Uruguay enfrenta hoy siete arbitrajes internacionales; la demanda de menor monto es por US$ 380 millones

El Estado uruguayo tiene en la actualidad bajo su órbita un total de siete arbitrajes internacionales -algunos en etapa de ejecución, pero la mayoría en curso-, entre los cuales la demanda de menor monto es por US$ 380 millones.

Tras el anuncio del gobierno de que iniciaría un proceso de rescisión del contrato con el astillero español Cardama por la compra de dos patrullas oceánicas, una de las primeras reacciones de la oposición -en particular del Partido Nacional- fue advertir sobre la posibilidad de que Uruguay deba enfrentar un nuevo litigio ante tribunales internacionales, ya sea ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias de Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial, la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya o algún otro organismo supranacional (la cláusula 39 del contrato con Cardama distingue los órganos competentes para la resolución de conflictos, según se trate de aspectos técnicos o jurídicos).

En el caso de La Haya, por ejemplo, Uruguay obtuvo en abril de este año un fallo favorable en la disputa presentada por los herederos de Aratirí, quienes buscaban reactivar ante un tribunal de apelaciones una demanda por US$ 4.000 millones, luego de que el gobierno de José Mujica realizara cambios al proyecto de extracción de hierro, que según la empresa, le cambió las condiciones haciéndola desistir.

Según la página web de la Ciadi, al presente hay en ese organismo de disputa de conflictos tres causas abiertas, tras haber concluido recientemente-en febrero- un juicio iniciado por una compañía panameña accionista de Pluna por el cierre de la aerolínea en 2012. La demanda, que fue presentada en 2019, culminó con el primer fallo desfavorable para el Estado uruguayo y lo sentenció a pagar US$ 30 millones, más intereses generados desde que cerró la empresa ascendiendo la cifra a US$ 80 millones -y que derivó en otras consecuencias por el accionar del gobierno con el congelamiento de las cuentas bancarias del Estado uruguayo en Luxemburgo, como informó El País.

Otros juicios pendientes de resolución que tiene para atender el Poder Ejecutivo son contra dos accionistas de Montecon (Neltume Ports y Atco), tras el acuerdo alcanzado en la anterior administración con la empresa belga Katoen Natie para la concesión de la terminal especializada de contenedores. Los reclamos (son dos hechos en 2024), que sostienen que Uruguay incumplió el tratado de inversión que tiene con Chile y con Canadá, suman US$ 600 millones.

Foto: Archivo El País.

También en la Ciadi figura una demanda contra Uruguay iniciada por la firma española Asesores Financieros Andalucía Occidental, Sociedad Gestora de Patrimonios S.A por sentirse afectada tras una rescisión que hizo el Estado en 2005 de un contrato para obras en la Ruta 1 (construir una carretera y un puente) que había sido adjudicado en 1998. Esta empresa, que reclama US$ 383 millones, señaló que la controversia se ampara en el acuerdo de protección de inversiones existente entre España y Uruguay, que entró en vigencia en mayo de 1994 y que también fue referido como elemento a tener en cuenta en el caso de Cardama.

Otros arbitrajes que han tenido lugar en la institución dedicada a diferencias relativas a inversiones internacionales fueron los casos impulsados por Phillip Morris, Italba (comenzado en 2016) y la firma de distribución de gas por cañería Conecta - perteneciente a la brasileña Petrobras. En todos los casos Uruguay ganó.

Según informó en 2019 el entonces secretario de Presidencia, Miguel Ángel Toma -hoy asesor-, la empresa proveedora de servicios de banda ancha estadounidense (Italba) había reclamado US$ 100 millones tras la revocación, por parte de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones, del permiso para operar de su subsidiaria. En el caso de Conecta, la demanda que finalmente fue desestimada fue por US$ 80 millones.

Foto: Archivo El País.

En este escenario, con siete arbitrajes internacionales sobre la mesa, un artículo de la ley de Presupuesto quinquenal impulsado por el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, generó un duro intercambio entre oficialismo y oposición en Diputados. El artículo, que fue aprobado con votos del Frente Amplio y Cabildo Abierto, plantea crear una Secretaría de Litigio Estratégico del Estado -sin fondos asignados-, que estará en la órbita de la Presidencia. Ante el Parlamento, Díaz defendió la propuesta -que también incluye los de “alta gravedad de impacto entre los 15.000 que tiene el Estado uruguayo a nivel nacional”- diciendo que busca “centralizar de la información en un organismo y ahorrar dinero”, El mecanismo usual, hasta ahora, ha sido contratar estudios jurídicos extranjeros habilitados para litigar ante el Ciadi (o en La Haya), con el apoyo de uno local cuyos “honorarios suelen ser considerables”.