Gobierno presentó segunda ampliación de la denuncia penal contra el astillero español Cardama

Redacción El País
El Gobierno de Yamandú Orsi presentó este martes una ampliación de la denuncia que se dio a fines de octubre en Fiscalía contra el astillero español Cardama. Se le agregó una pericia que fue solicitada por parte del Ministerio de Defensa al Ministerio del Interior.

La pericia concluyó que la firma digital que consta en el documento de la garantía no es original sino calcada, según informó Telemundo (Canal 12) y confirmaron a El País desde Presidencia de la República.

De esta manera, es la segunda ampliación que se hace a esta denuncia que presentaron personalmente en Fiscalía Alejandro Sánchez y Jorge Díaz, secretario y prosecretario de Presidencia.

La ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, señaló este lunes que el gobierno suspenderá el pago al astillero español Cardama hasta que haya una resolución judicial del caso, tras la denuncia que presentó el Gobierno contra la empresa. El Poder Ejecutivo solo liberaría fondos si se cumplen hitos contractuales como la instalación de motores.

"Quisiéramos no llegar a marzo con este problema todavía sobre la mesa. Pero no corresponde solo a nosotros", dijo Lazo en entrevista con Noticias 5 (Canal 5). "Comunicamos que no vamos a hacer el pago que la empresa ha reclamado en las últimas horas", aseguró la jerarca. Consultada si considera que el gobierno cree que el contrato va a caer, respondió "sí".

Por otro lado, Lazo dijo estar de acuerdo "que nuestro país tenga las herramientas necesarias para custodiar nuestras aguas". "Ahora, no es a cualquier costo. Tenemos que comprar herramientas adecuadas, tenemos que comprar lo mejor", aseveró.

Foto: Natalia Rovira

Las alarmas se encendieron tres días antes del vencimiento del plazo de la garantía de fiel cumplimiento que Cardama buscó salvar a último momento. Como el 22 de setiembre -30 días antes del deadline- el astillero no había avisado que tenía intención de renovar la garantía del contrato, el gobierno se disponía a ejecutarla y cobrar lo acordado al firmarla: el 5% del total de valor de la obra, unos US$ 4 millones.

Pero no pudo hacerlo porque cuando Luis Bermúdez, el embajador uruguayo en Gran Bretaña -donde se suponía que estaba instalada la empresa que se presentaba como garante, Eurocommerce LTD-, intentó apersonarse en el domicilio de la firma se encontró con que lo que había allí era una inmobiliaria. La firma carece, entonces, de un domicilio real, dijo el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, durante el anuncio del gobierno. Luego se supo que tampoco tiene empleados (hasta 2022 tenía tan solo uno), su dueño es ruso ("y vive en Rusia") y está en proceso de liquidación.

Foto: Gabriel Porfilio

Tras esto, se encomendó a un estudio inglés analizar el inicio de acciones legales en territorio británico y español contra Cardama, a quien ya se le hicieron tres transferencias -en función del supuesto cumplimiento de determinados “hitos” del proceso de construcción de los buques- por unos US$ 30 millones.

Los problemas con la validación de la garantía se habían generado de manera reiterada entre enero y noviembre de 2024. En ese lapso Cardama lo había intentado siete veces, y en todas ellas incumplió con los requerimientos mínimos. En algunos casos, como cuando presentaron como empresas garantes a Euro Exim Bank o a Redbrige, el Banco Central avisó al Ministerio de Defensa que no podía acceder a información financiera sobre esas entidades, detallaron fuentes del Ejecutivo.

El gobierno de Luis Lacalle Pou, finalmente, aceptó a Eurocommerce LTD el 22 de noviembre del año pasado —cinco días antes del balotaje— pero por el plazo de un año, inferior a los 42 meses que se habían pactado en el contrato.

Foto: Ignacio Sánchez/El País.

Todo esto ocurrió, además, pese a que Defensa contaba con un informe jurídico del estudio Delpiazzo, del 6 de noviembre pasado, que advertía de varias irregularidades en el documento en el que se presentó la garantía, como no estar “apostillado ni contar con certificación de firma”, ni tener debidamente acreditada “la representación del firmante”. El estudio también ya advertía sobre algunas de las incoherencias sobre la firma constatando en las últimas horas.

Además de todo esto, la entrega del primer buque, debía hacerse a los 18 meses desde diciembre de 2023, cuando se firmó el contrato, cosa que no sucedió.

Finalmente el gobierno anunció que rescindiría el contrato y que se denunciaría el caso a la Justicia, ante la sospecha de que se estaba frente a una "estafa al Estado uruguayo".