Orsi se muestra abierto a "sentarse a conversar" por caso Cardama: "Los técnicos son los que resuelven"

Redacción El País
El presidente de la República, Yamandú Orsi, fue consultado este viernes por los avances en el caso Cardama y confirmó que ha recibido "varios mensajes" para negociar una nueva garantía que permita al astillero español seguir con la construcción de las patrulleras oceánicas para Uruguay.

"Hemos recibido varios mensajes. Habrá que sentarse a conversar. Los técnicos son los que resuelven", expresó el mandatario en rueda de prensa desde Ombúes de Lavalle, en Colonia, adonde asistió para la inauguración de la cosecha de la cebada.

El presidente fue consultado si se tomarán en cuenta las imágenes registradas por el diputado nacionalista Gabriel Gianoli, quien viajó a Vigo y mostró cómo están las patrullas oceánicas. "No. Acá hay que ser muy cuidadosos. Nosotros hicimos la denuncia cuando sospechamos que acá hay algo que no está bien. En eso nos mantenemos", dijo.

La postura, sin embargo, "no quiere decir que con la empresa no se pueda seguir conversando, se debe seguir conversando porque el contrato está", expresó el mandatario.

Ante la pregunta de si, con una nueva garantía, Astillero Cardama podría seguir adelante con el proyecto, Orsi dijo que el problema con la garantía "es una parte de la historia", la que "hacía mover el contrato".

"No es un tema de nivel político. Es un tema de negocio. Y de tener las OPV. No hay que hacer política doméstica con esto", remató.

Las alarmas se encendieron tres días antes del vencimiento del plazo de la garantía de fiel cumplimiento que Cardama buscó salvar a último momento. Como el 22 de setiembre -30 días antes del deadline- el astillero no había avisado que tenía intención de renovar la garantía del contrato, el gobierno se disponía a ejecutarla y cobrar lo acordado al firmarla: el 5% del total de valor de la obra, unos US$ 4 millones.

Pero no pudo hacerlo porque cuando Luis Bermúdez, el embajador uruguayo en Gran Bretaña -donde se suponía que estaba instalada la empresa que se presentaba como garante, Eurocommerce LTD-, intentó apersonarse en el domicilio de la firma se encontró con que lo que había allí era una inmobiliaria. La firma carece, entonces, de un domicilio real, dijo el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, durante el anuncio del gobierno. Luego se supo que tampoco tiene empleados (hasta 2022 tenía tan solo uno), su dueño es ruso ("y vive en Rusia") y está en proceso de liquidación.

Tras esto, se encomendó a un estudio inglés analizar el inicio de acciones legales en territorio británico y español contra Cardama, a quien ya se le hicieron tres transferencias -en función del supuesto cumplimiento de determinados “hitos” del proceso de construcción de los buques- por unos US$ 30 millones.

Foto: El País.

Los problemas con la validación de la garantía se habían generado de manera reiterada entre enero y noviembre de 2024. En ese lapso Cardama lo había intentado siete veces, y en todas ellas incumplió con los requerimientos mínimos. En algunos casos, como cuando presentaron como empresas garantes a Euro Exim Bank o a Redbrige, el Banco Central avisó al Ministerio de Defensa que no podía acceder a información financiera sobre esas entidades, detallaron fuentes del Ejecutivo.

El gobierno de Luis Lacalle Pou, finalmente, aceptó a Eurocommerce LTD el 22 de noviembre del año pasado —cinco días antes del balotaje— pero por el plazo de un año, inferior a los 42 meses que se habían pactado en el contrato.

Todo esto ocurrió, además, pese a que Defensa contaba con un informe jurídico del estudio Delpiazzo, del 6 de noviembre pasado, que advertía de varias irregularidades en el documento en el que se presentó la garantía, como no estar “apostillado ni contar con certificación de firma”, ni tener debidamente acreditada “la representación del firmante”. El estudio también ya advertía sobre algunas de las incoherencias sobre la firma constatando en las últimas horas.

Además de todo esto, la entrega del primer buque, debía hacerse a los 18 meses desde diciembre de 2023, cuando se firmó el contrato, cosa que no sucedió.

Finalmente el gobierno anunció que rescindiría el contrato y que se denunciaría el caso a la Justicia, ante la sospecha de que se estaba frente a una "estafa al Estado uruguayo".

Días atrás, Orsi volvió a referirse a este tema y entonces dijo: "Hay una denuncia en la Justicia, ahora mucha tranquilidad y prudencia". "Una cosa es el contrato y otra cosa es lo que queremos, necesitamos defender la soberanía en el mar. Son obras que llevan tiempo y no son baratas", añadió. Además, acotó: "El contrato está vigente".