Un informe de avance de obra del Ministerio de Defensa, elaborado por militares uruguayos en Vigo (Galicia, España), y al que accedió El País, da cuenta de un importante atraso en los hitos que el astillero español Cardama debía cumplir en la construcción de una de las dos patrullas oceánicas (OPV) destinadas a la Armada Nacional.
El documento, fechado con una actualización al 15 de octubre de 2025, compara el avance real de la obra con el cronograma presentado por el astillero en mayo. La principal evidencia del incumplimiento se centra en los módulos de la embarcación, donde luego se ensambla el casco del buque. Hasta hace dos semanas había 11 ensamblados y según el cronograma presentado por el astillero en mayo se debería haber llegado ya a 19.
Esto significa que, para la fecha del informe, el astillero tiene un déficit de ocho módulos unidos en la vía respecto a lo programado, lo que, según fuentes del gobierno, confirma un atraso sustancial en el proceso de construcción de la embarcación. “Nunca se llegó al 60%” de la obra, como ha señalado el exministro de Defensa Javier García, dijeron fuentes del actual ministerio a El País.
Este informe técnico se da en el marco de una profunda polémica y crisis política en torno al contrato de $ 92 millones de dólares firmado en 2023 con el astillero español para la construcción de dos OPV.
El gobierno de Yamandú Orsi anunció el 22 de octubre la rescisión del contrato con Cardama y presentó una denuncia civil y penal ante la Justicia. El motivo principal fue la detección de "fuertes indicios de fraude o estafa al Estado uruguayo" por la garantía de fiel cumplimiento presentada por el astillero. Orsi instruyó ejecutar dicha garantía, y la investigación determinó que la empresa garante, Eurocommerce, era una "empresa de papel" que no funcionaba en la dirección indicada.
Mario Cardama, dueño del astillero, ha asegurado a El País que fue "estafado" por la empresa garante y que hubo "mala fe del Estado uruguayo" al no notificarles de un incumplimiento en la garantía. Cardama defiende que el barco sigue en construcción y que está buscando un nuevo aval financiero. Los pagos efectuados hasta el momento a Cardama rondan los 30 millones de dólares.
Pese a la rescisión, el astillero ha propuesto buscar una mediación con el gobierno uruguayo y ha advertido sobre el inicio de acciones legales en caso de no materializarse el diálogo. El secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, afirmó —pese a que en un principio se sostuvo que se iba a rescindir el contrato— que el gobierno utilizará la posibilidad de mediación establecida en el contrato, mientras que "por otro carril" se investiga la situación.
El Partido Nacional promovió, por su parte, una interpelación a la ministra de Defensa, Mariana Lazo, quien además hoy irá a la Comisión de Defensa, donde se la cuestionará por la decisión el gobierno. El expresidente Luis Lacalle Pou ha calificado la situación como una "operación política" y ha negado la existencia de fraude o estafa en la licitación.
-
Díaz a Lacalle Pou por crítica a Orsi en caso Cardama: "Tiene un tono peyorativo decir que lo arrastraron"
El Gobierno utilizará posibilidad de mediación con el astillero Cardama, dijo Alejandro Sánchez
Sandra Fleitas investigará el caso Cardama; la fiscal imputó a Carrera y archivó denuncia falsa contra Orsi