No son iguales los unos a los otros. Están los que operaban bajo una estricta regulación, los que aprovechaban “zonas grises” que nadie quiso inspeccionar, los que lo hacían en la máxima informalidad, ajenos a todo control. Los hay desde negocios ruinosos hasta estafas urdidas de principio a fin; desde clientes millonarios con sus portafolios diversificados hasta trabajadores que juntaron peso a peso y lo confiaron todo en un solo lugar. Pero entre todos ellos, un hilo en común: inversores que de un momento para otro vieron desaparecer sus ahorros, embarcados ahora en la lucha cuesta arriba por rescatar algo de lo que muchos dan por perdido.

El derrumbe de los “fondos ganaderos” en los últimos meses no solo desnudó una historia de fraudes y falsas promesas, sino que engrosó la larga lista de quiebras de emprendimientos que captaban inversiones en los rubros más variados: desde los ladrillos hasta las acciones de la bolsa, desde las vacas a las criptomonedas, millones de dólares se esfumaron en los últimos años en Uruguay.

¿Cuáles son las semejanzas y las diferencias entre cada caso? ¿Qué perspectivas de recuperación hay en cada uno?

El descalabro de los fondos ganaderos ha sido el que marcó la agenda en las últimas semanas. Primero Grupo Larrarte, luego República Ganadera y finalmente Conexión Ganadera cayeron como fichas de un dominó dejando por el camino a más de 6 mil inversores, y con pérdidas de cientos de millones de dólares.

En resumidas cuentas, este tipo de fondos ofrecían a sus clientes la posibilidad de invertir en ganado a cambio de una rentabilidad que, supuestamente, surgía del engorde o cría del animal y su posterior venta. Al menos en los papeles —y exceptuando otras modalidades en las que directamente se captaba la capitalización para el engorde de animales que seguían siendo propiedad de un productor—, el ganado oficiaba como una especie de “garantía” de la inversión.

Fernando Ponzetto/Archivo El Pais

Pero en los hechos, en todos los casos el esquema terminaba asimilándose bastante más a un préstamo con un interés a tasa fija, desacoplado de la operativa productiva o ganadera. Con los vaivenes del rubro ganadero, la única manera de sostener ese alto interés era financiarlo a través del flujo de nuevos ingresos, en un típico esquema piramidal. Pero así como el origen de cada una de estas empresas no era exactamente la misma, tampoco lo es el camino hacia adelante.

Larrarte, el más pequeño de los tres con unos 500 inversores, declaró pérdidas en el entorno de los 10 millones de dólares. La empresa liderada por Jairo Larrarte ofrecía la rentabilidad más alta (un 11%) y fue la primera que prendió las alarmas en el sector, luego de que inversores constataran que su ganado no estaba y denunciaran a su responsable por estafa. Entró en concurso en noviembre, y hasta este 6 de febrero los acreedores tenían plazo para verificar sus créditos. Según fuentes del rubro consultadas para este informe, ya hay indicios de que han ido a verificar “menos acreedores” de los que en principio corresponderían. Aunque el contador Alfredo Ciavattone, síndico designado para Larrarte, señala que todavía es prematuro dar un número del porcentaje de inversores que se presentaron en regla para reclamar.

Archivo El País

A ese caso le siguió rápidamente el de República Ganadera, que ofrecía contratos a dos o tres años con intereses de entre 8% y 9%. Esta segunda empresa contaba con más de 1000 inversores y declaró que sus deudas ascendían a unos 80 millones de dólares. Las autoridades de la empresa han insistido en buscar un acuerdo que permita a los acreedores hacerse de los activos a través de un fideicomiso de administración y recuperar el capital en un plazo de ocho a 10 años, pero hay opiniones divididas sobre la viabilidad de esa salida. Esta semana se descartó la vía del Acuerdo Privado de Reorganización (APR) y la empresa optó en cambio por solicitar el concurso y buscar un acuerdo en ese marco.

Juan Pablo Decia, abogado de inversores perjudicados por los tres fondos ganaderos, reconoce que los responsables de República Ganadera han hecho esfuerzos por plantear alternativas pero señala que “las respuestas y la información que dan hasta ahora han sido poco alentadoras”. Tanto en Larrarte como en República Ganadera, los inversores se han encontrado con menos ganado del que correspondería.

En Conexión Ganadera ese tortuoso proceso recién comienza, y el panorama tampoco luce especialmente alentador. Luego de que se diera un pantallazo inicial de las monumentales deudas (400 millones de dólares) y los posibles activos a cobrar (unos 150 millones), en los últimos días se avanzó en el camino hacia el concurso necesario, que tendrá también a Ciavattone como interventor.

Lo que seguirá, una vez que la empresa se allane al concurso, es la verificación de los créditos de cada inversor, un proceso no exento de obstáculos. En los últimos días, el contador Ricardo Giovio —contratado para hacer un análisis de la situación— informó a los inversores que a su juicio “mucha gente no va a poder verificar” sus créditos, sea porque pagaron en efectivo o porque no puedan justificar el origen de sus fondos. Pero incluso quienes sí lo hagan van a tener complicaciones si es que quisieran “liquidar” individualmente sus activos.

Foto: Gustavo Basso

“Hoy todos los profesionales saben que el contrato de Bono Ganadero —aquel que se supone que da las mejores garantías al inversor en cuanto que le da la propiedad del ganado— tiene sus problemas”, escribió Ghiovio. “Primero define al dador como dueño del ganado; después dice que el objeto del contrato es devolverle los dólares que puso más la tasa pactada y ahí claramente el dador es acreedor; y termina diciendo que los ganados que se mueren no son responsabilidad del dador. Se trata al dador como dueño del ganado y acreedor a la vez, dos sombreros que claramente no pueden coexistir nunca”.

Su interpretación fue compartida en los últimos días por Ricardo Olivera, catedrático de Derecho Comercial y autor de la última ley de concurso. “Yo vi una cantidad de contratos de Conexión Ganadera y considero que, más allá de la diversidad de los contratos, todos tienen una causa jurídica única. Cuando yo le doy dinero y usted se compromete a devolvérmelo en el futuro, más una tasa de interés determinada, en realidad eso no es ni un contrato de administración de ganado, ni de capitalización de ganado. Se trata de un contrato de préstamo, puro y simple”, dijo en entrevista con La Mañana. “En mi opinión no hay acreedores tipo A y tipo B, sino que hay un solo tipo de acreedor, o sea, aquel que tiene derecho a que le devuelvan el importe colocado más el interés”, afirmó.

Foto: Archivo El País

De prosperar esta “biblioteca”, los activos en ganado deberían liquidarse de forma prorrateada o explotarse de forma común en un eventual nuevo emprendimiento. Pero mientras eso se define, el principal desafío es el mantenimiento del ganado. A diferencia de los otros casos de proyectos de inversión truncos, los activos en disputa son seres vivos que precisan alimentos, vacunas e higiene.

“El ‘ni una cosa ni la otra’ es muy perjudicial, porque pasa el tiempo, todo queda en el limbo, y las vacas se mueren”, resume una fuente del rubro.

Uno de los atractivos de la inversión “en ladrillos” es su supuesta seguridad, pero no es una máxima infalible. Diez meses después de que Juan Balsa comunicara el derrumbe de su exitoso negocio, detuviera las obras en los barrios privados La Juana y Pilar de los Horneros II, declarara deudas por 65 millones de dólares y solicitara el concurso de acreedores para tres de los cuatro proyectos que tenía entre manos, la explicación de cómo se llegó a este punto y dónde está el dinero sigue siendo una interrogante para las decenas de compradores perjudicados.

Algunos destacan que “por lo menos no se borró”, mientras que a muchos les desconcierta su comportamiento. Es usual verlo en la zona, almorzando en el mall que es de su propiedad. A los perjudicados les dijo que se había desentendido de la operativa diaria y que había entrado en una estructura demasiado grande y costosa hasta que se le habían ido las cuentas de las manos, pero insistió en que llegarían a un acuerdo para terminar las construcciones. Balsa también asiste a las asiduas asambleas del barrio La Juana, en el que aún tiene terrenos.

Foto: Leo Mainé.

Los compradores se dividen entre los que mantienen con él una relación cordial apelando al pragmatismo y los que querrían “apuñalarlo”. Pero ambos apoyaron la cancelación de los servicios de administración y mantenimiento que también brindaba la firma Balsa en los sectores ya habitados. Su antigua oficina —con sillones valuados en 10 mil dólares, arrojó el inventario; donde asiduamente su equipo celebraba festines a base de sushi— se desmontó y ahora es un centro estético. Balsa y unos pocos empleados trabajan en un contenedor apostado en la entrada de Pilar II con vista al paisaje más afectado del proyecto. En el terreno donde a esta altura debía haber 20 viviendas terminadas, apenas se percibe algún esqueleto de material que aguanta erguido el maltrato del viento y del sol y de las lluvias.

Desde su modesto despacho, Balsa busca una solución para los distintos concursos que enfrenta, supervisado por el síndico de la Liga de Defensa Comercial, Fernando Cabrera. Los damnificados son muchos y sus situaciones distintas. En un corte grueso, el grupo de La Juana —Chamery S.A.— se aglomeró bajo el patrocinio del abogado Alfredo Ciavattone y el de Pilar II —Desarrollo Verde SAS— es representado por Andrés Supervielle. La negociación viene siendo ardua y cargada de emociones, cuentan.

En Pilar II hay 56 casas en mayor o menor medida construidas cuyos propietarios ya habitan el barrio y tienen diferentes reclamos. Aunque se presentaron al concurso, no fueron incluidos en el acuerdo. Por lo menos 16 de ellos plantean que Balsa mantiene una deuda de 30 mil dólares con cada unidad.

—Yo le compré un proyecto, no una calle de pedregullo; le compré rejas, iluminación, otra entrada, la casa revestida y eso nos falta, pero nos dicen que no podemos reclamarlo. Nos tiraron para el costado —acusa un propietario.

Este grupo presentó una de las tantas impugnaciones que analiza la Justicia.

En el mismo barrio, pasando la delimitación de una malla verde “está Sarajevo”, describe uno de los 20 propietarios de Pilar II apodados “los sin casa”. Son los compradores que invirtieron montos que varían de 75 mil dólares a 380 mil por una vivienda que la firma no llegó a construir. Este grupo aspira a salirse del concurso, descartando la oferta de Balsa de pagarles el 50% de la deuda en ocho cuotas anuales, comenzando en octubre de 2026. “Hoy la situación es que tienen una promesa de compraventa donde vos le pagaste algo pero todavía le debés plata a Balsa y él a su vez te tiene que construir”, explica Supervielle.

Foto: Leo Mainé.

“Los sin casa” de Pilar II le propusieron a Balsa un acuerdo en el que ambas partes se consideran al día y la entrega por parte del deudor de un terreno con una casa —que estaba prometida a Canal 12— y algunos materiales. Balsa aceptó. Y ahora esperan el aval de la jueza para avanzar a la segunda parte el plan: la construcción de las casas, por su cuenta.

Para eso analizan cotizaciones. Considerando los miles de dólares que perdieron, los presupuestos les resultan astronómicos. Con el fin de reducir los costos, acordaron eliminar las piscinas y los paneles solares de los planos y estuvieron a punto de quitar los roperos. “Pero uno dijo ‘no’, y los roperos quedaron como el límite”, cuenta una fuente. La cifra más conveniente supone un pago por propiedad de 420 mil dólares.

A pesar del desembolso, salirse del concurso con el título en mano y así ahorrar tiempo les parece el mejor camino. Este asunto también está a estudio de la jueza María Constanza Farfalla. Es que, aunque “está el run run de que va a pagar”, muchos se preguntan de dónde va a salir todo este dinero. Hay quienes creen que la llave está en La Carlotta, el proyecto financiado por argentinos en el que tiene 45% de las acciones y que se mantiene afuera del concurso.

En los convenios concursales “las certezas de pago no existen”, reconoce Ciavattone. Lo cierto es que pueden ser el mal menor ya que en términos generales “los acuerdos terminan siendo más beneficiosos que las liquidaciones”, agrega. Ciavattone representa a más de 50 compradores del barrio La Juana a los que Balsa no les construyó la casa pero en este ínterin sí les escrituró los terrenos y en algún caso les quedó un crédito a favor en el concurso, confirma el síndico.

Foto: Balsa y Asociados.

La Juana tiene un coqueto portal de ingreso recientemente inaugurado, en un gesto de Balsa que algunos interpretan como una señal de compromiso con el devenir de sus frustrados proyectos. Pero más allá de esta entrada, con la obra anulada la mitad del barrio “es un baldío”. Para los que se quedaron sin casa el futuro más temido es el de la liquidación, porque en ese escenario los prominentes compradores quedarían detrás de los créditos privilegiados —desde hipotecas, pasando por los cientos de trabajadores despedidos, hasta las deudas con el BPS y la DGI—, lo que les dejaría muy poco.

A este grupo Balsa les propuso saldar el 50% de la deuda en seis cuotas anuales, a partir de diciembre de 2026. “Aunque no es lo más favorable para los clientes, es mejor que una liquidación”, señala el abogado. Por mayoría, el acuerdo se aceptó. Hace pocos días, un par de compradores de La Juana pusieron su terreno con avance de obra a la venta. Piden 130 mil y 170 mil dólares. “Dada la reputación del barrio suena a mucho”, dice un afectado, pero otra forma de verlo es que el hueco que dejó Balsa está en el corazón del conglomerado de barrios privados que siguen construyéndose en Canelones. Es posible que algún día el desolado paisaje cambie, “aunque sea para que los de los barrios nuevos no tengan vista a nuestro agujero negro”.

Así como en el campo florecieron los esquemas piramidales, y Balsa fue un ejemplo de insolvencia en el rubro inmobiliario, la bolsa no estuvo ajena a los negocios ruinosos y delictivos, a pesar de la regulación financiera. El caso más sonado fue el de Sara Goldring y su corredora de bolsa Custodia de Valores Mobiliarios (CVM), que en junio de 2022 anunció pérdidas en el entorno de los 100 millones de dólares que afectaban a unos 400 inversores, en su mayoría de poder adquisitivo alto o medio alto. Goldring sostuvo que la pérdida se debió al desplome del Nasdaq y su impacto en su cartera de inversiones con “perfil agresivo”, pero en los meses posteriores se constató que CVM ocultó información a sus clientes y utilizó dinero de cuentas individuales para “tapar” pérdidas de otros.

Como con Conexión Ganadera, los inversores depositaban toda su confianza en Goldring, a quien le firmaban contratos de libre administración de sus cuentas. “Ella se encargaba. Yo nunca entraba a revisar las cuentas”, señaló una de las damnificadas. De todas formas, esa libre administración tampoco debía implicar un cheque en blanco que permitiera licuar las cuentas en fondos comunes.

La discrecionalidad es otro de los elementos que emparenta el caso Goldring con los fondos ganaderos: ambos utilizaron el dinero de los inversores para movimientos no previstos en los contratos, malversando los recursos de unos para tapar los “agujeros” que surgían en otros.

Pero a diferencia de los fondos ganaderos, la actividad de CVM sí estaba bajo la órbita del Banco Central, era auditada periódicamente y debía enviar al regulador la información de sus operaciones. Una vez que se constató la pérdida millonaria, el Banco Central decretó la intervención de CVM y su compañía hermana United Brokers —se designó para ello a la Bolsa de Valores—, mientras que el caso pasó a ser investigado por el fiscal de Delitos Económicos, Enrique Rodríguez.

Al evaluar si pudo haberse detenido antes el derrumbe, algunos operadores financieros señalan que —"más allá de que es “fácil decirlo con el diario del lunes”—, algunos indicios podían ser el porcentaje de clientes con perfil “agresivo”, sobre todo si muchos de esos clientes son eran de un perfil etario mayor, que no justifican posiciones de tanto riesgo.

En Fiscalía, Goldring dijo que ante una caída en los mercados decidió, de forma adrede, ocultar información a los inversores, supuestamente para “evitar una corrida”, y “convencida” de que la situación se podía revertir. La corredora de bolsa fue imputada por apropiación indebida pero no por estafa, como también habían pedido los denunciantes.

A fines de 2024, cumplido el primer año de investigación, Rodríguez pidió extender el plazo. Abogados consultados para este informe señalaron que hay muchas personas que hasta el momento no pudieron recuperar una parte de su dinero y que se trabaron embargos hacia bienes de Goldring con la expectativa de compensar con ello parte de las pérdidas. “Otras vías por el momento preferimos no comentar”, dijo uno de los consultados. En su momento, el fiscal Rodríguez negoció un posible acuerdo con la defensa de Goldring, que implicaba que reconociera el delito de apropiación indebida, pero finalmente no se concretó.

Claro que Custodia de Valores Mobiliarios (CVM) no fue la única corredora de bolsa que presentó problemas. Grupo Bursátil Uruguayo (GBU), del expresidente de la Caja de Profesionales Álvaro Correa fue recientemente intervenida por el Banco Central por incumplir “estándares de aptitud, rectitud comercial y profesional”, además de “principios de ética”, entre otros “graves incumplimientos”. En la corredora De Baeremaecker y Perera, mientras tanto, una empleada fue condenada como responsable de estafas millonarias.

Mientras que en el caso de Goldring, como otros corredores de bolsa se trataba de compañías reguladas, otros negocios de inversión se manejaban en la más completa sombra. Es el caso del exrugbista Gonzalo Campomar, acusado de estafas de decenas de millones de dólares. La operativa, de la que no se conocen muchos detalles, supuestamente implicaba el préstamo de dinero para ser invertido en criptomonedas a cambio de altísimos niveles de rentabilidad. Pero existen sospechas de que se trataba de un esquema Ponzi entre particulares, que evadía además todo tipo de control tributario o de origen de los fondos. Por ese caso se presentaron algunas denuncias de libramiento de cheques sin fondo. El semanario Búsqueda, por su parte, informó esta semana que el exrugbista fue denunciado también por maniobras a través de “cables financieros”.

Entre la larga lista de casos de inversiones que no dieron los frutos esperados está el denominador común de la angustia por las pérdidas irrecuperables y la erosión de la confianza, pero también existen los matices.

“Hay patrones pero es importante saber que no son todos lo mismo”, remarca Ángel Urraburu, presidente de la Bolsa de Valores de Montevideo. Una primera distinción, a su juicio, es entre los que efectivamente eran simples “negocios entre privados” y los que implicaban el “ahorro público”, con convocatorias a la inversión a través de los medios masivos de comunicación. Por ejemplo, Urraburu considera que el Banco Central podría haber tomado cartas en el asunto de los fondos ganaderos. Hacia adelante, sostiene, debería revisarse la regulación para que ya no sea una “zona gris”. “Hay que generar una norma que es muy sencilla, porque la regulación ya existe, que diga que si hay un ofrecimiento público por medio masivo de comunicación forzosamente tiene que cumplir con los requerimientos del Banco Central para ese tipo de operaciones. Si ahora hay una zona gris, hay que aclararla y se terminó”.

Casos como el de Goldring, en tanto, demuestran que “solo con la regulación no llegás al paraíso”, aunque sí se permiten atajar algunos problemas. “Si los ganaderos hubieran tenido que publicar balances trimestrales, quizá se frenaba antes”, dice Urraburu, para quien la sucesión de quiebras traerá un “impacto en la confianza” y una revisión de las normas.

Pablo Rosselli, socio de la consultora Exante, sostiene que los impactos son menores “a nivel macroeconómico”, pero “muy significativos para los inversores afectados” y de impacto para la opinión pública. “Creo que lo que ocurrió con los mal llamados fondos ganaderos, ese grupo de casos presenta un conjunto de características que hacen muy razonable pensar en algún tipo de ajuste. En todo caso el problema está más en cómo nos aseguramos de que cuando hay captaciones masivas de ahorros de público tengamos suficiente regulación y supervisión”, afirma. “Estos eventos no van a causar una reducción importante de la vocación de invertir de las empresas ni de los agentes. De un modo doloroso, estos episodios sí van a dejar un aprendizaje de que es necesario pensar dos veces cuando nos ofrecen un retorno muy elevado, cuando nos ofrecen una inversión en una empresa privada que no está regulada, o cuando nos ofrecen vendernos viviendas en el pozo”.