Cambios en jubilaciones, impuesto al 1% más rico y plan en seguridad: los debates pendientes para Orsi en 2026

El 2025 fue el año del retorno del Frente Amplio al gobierno: el año en que, liderada por Yamandú Orsi, la izquierda asumió nuevamente el poder tras un período en el llano, aunque esta vez sin una mayoría absoluta en el Parlamento y con una agenda que muchos han descrito como menos ambiciosa que en el ciclo progresista anterior.

En línea con lo planteado en la campaña, el primero de los cinco años del período estuvo lejos de tener un ritmo arrollador, pero cumplió con algunos hitos clave, como la aprobación de la ley de Presupuesto —que será refrendado por Diputados esta semana— y permitirá al gobierno tener pronta su hoja de ruta.

El 2026 traerá consigo algunas discusiones importantes que pueden marcar lo que resta del período.

Será, por ejemplo, el año en que se presenten los resultados de los dos grandes “diálogos” convocados por el gobierno: el diálogo de la seguridad social y el de la seguridad pública, dos áreas sensibles para el electorado.

Y también promete debates por el lado de la política tributaria, con los grupos más a la izquierda intentando aumentar los aportes de los sectores más pudientes, ante la resistencia del núcleo duro del gobierno.

Mientras que esas discusiones expondrán visiones encontradas entre los principales polos del Frente Amplio, otros temas podrían profundizar la discusión con la oposición, como el destino de algunas inversiones, desde la represa de Casupá hasta los buques de Cardama.

Una de las iniciativas que ha avanzado sin grandes ruidos pero que tomará fuerza a partir de 2026 es una de las que generó más debate durante la última campaña electoral, y que expuso diferencias sustantivas en el arco de la izquierda.

Hablamos del diálogo sobre el sistema de protección social, que abarca desde reformas al régimen de jubilaciones y pensiones hasta políticas de cuidados y primera infancia.

Tal como estaba comprometido en campaña, el gobierno de Orsi dispuso la instalación de un “diálogo social” liderado por el Poder Ejecutivo y con la participación de organismos estatales, organizaciones sociales, sindicatos, cámaras empresariales, la academia y los partidos políticos, con el objetivo de pasar en limpio los acuerdos y desacuerdos y luego elaborar una serie de recomendaciones en distintas áreas.

Foto: Estefanía Leal

El inicio de este proceso, en julio de este año, estuvo envuelto en polémica tras la negativa de los partidos de la oposición (excepto Cabildo Abierto) a participar, por una combinación de argumentos que iban desde la representatividad de los partidos políticos en la comisión —frente a organizaciones de la sociedad civil— hasta la afirmación de que el tema había quedado supuestamente laudado por el plebiscito de octubre de 2024, con el rechazo a la papeleta impulsada por el Pit-Cnt y parte del Frente Amplio.

Desde su lanzamiento, el Diálogo Social inició una primera etapa de seminarios, audiencias y recepción de aportes hasta hace unos pocos días, cuando se dio paso a una segunda etapa, de sistematización de las iniciativas y de discusión primaria de cada una de ellas.

“Tuvimos más de 30 conversatorios en todo el país, 67 audiencias con organizaciones e instituciones que presentaron propuestas, tuvimos también ocho seminarios con los ejes temáticos, y también recibimos más de 50 aportes a través de la plataforma participativa”, dice a El País el coordinador del Diálogo Social, el economista Hugo Bai. “Pensábamos pasar inmediatamente a la etapa de discusión y construcción de acuerdos, pero fue tan productiva esta etapa de aportes que nos llevó algunas semanas de procesar y sistematizar toda esa información”.

El gran mojón se dará en el segundo trimestre de 2026 (la fecha estipulada es el 30 de abril, con posibilidad de prórroga de 45 días), cuando la Comisión Ejecutiva presente al Poder Ejecutivo su documento final.

Francisco Flores/Archivo El Pais

En estos últimos días, según dice Bai, ya comenzó la “discusión primaria” con miras a definir los acuerdos y desacuerdos. “En principio estos acuerdos o intercambios pretenden ser con un carácter más general. A medida que el proceso avance, intentaremos llegar a propuestas algo más específicas”, dice Bai.

Desde el gobierno se ha enfatizado en que el diálogo social no implicaba instancias de votación sino de discusión y ordenamiento de distintas propuestas, aunque los partidos de la oposición adujeron que el predominio de organizaciones cercanas a la izquierda sesgaba un debate que debía tener como centro al Parlamento y su correlación de fuerzas.

Según Bai, más allá de unas pautas generales, la dinámica de la discusión también se irá definiendo “sobre la marcha” en función de los niveles de acuerdo. “Si percibimos que en algún tema hay una visión mayoritaria y otra muy minoritaria, se puede dejar constancia de eso”, ejemplifica el coordinador, y explica que es “difícil evaluar los acuerdos en medio del proceso”.

“El resultado de los acuerdos va a estar al final del proceso. En ese documento final uno va a poder identificar con claridad, sobre cada uno de los ejes, quiénes estuvieron de acuerdo y quiénes en contra. La idea es tratar de vislumbrar todo el paquete en conjunto, porque también puede haber alguna cosa que uno diga: yo llevo esto si aquel lleva esto otro. Hay todo un manejo que solo se podrá evaluar al final. Puede haber algún acercamiento más sobre la base de negociaciones o concesiones. Eso forma parte del juego en el que estamos”, sostiene Bai.

Según el coordinador, “cada uno de los actores irá con sus líneas rojas”. “Nosotros como gobierno las tenemos. Sobre esas cosas uno no va a transar y eventualmente no formará parte de un consenso. Pero hay otros elementos con los que se puede jugar para tratar de acercar a las partes, en temas que sabemos que hay algunos matices o diferencias. Pero empezar a adelantar posibles acuerdos o desacuerdos distorsionaría la discusión”.

Para el gobierno, algunas de las claves pasan por el cumplimiento de los compromisos de campaña y la sostenibilidad del sistema. Respecto a lo primero, el Frente Amplio se comprometió a revisar la edad de jubilación, que pasó de 60 a 65 en la reforma del gobierno de Luis Lacalle Pou, equiparar las jubilaciones mínimas al salario mínimo nacional para el final del período e introducir algunos cambios menores en el régimen de afiliación de las AFAP.

Foto: Leonardo Mainé

Pero en cada uno de esos puntos también existen miradas muy disímiles dentro de la izquierda.

Algunos sectores han promovido directamente la eliminación de las AFAP (algo que fracasó en el plebiscito y quedó descartado del menú, pero sigue formando parte del discurso de parte de la izquierda) e insistirán para que la edad de jubilación se lleve nuevamente a los 60 años, tal como establece el programa del Frente Amplio (que habla de "generar las condiciones para el acceso a la jubilación a los 60 años de edad").

Pero en el gobierno, y especialmente el equipo económico, plantean cambios más graduales en ese tema, estableciendo un abanico más abarcativo de excepciones al aumento de la edad y flexibilizando las condiciones para el retiro.

Otros aspectos, por ejemplo el nivel de "lucro" de las AFAP, han sido objeto de propuestas más ambiguas e incluso existen distintas interpretaciones en la izquierda respecto a lo que significa lo expresado en su propio programa (allí se habla de un pilar de "ahorro no lucrativo").

Las AFAP, por su parte, también plantearon sus propuestas ante la Comisión Ejecutiva del Diálogo Social. Una de ellas fue la de ampliar las posibilidades de inversión de las administradoras en el exterior, algo que —según señalaron— podría elevar las prestaciones promedio en el entorno de un 20%. Una propuesta de ese tipo estaba contemplada en el proyecto de reforma del anterior gobierno, pero no prosperó por el rechazo de Cabildo Abierto.

La mayoría de los cambios que se promueven necesitan pasar por el Parlamento, y allí el Frente Amplio necesita dos votos en la Cámara de Diputados para alcanzar la mayoría. Cabildo Abierto, con dos votos en Diputados, es el único partido además del Frente Amplio que integra la Comisión Ejecutiva del Diálogo Social.

Otro capítulo que promete intensos debates, especialmente puertas adentro del oficialismo, es el impositivo. Si bien el equipo económico pretendía cerrar las discusiones tributarias con los impuestos incluidos en la ley de Presupuesto, el Pit-Cnt y algunos sectores del Frente Amplio no tienen previsto tirar la toalla y continuarán su batalla por el “impuesto al 1% más rico”.

El Poder Ejecutivo liderado por Orsi ha dejado en claro que eso no está en sus planes —más allá de que el presidente dijo que está bien “analizarlo”—, pero eso no impide que otros actores continúen en su reclamo por cambios más profundos.

Foto: Archivo El País

En un contexto de limitaciones presupuestales, los sectores más a la izquierda del Frente Amplio entienden que es atinado echar mano a los sectores más pudientes. En el equipo económico —tal cual lo han expresado tanto el ministro Gabriel Oddone como el subsecretario Martín Vallcorba— creen que un cambio de esas características podría afectar las inversiones e incluso la propia recaudación. Los jerarcas han dicho que a su juicio, el Impuesto Mínimo Global introducido en la ley de Presupuesto ya era un guiño hacia los reclamos de aportes “de los que más capacidad contributiva tienen”.

Pero el debate no está zanjado, y algunos en el Frente evalúan que la paz interna que predominó en la discusión presupuestal en estos primeros meses de gobierno podría mutar, en posteriores rendiciones de cuentas, en una disputa más álgida por el modelo económico.

A fines de noviembre, el Pit-Cnt presentó públicamente una propuesta para aplicar una sobretasa al Impuesto al Patrimonio del 1% más rico del país, con el argumento de que de esa forma se podrían financiar políticas de combate a la pobreza infantil.

Orsi insistió en su idea de que la hoja de ruta del gobierno era la fijada en la ley de Presupuesto, aunque agregó que “hay que seguir analizando esos temas”. “No nos negamos a seguir analizando ni lo que planteen los trabajadores organizados en su Pit-Cnt, como corresponde, tampoco lo que nos plantean las gremiales empresariales”, sostuvo Orsi, quien de todas formas manifestó que “hay una responsabilidad como gobierno”.

El presidente Yamandú Orsi y el ministro de Economía y Finanzas Gabriel Oddone. Foto: Darwin Borrelli.

En ambos bandos —pro y anti impuesto— entienden que la discusión continuará en los meses que siguen, ya sea debatiendo específicamente la propuesta del Pit-Cnt, o introduciendo su idea central —el aumento de la carga contributiva— en otros proyectos o debates, como la de la seguridad social.

Desde una óptica política, el debate impositivo es uno de los parteaguas en el Frente Amplio entre los sectores más “oficialistas” dentro del gobierno de Orsi —empezando por el MPP— y otros como el Partido Comunista y el Partido Socialista, que procuran influir en su agenda.

El gobierno de Orsi también recurrió al mecanismo del diálogo para definir la hoja de ruta en el principal tema de preocupación de los uruguayos: la seguridad pública. Y los primeros resultados de ese diálogo, al igual que con la seguridad social, también quedan pendientes para comienzos de 2026.

En marzo, más precisamente, el gobierno presentará el Plan Nacional de Seguridad Pública, que incluirá una serie de propuestas para corto y mediano plazo en siete ejes: homicidios, narcotráfico, control de armas, prevención de la violencia, sistema de justicia, violencia basada en género y ciberdelitos.

Foto: Ignacio Sánchez.

Los Encuentros por Seguridad estuvieron coordinados por el sociólogo Emiliano Rojido, asesor del Ministerio del Interior, y contaron con la participación de los partidos políticos, aunque desde la oposición —en especial el Partido Nacional y el Partido Colorado— han sido críticos de las formas elegidas por el gobierno, y reclamaron una impronta más “política” en esos encuentros.

Desde la oposición cuestionan al gobierno una “falta de urgencia” en materia de seguridad, mientras que el ministro del Interior, Carlos Negro, se ha defendido señalando que la elaboración de un plan a mediano plazo no impidió ejercer el mando de la seguridad en el primer año del período.

Las propuestas estudiadas en los últimos meses, a instancias de las distintas organizaciones que participaron de los encuentros, son muy diversas:van desde modificaciones institucionales, un uso más intensivo de la tecnología, intervenciones urbanas en los barrios más violentos, una mayor coordinación con los guardias privados, el establecimiento de cupos penitenciarios, una regulación más estricta de las armas y cambios en la lógica de las comisarías.

Este lunes el Ministerio del Interior presentará públicamente un resumen de las propuestas y las discusiones, e iniciará un proceso de depuración que derivará en la elaboración del plan, a presentarse en marzo.

Con las propuestas definidas en negro sobre blanco, llegará el momento de la discusión política de cara a la implementación de cada medida. En función de lo que ha sido el discurso de las autoridades del Ministerio del Interior, la hoja de ruta del gobierno es dejar por el camino la receta basada en aumento de penas, mayor presencia policial y crecimiento de la población carcelaria.

Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

Pero en el Frente Amplio reconocen que la realidad —y la evolución del delito— también marcará la impronta del debate.

También a partir de marzo está prevista la implementación del plan “Más Barrio”, una iniciativa en conjunto entre los ministerios del Interior y de Vivienda, y que apunta a intervenciones de infraestructura, seguridad y participación comunitaria en barrios que concentran altos índices de criminalidad.

Otro punto que el gobierno pretende avanzar —pero que decidió dejar por fuera de la discusión presupuestal— es la transformación del Instituto Nacional de Rehabilitación en un servicio descentralizado. Se trata de una iniciativa que cuenta con amplios apoyos en el sistema político, aunque existían matices respecto a qué ministerio debería ser la referencia para su vinculación con el Poder Ejecutivo. El Ministerio del Interior ya tiene pronto el proyecto de ley, que será enviado al Parlamento a la brevedad.