fin del monopolio de Ancap y legítima defensa: los puntos clave de la ley de urgencia

El gobierno de Luis Lacalle Pou hizo público el borrador con 457 artículos divididos en 10 secciones: estas son las principales propuestas. 

Luis Lacalle Pou declaró sobreel borrador de la ley de urgente consideración. Foto: Marcelo Bonjour
Luis Lacalle Pou habló sobre el borrador de la ley de urgente consideración en la noche de este miércoles. Foto: Marcelo Bonjour

Luis Lacalle Pou hizo público el borrador de la ley de urgente consideración que impulsará en la próxima legislatura en la tarde de este miércoles. Tras reunirse con los líderes de los partidos miembros de la coalición multicolor, el presidente electo difundió el documento mediante sus redes sociales.

El documento, de 257 páginas y que incluye 457 artículos divididos en 10 secciones, fue presentado en la mañana del miércoles al resto de los líderes. Ahora serán evaluados por los socios de la coalición, que podrán realizar aportes y críticas a dicho texto. Guido Manini Ríos, Ernesto Talvi y Edgardo Novick dieron sus primeras impresiones tras el encuentro con Lacalle Pou.

Legítima defensa, la libre importación de combustibles y los cambios que se prevé hacer al sistema de seguridad social son algunos de los puntos que trata el documento divulgado este miércoles.

Seguridad

En la primera sección, referida a la seguridad pública, hay varias modificaciones a artículos del Código Penal. Además, se establecen nuevos delitos.

El articulado prevé sustituir el artículo 26, referido a la legítima defensa, y precisa en qué lugares de una casa se entiende que alguien que actúa presuntamente en legítima defensa quedaría exento de responsabilidad.

Además, agrega que se hallará exento de responsabilidad "aquel que, durante la noche, repele el ingreso de personas extrañas a un establecimiento que desarrolle actividad agraria en los términos establecidos 7 por el artículo 3 de la Ley N° 17.777, de 21 de mayo de 2004".

Lo mismo sucederá con "el funcionario de la Policía Nacional o de la Prefectura Nacional Naval o del Ministerio de Defensa Nacional que, en ocasión o con motivo del cumplimiento de sus funciones, repele una agresión física o armada contra él o un tercero, empleando las armas o cualquier otro medio de coacción, en forma racional, proporcional y progresiva, y agotando en forma previa los medios disuasivos que tenga a su alcance, sin perjuicio de la prueba en contrario".

También incluye al "personal de las Fuerzas Armadas que, en ocasión o con motivo del cumplimiento de las tareas encomendadas por la Ley N° 19.677, de 26 de octubre de 2019, repele una agresión física o armada contra él o un tercero, empleando las armas o cualquier otro medio de coacción, en forma racional, proporcional y progresiva, y agotando en forma previa los medios disuasivos que tenga a su alcance, sin perjuicio de la prueba en contrario".

Por otro lado sustituye el artículo 312 del Código Penal. Allí se establecen las condiciones para aplicar una "pena de penitenciaría de quince a treinta años" respecto a un homicidio, donde suman "trabajador de la seguridad privada", además del "funcionario policial, juez o fiscal", preexistentes.

Este articulado suma el delito de "resistencia al arresto", que implica: "El que, al recibir orden de detención de parte de una autoridad pública competente, ejerciera resistencia física al arresto o huyera del lugar para impedirlo, será castigado con una pena de seis meses de prisión a tres años de penitenciaría. Con la misma pena será castigado el que intentará impedir la detención de otra persona, oponiendo resistencia física, obstruyendo la acción de la autoridad, o facilitara su fuga.”

En tanto, se agrega el artículo 197 BIS, que llaman "Circunstancia agravante de encubrimiento", el cual señala: "Se considerará circunstancia agravante el encubrimiento que refiera a cualquiera de los delitos previstos por el Decreto Ley N° 14.294, de 31 de octubre de 1974 y sus modificativas (Estupefacientes) y en los delitos previstos en los artículos 344 (Rapiña), 344 BIS (Rapiña con privación de libertad. 10 Copamiento), artículo 346 (Secuestro) o artículo 350 BIS (Receptación), del Código Penal, siendo en estos casos aumentada la pena en un tercio.”

Por otro lado, se indica: “El que intencionalmente destruyere, deteriorare o de cualquier manera inutilizare en todo o en parte alguna cosa mueble o inmueble, de los establecimientos o instalaciones del Instituto Nacional de Rehabilitación, será castigado con una pena de doce meses de prisión a tres años de penitenciaría.” .

En tanto, agrega: “El que obstaculice, menosprecie, ofenda, atente, desobedezca, agravie, lesione, arroje objetos, amenace o menoscabe a un funcionario policial, en ejercicio de su función o en itínere, será castigado con una pena de 3 meses a 12 meses prisión. Son aplicables a este delito, las agravantes previstas en los incisos 2, 4 y 5 del artículo 172.”

Además, sustituye el artículo 14 de la Ley Nº 19.120, referido a la "ocupación indebida de espacios públicos", donde elimina la cantidad de advertencias necesarias "por parte de la autoridad municipal o policial correspondiente" (dos hasta el momento) para aplicar la sanción de siete a 30 días de prestación de trabajo comunitario. Agrega que "siempre que se constaten las conductas referidas, la persona será trasladada a una dependencia del Ministerio de Desarrollo Social a los efectos de que se recabe su identidad, se le ofrezca una alternativa adecuada a su situación y se dé cuenta al Juez competente.”

En tanto, el articulado prevé cambios en uno de los artículos más sensibles del Código Penal, que refiere a los delitos sexuales. En la sustitución del artículo 272, referido a la violación, se agrega una causal: "Mediante abuso de las relaciones domésticas. Este delito se castiga, según los casos, con penitenciaría de cuatro a dieciséis años.”

Además, prevé cambiar la pena para el delito de abuso sexual, contenido en el artículo 272 BIS, donde la pena pasa del actual "ocho meses de prisión a seis años de penitenciaría" a un castigo de "tres a doce años de penitenciaría".

En el caso del abuso sexual especialmente agravado, comprendido en el artículo 272 TER, se prevé sustituirlo, incrementando la pena de "nunca inferior a dos años de penitenciaría" a "una pena de cuatro a dieciséis años de penitenciaría.”

El documento se refiere al caso de rotura de "pulseras electrónicas, tobilleras electrónicas o dispositivos similares". En los casos de "retiro no autorizado o la destrucción intencional, total o parcial, del medio o dispositivo de control electrónico por parte de la persona que deba portarlo o de un tercero será castigado con una pena de diez meses a dieciocho meses de prisión y con 20 UR (veinte unidades reajustables) a 900 UR (novecientas unidades reajustables) de multa". Larrañaga adelantó el miércoles pasado que iba a crear un delito específico para estos casos porque el previsto de desacato y daños no se aplicaba con frecuencia.

Además, se propone sustituir el artículo 91 de la ley 17.823, que refiere a la duración de las medidas de privación de libertad para niños y adolescentes: se prevé pasar de cinco a diez años la duración máxima.

El borrador también indica que si se roba un arma de fuego la pena mínima será de dos años de penitenciaría. Si el arma pertenece a un integrante de la Policía o de la Fuerzas Armadas, la pena se elevará a un mínimo de tres años.

Como adelantó Larrañaga días atrás, se crea la Dirección Nacional de la Seguridad Rural, para combatir los delitos rurales, como el abigeato. Esta es "una unidad policial cuyos cometidos son el diseño, la coordinación, la ejecución, y la evaluación de las políticas de seguridad en el medio rural, coadyuvando a la toma de decisiones estratégicas en materia de seguridad pública. La mencionada unidad estará a cargo de un Director, el que será designado por el Poder Ejecutivo como cargo de particular confianza.”

Otro de los puntos es que se permitirá que "personal policial en situación de retiro del sub escalafón ejecutivo, tendrá el derecho de portar arma, la que deberá ser inscripta en un registro especial que se llevará en cada Jefatura de Policía Departamental, correspondiente al domicilio habitual del Policía retirado que opte por este derecho, sin más trámite".

Además, dice que en "casos especiales, el Ministerio del Interior, por razones fundadas, podrá extender este derecho al personal policial en situación de retiro, de otros sub escalafones."

En el Capítulo VIII se puntualiza sobre la ley de derribo para proteger la soberanía aérea. El proceso que se realizará al detectar aeronaves no autorizadas o no identificadas que sobrevuelen el espacio aéreo uruguayo consta de cuatro etapas, siendo la última la “neutralización definitiva de la amenaza, mediante orden emanada del presidente de la República”.

Los tres primeros escalones serán “indagación, interceptación y persuasión”. De no obedecer ninguna de estas medidas, el presidente de la República podrá autorizar el derribo. “Previo a ello, se deberá comunicar por radio dicha autorización a la aeronave, y cumplir las acciones finales de advertencia que indiquen en forma inequívoca la acción inminente a seguir”, aclara el artículo 83.

El Poder Ejecutivo, bajo la coordinación de la Presidencia de la República y los Ministerios de Defensa Nacional e Interior, elaborará un protocolo de acción a seguir en estos casos.

El borrador prevé modificar la aplicación del juicio abreviado, que implica un arreglo entre la Fiscalía y el imputado con su defensa, mecanismo que introdujo el nuevo CPP para fijar una condena. Actualmente, se aplica el proceso abreviado para hechos con una "pena mínima no superior a seis años de penitenciaría o de una pena de otra naturaleza". En tanto, ahora este proyecto de ley indica que se podrá aplicar juicio abreviado cuando se juzguen hechos con una" pena máxima de tres años de penitenciaría o de una pena no privativa de libertad". 

Economía y empresas públicas

En cuanto a la inclusión financiera, el proyecto plantea la eliminación de la obligatoriedad de pagos de las remuneraciones en instituciones de intermediación financiera de los empleados dependientes y el pago de honorarios profesionales.

Lo mismo sucede con el pago las prestaciones de alimentación y los pagos que deba realizar el Estado a proveedores de bienes o servicios. A su vez, establece que las transacciones entre particulares pueden realizarse mediante la modalidad que acuerden las partes.

Luego, en el artículo 184 de la sección, se plantea la derogación de los artículos 17, 35, 36, 36 BIS, 37, 38, 39, 40, 41, 41 BIS, 43, 44 y 46 de la Ley N° 19.210 de inclusión financiera de 29 de abril de 2014 y “sus modificativas, así como toda otra norma que se oponga a la presente ley”.

En el capítulo IV del borrador plantea la desmonopolización de actividades en el sector hidrocarburos. En el artículo 192 se establece que el monopolio de la “importación, exportación y refinación de petróleo crudo y derivados del mismo establecidos a favor del Estado y gestionados por la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland (ANCAP)” dejaría de existir.

Planta de Ancap vista desde una altura. Foto: Gerardo Pérez
El monopolio de Ancap dejaría de existir. Foto: Gerardo Pérez

A su vez, propone que la prestación de dichas actividades se ejerza “en los términos y condiciones dispuestos por la reglamentación que a los efectos dictará el Poder Ejecutivo, con el asesoramiento preceptivo de la Unidad Reguladora de los Servicios de Energía y Agua (URSEA)”.

Por último, en relación al punto anterior, establece que ANCAP “podrá constituir una sociedad comercial la cual actuará bajo los mecanismos de contralor regulados en la presente ley para las sociedades anónimas con participación de Entes Autónomos y Servicios Descentralizados del dominio industrial y comercial del Estado”.

El borrador de la ley también prevé la creación de una regla fiscal que “abarcará a la Administración Central y a las entidades estatales comprendidas en el artículo 220 de la Constitución de la República”.

Luego, en el artículo 171, se establece que esta será “complementada con un tope de incremento anual de gasto real vinculado al crecimiento potencial de la economía”.

En cuanto la metodología para calcular el resultado estructural, esta será establecida por el Ministerio de Economía y Finanzas.

A su vez, el anteproyecto prevé que, con la “finalidad de fortalecer la institucionalidad fiscal, el Poder Ejecutivo, a iniciativa del Ministerio de Economía y Finanzas, podrá crear un Comité de Expertos” con el fin de “proveer los insumos para realizar los cálculos del balance estructural”. Además, “podrá crear un Consejo Fiscal 98 Asesor a los efectos de asesorar al Ministro de Economía y Finanzas en materia de política fiscal”.

Asimismo, plantea que no podrá aumentarse el gasto público proyectado por el Poder Ejecutivo en las respectivas instancias presupuestales, sea en el proyecto de ley de Presupuesto Nacional o en los proyectos de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal.

Dentro del capítulo VI denominado Modificación del régimen jurídico de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (URSEC) se establecen algunos puntos relacionados al uso de Internet. Por ejemplo, en el artículo 214 se plantea el derecho a la desconexión digital.

Esto significa que los trabajadores “tendrán derecho a la desconexión digital en su tiempo de descanso y de licencia, a fin de garantizar su intimidad personal y familiar”. En la misma línea, dice que “las modalidades de ejercicio de este derechos atenderán a la naturaleza y al objeto de la relación laboral”.

A su vez, en el mismo artículo se hace referencia a la utilización y difusión de imágenes o información personal de los menores en las redes sociales y medios digitales. Con respecto a esto, se determina que los padres, madres, tutores, curadores o representantes legales deberán atender a que no atenten “contra sus derechos humanos”.

Relaciones laborales

En el artículo 349 se hace referencia al derecho a huelga, uno de los temas que generó polémica durante la campaña de Lacalle Pou.

En el borrador se declara que las medidas de huelga deben ejercerse de forma pacífica, no perturbar el orden público y asegurar la libertad de trabajo de quienes no participen, además de garantizar “el derecho de la dirección a ingresar en los locales de la empresa”. El Poder Ejecutivo tendrá la potestad de imponer restricciones a las medidas de huelga si no cumplen esas condiciones.

Este artículo acabaría con la concepción -que prima actualmente- de la ocupación como una extensión del derecho a huelga.

En el borrador  se plantea crear una “comisión de expertos” en la órbita del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que tendrá entre sus cometidos “analizar fortalezas y debilidades de los diversos regímenes previsionales”, es decir del régimen que administra el Banco de Previsión Social (BPS) y también de las cajas paraestatales. También deberá “analizar los impactos de la dinámica demográfica y los procesos de automatización en curso en el mercado de trabajo y sus efectos en el sistema previsional; y examinar experiencias internacionales pertinentes”, previéndose incluso la formación de un “comité internacional de expertos”.

Fachada del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Foto: Archivo El País
Se plantea crear una “comisión de expertos” en la órbita del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Foto: Archivo El País

El trabajo de los expertos culminará con la formulación de “recomendaciones de opciones de reforma de los regímenes previsionales, teniendo presente, entre otros aspectos que correspondan a juicio de los expertos”, estas variables: la necesidad de brindar razonable seguridad de ingresos, mediante esquemas de base contributiva y no contributiva con adecuado financiamiento; la sustentabilidad de mediano y largo plazo; los sesgos generacionales que pudieren existir o resultar de las propuestas, valorando su adecuación al contexto demográfico, social y económico; y el establecimiento de períodos de transición”. 

Esta comisión, que atenderá el tema de la seguridad social, estará compuesta por quince miembros designados por el Poder Ejecutivo, previa venia de la Cámara de Senadores.

También en el proyecto se establecen plazos para el trabajo de la comisión: antes de diciembre de 2020 deberá presentar “un informe de diagnóstico preliminar” y a diciembre de 2021 “un informe con recomendaciones”.

Vivienda

El primer capítulo de la novena sección propone en su artículo 400 la creación de un órgano denominado Dirección Nacional de Integración Social y Urbana para que funcione de forma desconcentrada del Ministerio de Vivienda. Sus competencias se detallan en el artículo 401 y se refieren específicamente a herramientas para trabajar sobre los asentamientos irregulares, a la implementación de programas barriales, a la venta, urbanización y administración de inmuebles, así como a rescindir unilateralmente los contratos o convenios en caso de incumplimiento de las obligaciones.

Por otra parte este órgano también se encargará de llevar un registro actualizado de todos los inmuebles públicos en desuso para que sean aptos para viviendas y a recibir información de toda donación, disposición testamentaria o legado que implique la adjudicación de inmuebles en beneficio del Estado.

Al respecto se menciona en el artículo 405 que los bienes inmuebles tanto urbanos como suburbanos que sea propiedad de las entidades estatales de la Administración Central y de los Entes Autónomos y de los Servicios Descentralizados, que estén vacíos o sin uso, serán transferidos “de pleno derecho y pasarán a ser administrados por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, con destino a la gestión de los cometidos asignados a la Dirección Nacional de Integración Social y Urbana”.

El artículo 403 por otra parte declara de utilidad pública “la expropiación por parte del Poder Ejecutivo o de los Gobiernos Departamentales, según corresponda, de los bienes inmuebles necesarios para el cumplimiento de las competencias atribuidas a la Dirección Nacional de Integración Social y Urbana por la presente ley”.

Este capítulo también sugiere modificaciones al Código General del Proceso en referencia a las herencias y a la ley 16.170.

El segundo capítulo está referido al régimen de arrendamiento sin garantía y va desde el artículo 409 al 446. Lo primero que se menciona es que esta ley de urgente consideración regulará los bienes inmuebles en caso de cumplir con ciertas condiciones: que el destino del inmueble sea una casa habitación, que no tenga garantías de ninguna naturaliza a favor del trabajador, que el contrato se extienda por escrito y que indique el plazo y el precio del arriendo y que las partes acuerden someterse a esta ley.

En el artículo 414 se hace referencia a las acciones que pueden habilitar un desalojo del arrendatario, como por ejemplo si se trata de un inmueble expropiado, si se encuentra en estado ruinoso o si se trata de un “mal pagador”. Respecto a este último punto se aclara que lo mismo ocurrirá en caso de que pasados dos meses el arrendatario genera una deuda por tributos nacionales, municipales, gastos comunes o cualquier otro servicio accesorio.

Al respecto de los desalojos se da el procedimiento detallado para efectuar el desalojo por un lado para los malos pagadores y por el otro para los buenos pagadores que ya cumplieron el plazo establecido en el contrato.

A su vez se detallan los pasos a seguir en caso de una entrega anticipada. Finalmente, el último capítulo de esta sección se refiere a una ampliación del ámbito de actuación de la Comisión Honoraria Pro Erradicación de la Vivienda Rural Insalubre (Mevir). En este caso se propone una modificación del artículo 393 de la Ley N° 18.362, específicamente en lo que refiere al marco de actuación de la comisión.

En este caso pasará de actuar en “la zona rural del departamento de Montevideo en la modalidad de Unidades Productivas” al “departamento de Montevideo y a los centros poblados del interior del país, en coordinación con el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente”.

Otras disposiciones 

En la última sección del borrador que se presentó este miércoles se hace referencia a la implementación de la portabilidad numérica. Esto, según se explica en el artículo 452, es la posibilidad de que el usuario pueda conservar su número telefónico “sin deterioro de la calidad y confiabilidad” cuando cambie de operador. A su vez, la URSEC deberá conformar un Comité de Portabilidad Numérica.

Esta sección arranca con la declaración de ilegítimos de los piquetes “realizados en espacios públicos o privados que afecten la libre circulación de personas, bienes o servicios”. Para ello, en el artículo 449 del borrador se indica: “Facúltase al uso de la fuerza pública para disolver los piquetes a los que refiere el artículo anterior”.

Dentro de la sección X también se hace referencia a la adecuación de la regularidad constitucional de la ley de medios. Una de las modificaciones a la ley n° 19.307 es la derogación del inciso primero del artículo 56. Allí se establece: “Las personas físicas o jurídicas que presten servicios de comunicación audiovisual regulados por la presente ley no podrán, a su vez, prestar servicios de telecomunicaciones de telefonía o de transmisión de datos. Esta incompatibilidad alcanza a las personas, físicas o jurídicas, integrantes de las personas jurídicas involucradas”.

A su vez, el proyecto propone la derogación que limita la cantidad de suscriptores de servicios de televisión para abonados.

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