Caso Cardama: diputada de Galicia llegó a Uruguay, se reunió con Orsi y remarcó "prestigio" del sector naval

Redacción El País
El presidente de la República, Yamandú Orsi, recibió este jueves en la residencia de Suárez y Reyes a Ana Pontón, portavoz y diputada opositora en Galicia por el Bloque Nacionalista Galego que está de visita en Uruguay, una reunión en la que, entre otros temas de actualidad, se habló de la intención del gobierno uruguayo de rescindir el contrato con el Astillero Cardama, para la construcción de dos patrulleras oceánicas.

En este contexto, Portón manifestó a Orsi que la experiencia gallega en la construcción naval puede beneficiar a Uruguay y que espera que el gobierno encuentre una solución a la brevedad.

"Yo le he transmitido al presidente de Uruguay que en Galicia tenemos un sector en la construcción naval que es un sector con muchísima capacidad, con muchísima competencia. Un sector puntero que lleva décadas construyendo barcos y que desde luego es una apuesta que hay que tener en consideración. Le he insistido en que en Galicia tenemos a un sector naval que tiene un reconocimiento y un prestigio que puede ayudar a Uruguay y que desde luego creemos que es una cuestión que hay que solucionar, que sea positiva para Uruguay que sea también positiva para nuestro sector naval", explicó Pontón en una rueda de prensa luego de este encuentro.

Al ser consultada sobre la eventual rescisión del contrato, Pontón se abstuvo, desde su rol como portavoz de una fuerza política, de opinar sobre las decisiones del gobierno uruguayo y de hablar de una "fórmula exacta" para solucionar este problema. Subrayó en cambio que tiene que "haber un diálogo que lleve a una solución que sea beneficiosa tanto para la empresa como para el gobierno de Uruguay" y que su partido se comprometió en "contribuir para que eso sea posible".

Foto: @anaporton vía Instagram.

Ya días atrás, el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, se expresó en el mismo sentido en un diálogo con Orsi, según escribió en su cuenta de X.

Rueda manifestó haber mantenido una conversación con Orsi para mostrar su interés "por la situación del contrato con el astillero gallego Cardama".

"Le he puesto de manifiesto el enorme prestigio de la construcción naval en Galicia y hemos quedado en mantener un canal de comunicación abierto para conocer de primera mano cualquier novedad sobre la cuestión", añadió Rueda en relación a esta comunicación.

Las alarmas se encendieron tres días antes del vencimiento del plazo de la garantía de fiel cumplimiento que Cardama buscó salvar a último momento. Como el 22 de setiembre -30 días antes del deadline- el astillero no había avisado que tenía intención de renovar la garantía del contrato, el gobierno se disponía a ejecutarla y cobrar lo acordado al firmarla: el 5% del total de valor de la obra, unos US$ 4 millones.

Pero no pudo hacerlo porque cuando Luis Bermúdez, el embajador uruguayo en Gran Bretaña -donde se suponía que estaba instalada la empresa que se presentaba como garante, Eurocommerce LTD-, intentó apersonarse en el domicilio de la firma se encontró con que lo que había allí era una inmobiliaria. La firma carece, entonces, de un domicilio real, dijo el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, durante el anuncio del gobierno. Luego se supo que tampoco tiene empleados (hasta 2022 tenía tan solo uno), su dueño es ruso ("y vive en Rusia") y está en proceso de liquidación.

Foto: Ministerio de Defensa

Tras esto, se encomendó a un estudio inglés analizar el inicio de acciones legales en territorio británico y español contra Cardama, a quien ya se le hicieron tres transferencias -en función del supuesto cumplimiento de determinados “hitos” del proceso de construcción de los buques- por unos US$ 30 millones.

Los problemas con la validación de la garantía se habían generado de manera reiterada entre enero y noviembre de 2024. En ese lapso Cardama lo había intentado siete veces, y en todas ellas incumplió con los requerimientos mínimos. En algunos casos, como cuando presentaron como empresas garantes a Euro Exim Bank o a Redbrige, el Banco Central avisó al Ministerio de Defensa que no podía acceder a información financiera sobre esas entidades, detallaron fuentes del Ejecutivo.

El gobierno de Luis Lacalle Pou, finalmente, aceptó a Eurocommerce LTD el 22 de noviembre del año pasado —cinco días antes del balotaje— pero por el plazo de un año, inferior a los 42 meses que se habían pactado en el contrato.

Todo esto ocurrió, además, pese a que Defensa contaba con un informe jurídico del estudio Delpiazzo, del 6 de noviembre pasado, que advertía de varias irregularidades en el documento en el que se presentó la garantía, como no estar “apostillado ni contar con certificación de firma”, ni tener debidamente acreditada “la representación del firmante”. El estudio también ya advertía sobre algunas de las incoherencias sobre la firma constatando en las últimas horas.

Además de todo esto, la entrega del primer buque, debía hacerse a los 18 meses desde diciembre de 2023, cuando se firmó el contrato, cosa que no sucedió.

Finalmente el gobierno anunció que rescindiría el contrato y que se denunciaría el caso a la Justicia, ante la sospecha de que se estaba frente a una "estafa al Estado uruguayo".