Caso Cardama: gobierno espera una pericia de Defensa para ampliar denuncia y fiscal aguarda por reunión clave

Todo el sistema político permanece expectante ante las novedades que, día por medio, surgen sobre el caso Cardama, que nació con la conferencia de prensa encabezada por el presidente Yamandú Orsi —y secundada por el secretario Alejandro Sánchez y el prosecretario Jorge Díaz— el 22 de octubre pasado, instancia en la que el gobierno anunció sus intenciones de rescindir el contrato por el que el Estado esperaba recibir dos patrulleras oceánicas, además de iniciar de acciones legales dentro y fuera de fronteras. Y ambos procesos —el administrativo y el judicial— se encuentran por estos días a plena marcha.

Pasó mucha agua bajo el puente desde aquellos días: hubo actores políticos de España que intervinieron buscando mediar en el conflicto —como lo hizo el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, que llamó a Orsi para “poner manifiesto el enorme prestigio de la construcción naval en Galicia”—, a lo que ahora se suma el ofrecimiento que la Asociación Clúster del Naval Gallego —gremial de construcción naval más importante de Galicia— envió al Parlamento para participar de "la negociación" y el "diálogo" entre las partes (ver recuadro)—. Y también hubo movimientos de la oposición —y sobre todo el Partido Nacional—, que anunció una interpelación a la ministra de Defensa, Sandra Lazo, que se hará este 10 de diciembre, y que fue representada en Vigo por el diputado Gabriel Gianoli, que viajó hasta allí la semana pasada para constatar los avances de la construcción del primer buque.

Mientras tanto, el gobierno, en una tarea que centraliza mayormente Jorge Díaz, sigue delineando la estrategia judicial nacional e internacional, y la novedad en este plano, divulgada en las últimas horas —como informó ayer La Diaria y confirmó El País— es la decisión de ampliar la denuncia penal que el Poder Ejecutivo presentó en la Fiscalía a fines del mes pasado.

Lo que los servicios jurídicos de Presidencia buscan añadir, a la cuantiosa documentación que ya está en manos del fiscal de Delitos Económicos del 1° Turno, Alejandro Machado, es un informe que recibió el gobierno, procedente de España, que concluyó que las copias del acta que Cardama presentó junto con la falsa garantía de fiel cumplimiento al Ministerio de Defensa en noviembre de 2024 son falsas y no fueron expedidas por un notario de ese país.

En ese análisis, el notario Ignacio Martínez-Gil señala que no se utilizó el papel timbrado adecuado que se debe usar para la documentación notarial. A su vez, indica que se confirmaron incongruencias en la emisión de copias que hacen inferir que el acta es “una clara falsificación”.

“La conclusión es clara —se detalla en el informe de unas 43 páginas—: se trata de copias falsificadas que no han sido expedidas por ningún notario. Me aventuro a sugerir que el ‘modus operandi’ ha sido extraer o desgajar el último folio de una copia verdadera expedida por el notario de Valencia Don Luis Calabuig de Leyva, en la que consta el sello de seguridad y la firma entera del notario, con signo y rúbrica, y que además ha sido apostillada, para después simplemente insertar ese último folio y el texto de la apostilla a continuación del contenido falso en papel timbrado ordinario elaborado ‘ad hoc’ por el interesado”.

Para presentar este nuevo elemento a la Fiscalía, sin embargo, Presidencia está a la espera de la llegada de la "ampliación de una pericia" que está a cargo del Ministerio de Defensa Nacional, y que está enfocada en conocer a fondo los intercambios de mails que hubo durante el proceso previo y posterior a la firma del contrato —lo que ocurrió en diciembre de 2023— entre el abogado José Miguel Delpieazzo y los jerarcas de la cartera del entonces gobierno de Luis Lacalle Pou, según indicaron fuentes de Presidencia.

Algunos de esos intercambios, de los que dio cuenta El País semanas atrás, versan sobre las irregularidades y carencias formales que ya entonces detectaba el estudio Delpiazo en la documentación aportada por Cardama para constituir la garantía de fiel cumplimiento, que finalmente fue expedida por el banco Eurocommerce Limited, ya disuelto por las autoridades de Reino Unido.

Todo esto será incluido en la denuncia ya presentada en la Fiscalía en los próximos días, y la información la entregará el personal jurídico de Presidencia, dijo una fuente del gobierno.

Asimismo, el fiscal Machado se encuentra a la espera de una reunión con la dirección de Cooperación Internacional del Ministerio Público, un encuentro considerado clave por su equipo, ya que requiere de su asesoramiento antes de redactar exhortos, oficios y solicitudes de información que serán enviados a Europa. Porque, según supo El País, la intención del fiscal —abocado en estos días a "emprolijar la prueba" presentada por el gobierno— es contar con la documentación "original".