Poder Ejecutivo tiene la decisión política tomada: va por la rescisión del contrato con Cardama

El gobierno golpeó la mesa. Y fuerte. Tanto, que el expresidente de la República Luis Lacalle Pou habló públicamente por primera vez en una rueda de prensa desde que le pasó la banda presidencial a Yamandú Orsi.

La conferencia del pasado miércoles en Torre Ejecutiva desató una avalancha de información, una sucesión de hechos políticos y hasta una denuncia penal que presentó el gobierno por, hasta ahora, una presunta estafa al Estado uruguayo por millones de dólares.

Habrá que ver de parte de quién, si del astillero español Cardama o de Eurocommerce Limited. Sin embargo, con el paso de los días, la dirección hacia la que apuntan las responsabilidades las autoridades se ha ido haciendo más visible.

Los dos principales escuderos de Orsi —el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, y el prosecretario, Jorge Díaz— han llevado la voz cantante del oficialismo, repartiéndose, al parecer, los roles jurídico y político denunciando reiteradas irregularidades en lo que fue todo el proceso de la compra de las dos patrullas oceánicas al astillero español.

Lo que algunos analistas y la oposición vieron como una actuación improcedente del gobierno, al anunciar de manera intempestiva el inicio del proceso para cancelar el contrato con Cardama, en realidad respondía a una decisión política definida: el gobierno busca rescindir el contrato de 82 millones de euros con la empresa española, según pudo confirmar El País.

Pese a que tanto Sánchez como Díaz, así como Orsi, han dado a entender que todavía restan procesos para que haya algo concreto en materia contractual —con cierta prevención por las consecuencias jurídicas—, en sus discursos hicieron valoraciones políticas que conducen al proceder que va a seguir el gobierno: el Estado uruguayo fue “estafado, engañado y traicionado” por el astillero al momento de presentar una garantía falsa.

“Hay elementos suficientes para considerar que hay una intencionalidad de mala fe y de intentar engañar al Estado presentando una garantía sin avales. Y es la misma empresa que en 45 días no pudo constituir garantía y demoró 11 meses con muchas dificultades para constituirla. ¿Cuál es la hipótesis? Hay una empresa que no lograba tener una garantía, demoró, demoró y luego presentó una inexistente. Lo hizo en noviembre de 2024 y lo vuelve a realizar ahora. Recordemos que ese correo, que llega a Uruguay alrededor de las 18:20 (el mismo día de la conferencia de prensa), en España era casi medianoche. Y es con la misma empresa inexistente y fantasma. Para nosotros puede haber mala fe y elementos sustantivos de un fraude, una estafa al Estado”, clarificó Sánchez en En Perspectiva sobre la posición que tiene el gobierno con respecto al proceder que tuvo Cardama en el proceso.

Por su parte, Orsi reafirmó la postura que habían delineado en las últimas horas los dos altos jerarcas que lo acompañaron durante la conferencia de prensa que tuvo lugar el pasado miércoles.

“Hay una empresa que hizo las cosas mal, no se ha portado tan bien como ellos se portaron —por las autoridades del gobierno anterior—. Fueron traicionados, engañados. Yo sentí cuando salí a la conferencia que incluso estaba defendiendo lo que habían hecho los anteriores jerarcas. Me sorprendió que de inmediato se pararan del lado de la empresa. Me llamo la atención. Si yo supongo que hay un ilícito no se me ocurre comunicarme con los actores involucrados, yo lo que tengo que hacer es denunciar la situación. Estuvimos un año y pico engañados. Si lo que se presentó es falso. ¿Tengo que barrer debajo de la alfombra y decir ‘conseguime una garantía a ver qué pasa’? Para mí es tan obvio. A la empresa se la notificará y capaz que dice que también fue engañada”, respondió el presidente a los reclamos de no haberse comunicado antes con la empresa española tras constatarse que la garantía bancaria que había presentado no tenía ningún sustento y era de “papel”.

En Torre Ejecutiva, el énfasis siempre estuvo puesto en que hubo incumplimiento del contrato, tanto de parte de Cardama como del gobierno pasado al haberse postergado por 11 meses la validación de una garantía de fiel cumplimiento que debió hacerse en 45 días.

Díaz, incluso, mencionó en las últimas horas que la cláusula 36 del contrato (de diciembre de 2023) que planteaba la posibilidad de que si no había entrado en vigor 60 días después de firmado, quedaría automáticamente nulo (a menos hubiese acuerdo entre las partes, constató El País que señala el documento).

La posición del Ejecutivo es clara, explicó Díaz en Fácil Desviarse (Del Sol). El exfiscal de Corte argumentó que la constitución de la garantía de fiel cumplimiento, según la normativa uruguaya, es requisito fundamental para que “el contrato entre en vigencia” y dio a entender durante práctimante toda la entrevista que la decisión política estaba tomada por parte del gobierno uruguayo y era la de avanzar en la rescisión del contrato, pero siempre respetando los procesos jurídicos requeridos.

“Si no se hubiera presentado y aceptado —esta es la pregunta clave— una garantía inexistente, el contrato nunca hubiera entrado en vigor y se hubiese rescindido. Hoy no tendríamos este problema”, resumió y graficó Díaz en referencia a la principal razón que llevó al Ejecutivo a tomar la decisión.

En la misma dirección, Sánchez planteó con respecto al proceso que hay “muchos elementos extraños desde el punto de vista administrativo” y que la prórroga a Cardama para la presentación de la garantía fue dada “sin ningún tipo de fundamento, de manera arbitraria”.

“Si ganas una licitación pública y en 45 días no constituyes las garantías pierdes el contrato. En este caso no se procedió de esa manera. Las acciones del Estado uruguayo tienen que estar fundamentadas, no lo estuvieron. Se aceptó contrario al contrato firmado que las garantía sea por un año (debió ser por 42 meses)”, cuestionó Sánchez.

Ambos jerarcas señalaron además que hubo muchos episodios en los que no se cumplieron con las condiciones que establecía el documento firmado por las partes, cuya obligación contractual nació a partir de un garantía que no era garantía.