Jorge Díaz informó al Frente Amplio los pasos a seguir en Reino Unido por el caso Cardama

Redacción El País
Luego de la denuncia penal presentada por el gobierno por una presunta estafa contra el Estado uruguayo, por la garantía falsa entregada para que se constituya el contrato por la compra de las patrullas oceánicas, el Poder Ejecutivo prepara varias medidas a nivel jurídico tanto a nivel nacional como internacional.

En particular, en Reino Unido, donde se detectó que había ocurrido la maniobra fraudulenta y donde está uno de los estudios jurídicos internacionales con los que trabaja el Estado uruguayo en otros arbitrajes internacionales: Arnold & Porter. En paralelo, la Oficina Nacional de Servicio Civil lleva adelante una investigación administrativa incluso desde antes de que tuviera lugar la conferencia en Presidencia el pasado 22 de octubre.

Aunque los detalles de lo presentado por el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, y el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, todavía no han trascendido públicamente, los jerarcas han manifestado que lo que llevó a denunciar ante Fiscalía a la empresa española que mantiene un contrato por 82 millones de euros con el Estado respondió a una presunta “estafa” y un fraude contra la administración al presentar un documento apócrifo.

Ante esta situación, el gobierno decidió, además de iniciar acciones desde el punto de vista penal, avanzar en la rescisión del contrato por la construcción de las dos patrullas oceánicas. La obligación entre las partes fue firmada en diciembre de 2023, pero entró en vigencia en octubre de 2024, luego de que el Ministerio de Defensa aceptara la garantía de fiel cumplimiento emitida por Eurocommerce Limited y presentada por Cardama.

Dicho aval —que es requerido por la normativa para contratar con el Estado uruguayo y terminó siendo falso— era por un importe del 5% del monto total del contrato (4,1 millones de euros) y debería haberse constituido dentro de los 45 días posteriores a la fecha en la que se firmó el contrato.

Sin embargo, se dieron una serie de prórrogas sucesivas, se presentaron distintas garantías no aceptadas, hasta que finalmente se aceptó la de Eurocommerce.

La detección de que se trataba de un documento apócrifo, según ha relatado Díaz, se dio cuando el gobierno uruguayo se presentó a ejecutar la garantía en la dirección que figuraba en el aval presentado por Cardama que estaba a punto de vencer.

Una vez que se apersonó en el lugar el embajador uruguayo en Reino Unido, Luis Bermúdez, comprobó que en el lugar de Eurocommerce había una inmobiliaria, lo que generó que Presidencia contratara a un estudio jurídico en Reino Unido con el que ya trabaja en otros arbitrajes internacionales para que realizara una investigación exprés sobre la firma garantista.

En contraposición con la visión de las autoridades del gobierno, Cardama ha declarado que él también fue estafado por la empresa fantasma conformada en las islas británicas, que está en proceso de eliminación obligatoria de registro por no mantener ninguna actividad económica.

“Yo fui estafado. Si yo he estafado al gobierno uruguayo... realmente a mí me han estafado. Me han mentido. Me han dado una garantía que es mentira. Me pongo en contacto con el banco y me dicen que cambiaron de dirección. Tengo una nueva dirección. Le he pedido explicaciones, que me diga que no está en liquidación y que tiene capacidad de pagar el aval. Pero me siento defraudado”, se defendió el empresario español en entrevista con El País.

En la resolución firmada el 22 de octubre por la ministra de Defensa, Sandra Lazo, el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, y el presidente de la República, Yamandú Orsi, se dispuso el inicio de “las acciones civiles, penales y administrativas pertinentes, en el ámbito nacional e internacional, para la protección, defensa y eventual resarcimiento de la República Oriental del Uruguay”.

Díaz presentó el pasado lunes ante la Mesa Política del Frente Amplio un informe en el que resumió la indagatoria que ha llevado adelante hasta ahora Presidencia y el estudio jurídico que contrató el organismo en Reino Unido sobre Eurocommerce.

En el documento, al que accedió El País y de las que también dio cuenta El Observador, se mencionan algunas de las acciones posibles por parte del Estado ante la situación detectada que fueron sugeridas Arnold & Porter.

“A la luz de la situación de Eurocommerce presentar una demanda contra el astillero podría ser una vía más efectiva”, señala el documento.

Con respecto a lo ocurrido con Eurocommerce, se destaca que el Reino Unido cuenta con múltiples agencias encargadas de investigar fraudes. En ese sentido, se sugiere presentar un informe ante la Serious Fraud Office —responsable de los casos graves y complejos de fraude, especialmente a nivel internacional— y ante la National Crime Agency, dado que dicha empresa fue registrada en marzo de 2022, poco después de la imposición de sanciones a Rusia tras la invasión a Ucrania.

El estudio jurídico de Reino Unido con el que trabaja Uruguay también sugiere que la Embajada de Uruguay envíe una carta de presentación reportando el presunto fraude a las agencias mencionadas y una copia al Fiscal General “para aprovechar el estatus de Estado soberano de Uruguay y promover que la investigación se trate como prioritaria”.