Los 10 temas de 2025 elegidos por Qué Pasa: de las estafas al picudo rojo, derechos del fútbol, Cardama y los narcos

Pasó de todo en 2025. El año en el que el poder narco mostró su fuerza. El año de Conexión Ganadera y otras estafas. Del picudo rojo. De Cardama. Y podríamos seguir. En esta edición elegimos 10 temas relevantes de 2025 y repasamos informes y crónicas con los que en su momento elegimos abordar cada uno de esos asuntos. Porque Qué Pasa, una sección de periodismo de investigación y crónicas, también pone el foco en los temas de agenda para intentar explicarlos al lector. La lista quizás es injusta y hay otros tantos asuntos que podrían haber sido incluidos: la muerte de Mujica, la violencia doméstica, Temu, Bielsa y la clasificación a un nuevo Mundial. También el Bicentenario o la requisitoria con la que el MEC pretendió que este diario le informada las fuentes que filtraron un expediente sobre un complejo caso de acoso en el Sodre; algo sobre lo cual no había antecedentes en Uruguay.

El 2025 comenzó con la confirmación del brutal derrumbe de los llamados fondos ganaderos. El primero en caer había sido el Grupo Larrarte, después vino República Ganadera, le siguió Conexión Ganadera, y finalmente Portfolio Ganadero. Entre todos, dejaron un tendal de más de seis mil inversores afectados y pérdidas de cientos de millones de dólares.

Foto: Leonardo Mainé.

Desde enero pasado, las fiscalías de delitos económicos y de lavado de activos están a tope con estos casos, que se sumaron a otras causas resonadas como las estafas bursátiles, otras relacionadas a la vidriosa inversión en criptomonedas y la caída del brillante negocio del empresario inmobiliario Juan Balsa con sus barrios privados. ¿Qué tenían en común? En todos los casos, los negocios se sellaban con el aliciente de una fuerte confianza de los clientes hacia los directores de los distintos negocios.

El atractivo de los fondos ganaderos se basaba en el ofrecimiento de invertir en ganado a cambio de una jugosa rentabilidad (que iba del 8%al 11%, según el escritorio), mediante el engorde o cría del animal y su posterior venta. Pero en los hechos, en todos los casos el esquema terminaba asimilándose bastante más a un préstamo con un interés a tasa fija, desacoplado de la operativa productiva o ganadera. Con los vaivenes del rubro ganadero, la única manera de sostener ese alto interés era financiarlo a través del flujo de nuevos ingresos, en un típico esquema piramidal.

Avanzada la investigación de la fiscalía, se constató que además de producirse una estafa también se realizó un lavado de millones de dólares, para el que fueron utilizadas otras sociedades cercanas y empresas señaladas como “satélites”, convertidas en tomadores de ganado. ¿Qué tanto sabían estos otros implicados de la operación? Esto se está averiguando, pero ya se sabe que tras la feria judicial se anunciarán nuevas imputaciones de otros involucrados en las maniobras que se sumarán a los tres socios de Conexión Ganadera que ya están formalizados. Pablo Carrasco y su esposa Ana Iewdiukow están en prisión preventiva, mientras que Daniela Cabral, viuda de Gustavo Basso —quien se suicidó en noviembre de 2024—, cumple arresto domiciliario.

Además, recientemente fueron denunciadas las dos hijas de Basso y el marido de una de estas por presuntamente haber cobrado una deuda que habían declarado impaga en la justicia concursal. Los abogados de decenas de víctimas de la empresa que presentaron la denuncia creen que podría configurar delitos de lavado de activos, encubrimiento y asistencia al lavado.

Foto: Leonardo Mainé.

Por otro lado, unos días atrás el fiscal de lavado Enrique Rodríguez presentó la acusación contra Sara Goldring, excorredora bursátil al frente de las firmas Custodia de Valores Mobiliarios (CVM) y United Brokers Agente de Valores. Pidió la pena máxima por el delito de apropiación indebida (cuatro años de prisión) y que se le decomisen varios millones de dólares que la imputada tiene en cuentas de Estados Unidos. En esta causa también se dio en los últimos días un cruce judicial entre la abogada de algunos damnificados y la Liga de Defensa Comercial (Lideco, que está encargada de la liquidación de la firma CVM). La abogada Patricia Regules denunció por abuso de funciones a algunas figuras clave de Lideco y al directorio del Banco Central.

La causa de los barrios privados de Juan Balsa tuvo novedades dispares. Algunos grupos con procesos concursales tienen encaminados acuerdos, pero los de La Carlotta, que quedaron por fuera, acaban de presentar una denuncia penal contra Balsa y quienes fueron sus socios, los argentinos de Grupo Vientos.

Foto: Estefanía Leal

Nadie sabe con certeza cómo llegó el picudo rojo a Uruguay. Pero hoy esa pregunta perdió relevancia frente a una amenaza que avanza sin pausa. La plaga ya se expandió a ocho departamentos del país, su población se multiplica de forma acelerada y el impacto sobre las palmeras es devastador: el insecto las perfora desde adentro hasta provocar su muerte.

Ante este escenario, el gobierno y las intendencias comenzaron a desplegar una batería de medidas para intentar frenar su avance y, sobre todo, evitar que alcance los palmares de Rocha, uno de los ecosistemas más emblemáticos del país. En paralelo, se instaló una discusión sobre si la reacción fue tardía, luego de que la presencia del picudo rojo se detectara por primera vez en 2022.

“Recibimos al primer turista indeseado de la temporada”, resumió el 6 de diciembre el intendente de Rocha, Alejo Umpiérrez, al confirmar que el insecto había sido detectado en ese departamento. Por ahora lo que se sabe es que el primer espécimen apareció en una trampa dispuesta por el Ministerio de Ganadería en Laguna Garzón.

El avance del picudo rojo no es solo un problema ambiental: también se transformó en un asunto político. El ministro de Ganadería, Alfredo Fratti, reconoció que al inicio se subestimó la amenaza. “Se pensó que no iba a tener la dimensión que está alcanzando”, admitió. Durante el invierno pasado el gobierno puso en marcha un plan interinstitucional. El trabajo, coordinado por el Ministerio de Ambiente, involucra a varios organismos del Estado, la academia y la sociedad civil, y derivó en la creación del Comité de Especies Exóticas Invasoras. Una de las herramientas usadas es un “cordón sanitario” o “cortafuegos”, que busca interrumpir los corredores biológicos formados por palmeras a lo largo de las rutas nacionales y antiguas vías de tren, para frenar o enlentecer la expansión del insecto, con el que —admiten las autoridades— habrá que “aprender a convivir” porque llegó para quedarse.

Mientras tanto, la plaga deja su marca en rutas, centros educativos, parques, viveros y espacios públicos. Cada palmera que muere no es solo una pérdida botánica: también se pierde una historia que forma parte del paisaje cultural del país.

En Montevideo, el impacto es visible en muchas calles. La intendencia anunció la extracción de ejemplares afectados en distintos puntos de la ciudad, como Bulevar Artigas y el Prado, e informó en noviembre pasado que el plan incluye el retiro de unas 500 palmeras en el menor tiempo posible.

“Son foco de propagación”, explicó la comuna, que también implementará tratamientos diferenciados, con endoterapia y duchas foliares. El plan está en proceso.

De la misma forma, otras intendencias y el Ministerio de Transporte vienen talando y retirando las palmeras muertas, ya que representan un riesgo biológico pero también porque pueden caer sobre personas o vehículos.

Pero la plaga avanza. Y con ella, la urgencia de una respuesta que aún busca equilibrio entre la ciencia, la política y el tiempo que se agota. El picudo fue, sin duda, uno de los personajes de 2025.

Foto: Carla Bonilla; Estudio Cervieri Monsuarez.

Puede sonar exagerado pero 2025 fue el año en el que, finalmente, muchos se percataron en Uruguay del poder del narcotráfico, quelogró meterse en la casa de la fiscal de Corte Mónica Ferrero y le envió una fuerte señal. El crimen organizado ya no solo es culpable de un aumento de la violencia y los homicidios en muchos barrios, también puede llegar a causar atentados de la peor especie, como sucede en México o Colombia.

Los delincuentes dispararon en tres ocasiones hacia la casa: dos tiros en una ventana y uno en la puerta. También explotaron una granada militar. Todo indica que no la quisieron matar. Pero el final pudo haber sido otro.

La Policía no ha logrado dar con los autores intelectuales del hecho pero se sospecha del narcotráfico, ya que Ferrero fue fiscal de Estupefacientes.

Aquel domingo 28 de setiembre, unas 12 horas después del atentado, el ministro Carlos Negro dio una conferencia donde dijo que Ferrero “ya conoce” y “sabe cuáles son las estrategias de los grupos criminales y del narcotráfico para tratar de impedir que el Estado cumpla con su función”. También habló de “patrones comunes entre este episodio y otros que son protagonizados, quizás, por algunas personas que pueden llegar a repetirse”. La propia fiscal había dicho en el Parlamento, unas semanas antes del atentado en el fondo de su casa: “Tengo a los narcos al lado haciéndome todo tipo de señas de muerte y sin embargo sigo adelante”.

Desde el primer momento la Policía puso foco en el Penal de Libertad, donde hicieron requisas de varias celdas e incautaron celulares, tal como publicó El País. Entre ellas, en las de Víctor Albín (hermano de Luis Fernando Fernández Albín) y Pablo Suárez (hermano de Luis Alberto “Betito” Suárez). Ambas familias son señaladas por las autoridades como grupos criminales poderosos con base en el Cerro de Montevideo.

Foto: Ministerio del Interior.

Luis Fernando Fernández Albín fue formalizado la semana pasada por los delitos de organización de las actividades del narcotráfico, contrabando y lavado de activos.

Esto en el marco de una investigación relacionada a 2.000 kilos de cocaína hallados en Punta Espinillo, no por el atentado a la fiscal de Corte.

Sin embargo, se sospecha que trabaja en sociedad con Sebastián Marset en el envío de grandes cargamentos de droga. Y que, si bien no ha sido probado, podría estar atrás del ataque a Ferrero. Sobre él, el “Flaco” Fernández Albín y su familia, escribimos un largo perfil en Qué Pasa. ¿Es el nuevo zar de la droga en Uruguay?

Foto: Darwin Borrelli.

Es posible que la noticia más importante para el fútbol uruguayo en 2025 no haya estado dentro de una cancha: por primera vez se puso verdaderamente en discusión la continuidad del contrato de los derechos de televisión que ostentaba Tenfield desde 1998. Y, después de muchas idas y vueltas, la AUF llevó adelante una licitación donde la empresa de Francisco Casal tenía la opción de igualar las mejores propuestas en cada área. Y llegaron ofertas millonarias para el empobrecido fútbol local.

Según anunció el presidente de la AUF, Ignacio Alonso, el ingreso ahora será de 67.547.000 dólares por año por todos los lotes licitados, lo que hace un total de 270.188.000 dólares de 2026 a 2029. A esos montos hay que restarle los costos, que se ubican entre los seis y siete millones, más dos millones para el fútbol amateur y femenino entre otros, por lo que la cifra libre rondaría los 59 millones.

“Ustedes me disculparán la expresión, pero nos genera una gran alegría a todos quienes integramos el fútbol uruguayo”, dijo Alonso el 4 de diciembre. Es el gran ganador de la disputa por los derechos.

Tenfield se quedó con cuatro de las ocho licitaciones, al activar la cláusula de igualación por el streaming y la producción audiovisual. Ya se había quedado con el lote de publicidad y merchandising y con la producción comercial. Ya no tendrá los derechos para el cable y la TV abierta, que pasan a manos de Torneos-Directv. Son nuevas épocas.

Foto: Leonardo Mainé.

Foto: Leonardo Mainé.

La sequía extrema de 2023 dejó al descubierto la fragilidad del sistema: Montevideo y buena parte del área metropolitana abrió sus canillas y salía agua salada. Con ese antecedente reciente, el nuevo gobierno heredó una decisión clave: definir si avanzaba o no con la construcción de una nueva planta potabilizadora que tomaría agua del Río de la Plata. Era, sin duda, una de las principales medidas a tomar en los primeros meses de gestión. Se trataba del megaproyecto Neptuno, ya adjudicado a un consorcio de empresas privadas.

El Frente Amplio cuestionaba su conveniencia, mientras que desde la academia se advertían riesgos ambientales y persistían dudas sobre la calidad del agua a potabilizar, en particular por su nivel de salinidad.

La obra tenía un costo estimado de 294 millones de dólares y estaba diseñada para producir 200.000 metros cúbicos de agua potable por día. Según el modelo financiero acordado, los pagos del Estado alcanzarían los 890 millones de dólares en total.

Tras revisar los términos del contrato, el gobierno de Yamandú Orsi resolvió descartar el proyecto promovido durante el gobierno de Luis Lacalle Pou y optar por una estrategia distinta. La alternativa elegida es la represa de Casupá, en el departamento de Florida.

Foto: Ignacio Sánchez.

Pero antes de eso, ya se definió que se construirá una nueva planta potabilizadora sobre la cuenca del río Santa Lucía, con una capacidad de producción de 200.000 metros cúbicos diarios, conectada a la infraestructura existente en Aguas Corrientes. Esta construcción estará a cargo del mismo consorcio de empresas privadas que iba a hacer Arazatí, tal como fue acordado.

El objetivo desde hace años es aumentar la reserva de agua dulce del sur del país, que hoy asciende a unos 85 millones de metros cúbicos: 67 millones en Paso Severino y 18 en Canelón Grande, una reserva que durante la sequía de 2023 quedó completamente seca.

Foto Archivo El País.

El día del homenaje por la muerte del expresidente José Mujica, en un clima atravesado por la emoción y el dolor, una intervención del secretario de Presidencia, Alejandro “Pacha” Sánchez, abrió una polémica que aún no se apaga. Sus palabras pusieron en el centro de la escena la compra de un campo por parte del Instituto Nacional de Colonización (INC) y reavivaron el debate sobre la política de tierras del Estado.

La operación en cuestión fue la adquisición de la estancia María Dolores, un predio de unas 4.400 hectáreas ubicado en Florida, por un monto de 32,5 millones de dólares. El objetivo del INC era instalar allí una nueva colonia destinada a productores lecheros en un punto clave de la cuenca. Sin embargo, los cuestionamientos no tardaron en aparecer. El primero en alzar la voz fue el senador nacionalista Sebastián Da Silva, quien puso en duda la legitimidad de la compra. Da Silva señaló que “lo primero que salta a la vista” es el monto de la inversión. “Es una estancia enorme, y estamos hablando de muchísima plata para una operación de estas características”, denunció.

Las críticas no se limitaron al precio ni a las características del campo. También apuntaron a la situación personal del entonces presidente del INC, Eduardo Viera, por su condición de colono. Para la oposición, esa doble condición resultaba incompatible con el cargo que ocupaba. Luego de semanas en el ojo público, Viera optó por renunciar a su cargo.

El senador del MPP Sebastián Sabini fue uno de los que defendió la compra. “Van a estar en contra de todo lo que hagamos y de cómo lo hagamos”, dijo, en referencia a los sectores políticos que, según él, nunca creyeron en el INC.

Es que volvió a instalarse con fuerza la discusión de fondo sobre Colonización como herramienta para sostener a los productores familiares en el medio rural y evitar así su expulsión del campo.

Foto: Gabriel Porfilio

Las conferencias de prensa a la hora de los informativos centrales de la televisión, después de las siete de la tarde, fueron un sello del gobierno de Luis Lacalle Pou. Y un recurso que pocas veces usó esta administración. Una de las contadísimas ocasiones fue el 22 de octubre, cuando comparecieron en Torre Ejecutiva el presidente Yamandú Orsi, el secretario de Presidencia Alejandro Sánchez y el prosecretario Jorge Díaz. Fue la primera vez en la que los tres dieron juntos una conferencia. El tema, la compra de dos patrulleras oceánicas al astillero español Cardama, concretada durante el período anterior. Allí anunciaron que el gobierno había decidido ejecutar la garantía debido a incumplimientos en la actualización de la propia garantía, y que al hacerlo se encontró con indicios de fraude y estafa, al constatar que Eurocommerce, entidad que entregó ese aval, podría ser “una empresa de papel”. El presidente habló poco esa noche. Más bien leyó: “Decidí iniciar acciones para rescindir el contrato con Cardama”, arrancó, y luego reveló que presentarían una denuncia ante la Justicia. Díaz se encargó de las explicaciones técnicas.

Es curioso: quizás las dos decisiones más trascendentes del gobierno en los primeros nueve meses pasaron por dar marcha atrás con medidas de la administración anterior: Cardama es un caso y Arazatí el otro. Las dos veces los anuncios se hicieron en conferencias en Torre Ejecutiva. Para la oposición se trata de una estrategia para “destruir” las decisiones del gobierno de Lacalle Pou.

La novela aún no ha terminado pero esta semana se supo que el gobierno suspenderá el pago a Cardama hasta que haya una resolución judicial. Y que presentó una ampliación de la denuncia: una pericia que concluyó que la firma digital de la garantía es calcada. Pero la última noticia la publicó El País el viernes: la empresa está dispuesta a entablar una demanda civil contra el Estado uruguayo.

Foto: Presidencia.

Termina el año en el que regresó la izquierda al poder, tras un período de gobierno de la coalición. Y la comparación con los cinco años anteriores es inevitable. El estilo del presidente Luis Lacalle Pou era de un perfil muy alto: un gobierno con su figura bien en el centro. Se sabía que Yamandú Orsi cultivaba un perfil distinto pero había expectativas sobre cómo se mostraría: una cosa era el Orsi candidato, que hablaba poco, parecía hasta que se ocultaba, y otra el presidente. Y, nueve meses después, se puede afirmar que sus apariciones han generado polémica. La oposición ha cuestionado algo así como cierta tibieza en su discurso, marchas y contramarchas, e incluso confesiones inusuales como cuando dijo a los periodistas que no sabía que habían matado a un policía. También algunos dicen que quien gobierna realmente es Alejandro “Pacha” Sánchez, el secretario de Presidencia, quien ha tenido que salir a “traducir” lo afirmado por el presidente; eso sucedió por ejemplo cuando Orsi se refirió al gobierno de Bukele semanas atrás y dijo que era un ejemplo a analizar.

Pero el propio Orsi puso su estilo en debate hace unos días en un almuerzo de ADM: admitió que “capaz que algunas de las noticias más importantes con respecto a la figura del presidente han sido la cantidad de tropiezos discursivos o torpezas”. Y deslizó que lo suyo era una estrategia: un presidente que se muestra sincero. “Lo voy a seguir haciendo, y les adelanto a los editores, que hoy va a ser un gran porrazo discursivo porque así va a ser mi tónica de acá a cinco años adelante (…) Se explica porque mi vocación docente tiene eso. Lo políticamente correcto, confieso, me tiene un poco cansado. Voy a ser yo mismo y decir lo que pienso una y otra vez (...) Me gusta provocar discusión y a veces la discusión empieza cuando uno plantea lo que verdaderamente piensa”.

Pero, más allá del perfil del presidente, una de las grandes dudas era la gobernabilidad, dado que esta vez el Frente Amplio llegaba sin mayorías parlamentarias al menos en la Cámara de Diputados, donde al final Cabildo Abierto resultó un (¿impensado?) aliado.

La agenda de reformas en lo previo parecía menos ambiciosa que en el ciclo progresista anterior, donde entre otras se planteó la reforma tributaria y de la salud y se creó el Mides durante los primeros cinco años de Tabaré Vázquez.

Pero el gobierno logró aprobar la ley de Presupuesto, y no es poca cosa. La sanción fue por 82 votos a favor y solo 17 en contra en la Cámara de Diputados.

¿Y qué pasa con el gabinete? En esta misma sección publicamos hace algunas semanas un análisis de los tres ministros políticos: aquellos de plena confianza del presidente y que conforman la columna vertebral del gobierno. Se trata de figuras sin trayectoria previa en la política partidaria: Gabriel Oddone (Economía), Carlos Negro (Interior) y Mario Lubetkin (Cancillería). De ellos tres, Oddone se ha consolidado como una figura clave.

Y por último están los integrantes del gobierno que debieron abandonar sus cargos. El caso más sonado fue el de la ministra Cecilia Cairo, quien renunció a un mes y medio de haber asumido, tras conocerse por un informe del programa La Pecera que no había regularizado la casa en la que vivía y que no había pagado durante dos décadas Contribución y Primaria. Otros tambalearon pero no cayeron: el presidente de ASSE Álvaro Danza y el director de OPP, Rodrigo Arim.

Foto: Juan Manuel Ramos.

No fue solo el frío, también los problemas de convivencia entre vecinos y personas en situación de calle dejaron en evidencia que la problemática además de haberse acentuado, había cambiado. Una crónica de Qué Pasa reveló en marzo cómo la Plaza de los Bomberos se había convertido en un dormitorio. En el corazón del Centro pasaba de todo, de venta de droga a consumo desenfrenado, comerciantes ahora convertidos en adictos, dueños de negocios que se reconocían perdiendo la solidaridad, que no sabían ya cómo lidiar con personas salidas de la cárcel que les ofrecían protección por dinero, que se peleaban con cuchillos. A comienzos de junio, cuando la crueldad del frío ya se hacía sentir,otra crónica contó quiénes son los que se suben al ómnibus que conduce a los refugios: había todo tipo de historias, incluso de trabajadores que habían quedado circunstancialmente sin un techo. Unos días después, se registraron los primeros fallecimientos de personas durmiendo en la intemperie.

El invierno ya mostraba picos gélidos y en Qué Pasadetallamos cómo el sinhogarismo se había propagado por todos los departamentos del país. En el interior el problema se había agudizado, en algunos casos duplicando a esta población, los cupos en los refugios estaban a tope y en algunas localidades, donde nunca habían vivido algo igual, tuvieron que improvisar. Ante el panorama y bajo la presión de las temperaturas implacables, el Mides sumó al despliegue de su fortalecido Plan de Invierno la declaración de una alerta pública de nivel rojo. Duró 99 días, durante los cuales se ocuparon 266.969 plazas en todo el país.

QUÉ PASA

Crónica: dos semanas en Plaza de los Bomberos

Durante dos semanas Qué Pasa recorrió la Plaza de los Bomberos. Entrevistó a comerciantes y a vecinos, a los que van allí a ayudar llevando ropa, comida, música y cortes de pelo a quienes duermen y pasan el día. Registró historias de personas que terminaron pernoctando en sus bancos, cargando una maleta; otros que buscan una moneda, o venden droga, o la consumen. Todo esto conviviendo con liceales que van a pasar el rato, vecinos que pasean a sus perros, madres que toman el sol con sus bebés.

Foto: Estefanía Leal.

Foto: Prensa de Bolivia.

La historia del excura uruguayo Juan José Sant’Anna era poco conocida en Salto, la ciudad donde nació y luego permaneció oculto en la casa de sus padres durante más de 17 años, escapado de la Justicia de Bolivia. Se dejaba ver muy poco. Salía cada tanto, de noche, a dar una vuelta por la costanera. Circulaba apenas un rumor de lo que había pasado en Bolivia, donde fue ordenado sacerdote en 2005 y dos años después lo denunciaron por abusar sexualmente de unos 30 niños que tenía bajo su cuidado, en un internado religioso que él dirigía.

Los presuntos abusos habrían sucedido en Tapacarí, una provincia rural del departamento de Cochabamba; una zona aislada y empobrecida. En el internado se alojaban, educaban y comían más de 120 niños y niñas, todos ellos provenientes de familias muy vulnerables y en algunos casos huérfanos.

En Tapacarí, el padre Juanjo era conocido por jugar bien al fútbol. Los niños lo admiraban por eso. Tras descubrir sus supuestos abusos, el arzobispado abrió una investigación interna y después avisó al organismo que debía fiscalizar que en el internado se respetaran los derechos de los niños (pero no lo hacía por falta de locomoción). Pasaron 20 días hasta que hicieron la denuncia ante las autoridades. En ese interín, Sant’Anna huyó. Vino a Salto, se refugió en la casa de sus padres y ahí se quedó con su secreto.

Foto: Erick Ortega.

En Bolivia, la Justicia inició un juicio. Sant’Anna ignoró todas las citaciones. Ante la ausencia, fue declarado rebelde, congelando así el proceso hasta que lo hallaran y lo aprehendieran.

Aunque en 2010 un periodista lo encontró en Uruguay, e Interpol contaba con su localización, y después en 2023 otro periodista también lo encontró en el mismo lugar, Bolivia no pidió su captura. En el juzgado seguía figurando “paradero desconocido”. Recién reaccionó en setiembre de 2025, tras un informe de esta sección. Pidió su captura y solicitó la extradición, que fue negada por un juez de Uruguay debido a que el delito acá está prescrito.