Rescisión con Cardama: gobierno contrata certificadora y confía en que astillero no cumpla con tercer hito

Redacción El País
El gobierno anunció en las últimas horas que enviará a otra clasificadora con sede en Francia para hacer inspecciones al proceso de construcción que lleva adelante el astillero Cardama de la primera patrulla oceánica.

El prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, dijo este lunes que la contratación es parte de la estrategia que lleva adelante el Poder Ejecutivo para concretar la rescisión del acuerdo con Cardama firmado en diciembre de 2023.

“Esta semana antes de que inicie la feria judicial seguramente se presentará una nueva ampliación de la denuncia penal. Después hay una estrategia en el campo contractual en la que están participando asesores legales nacionales y de diferentes países. Una acción concreta es que a partir de mañana (hoy) comienza una inspección en la obra. Ahora hay representantes del Estado —dos militares— trabajando en Vigo. Se va a reforzar la representación de Uruguay con una sociedad de calificación que es Bureau Veritas. Fue contratada por Uruguay para inspeccionar la calidad y trazabilidad de los materiales, la calidad de la soldadura, que verifique los planos, así como el cumplimiento de la ley de bandera”, adelantó Díaz en Desayunos Informales.

Por su parte, la ministra de Defensa, Sandra Lazo, manifestó que el gobierno uruguayo cuenta con un informe de la especialista grado 5 en Derecho Administrativo Cristina Vázquez que confirma la tesis del Ejecutivo de que la garantía falsa presentada por el astillero fue un “incumplimiento grave” y comprometería el contrato.

Otro punto que manejaron ambos jerarcas, con versiones que han venido creciendo, es la posibilidad cierta de que el pago por el tercer hito no deba concretarse, debido a que el astillero puede no recibir los motores en la fecha estipulada. El proveedor es la corporación estadounidense Caterpillar.

Ese pago está proyectado se dé en enero o febrero de 2026, a través de una carta de crédito abierta en febrero de este año por un importe de 28.794.500 euros en el Banco República. En caso de materializarse sería el último mediante este mecanismo de desembolso, por un valor de 8.227.000 euros.

Sin embargo, Lazo dijo en Arriba Gente (Canal 10) que el 10 de octubre —antes de detectarse que la garantía de Eurocommerce era falsa— pasado Mario Cardama ya le había manifestado que iba a haber dificultades para que los motores llegaran en tiempo y forma. Ante el planteo del empresario, la ministra dijo que el Estado uruguayo no le autorizó la prórroga solicitada.

En esta línea, afirmó que el pago no se estaría haciendo en febrero y que “el contrato estaría cayendo” porque se comprobarían más hitos incumplidos.

En la misma línea se expresó Díaz, que ha sido quien desde Torre Ejecutiva ha liderado el proceso y más ha cuestionado las irregularidades que se han ido conociendo en el caso Cardama.

“Eso son los pasos que estamos dando desde el punto de vista administrativo y jurídico para la rescisión del contrato”, confirmó la ministra.

Hasta ahora, el Estado uruguayo abonó 8.227.000 euros en diciembre de 2024 (anticipo), el 20 de marzo de 2025 se efectuó un pago por la misma cifra (cumplimiento del primer hito a partir de la presentación de los planos de cuadernas maestras) y el tercero el 11 de junio (segundo hito por la colocación de la quilla) por 12.340.500 euros.

Hasta el momento, a través del Banco República y el Deutsche Bank —intermediario— se transfirieron a Cardama 28.794.500 euros.