Caso Cardama: tras la interpelación a la ministra Lazo, Frente Amplio evalúa impulsar comisión investigadora

Sobre las 10:30 horas de ayer el oficialismo y la oposición comenzaron a debatir sobre la decisión del gobierno, o más bien por el anuncio, de que se tiene como objetivo rescindir el contrato con el astillero español Cardama, en el marco de la interpelación a la ministra de Defensa, Sandra Lazo.

Como gran particularidad que presentó esta nueva instancia parlamentaria, la cuarta interpelación a un ministro del gobierno de Yamandú Orsi, fue que el miembro interpelante, Javier García, estaba directamente involucrado en la compra de las dos patrullas oceánicas por 82 millones de euros.

Fue él que, como secretario de Estado, tomó la decisión de adquirir las dos OPV que construiría la empresa radicada en Vigo, aunque cuando se aceptó la polémica garantía para que entrara en vigencia el contrato firmado en diciembre de 2023 García ya había renunciado.

En su lugar, había asumido Armando Castaingdebat, que ocupaba el cargo de ministro cuando Defensa aceptó la garantía de fiel cumplimiento presentada por la empresa española que posteriomente se supo era trucha.

Foto: Natalia Rovira

Durante su intervención, García optó por poner foco en lo que implicaba para Uruguay como política pública la adquisición de las dos buques para custodiar el mar uruguayo de la pesca ilegal y el narcotráfico, necesidad que tiene consenso de todos los partidos políticos.

Frente a los cuestionamientos por la compra, el senador recordó la interpelación y los duros cuestionamientos que recibió en su momento por parte del Frente Amplio cuando Defensa compró dos aviones Hércules. Comparó y destacó, en esa línea, la utilidad que le está dando el presente gobierno con traslados sanitarios, incluidos niños.

En lo relacionado con Cardama, hubo dos enfoques bien distintos planteados entre oficialismo y oposición. Por un lado, se planteó la postura ideológica de algunos sectores de la coalición de izquierda y se criticó su visión sobre las Fuerzas Armadas.

“Hay que preguntarse si estamos dispuestos a respaldar a las Fuerzas Armadas. Todos sabemos que hay desde filas de la izquierda nacional teorías de eliminarlas. Hay voces muy notorias, no muy lejos de esta mesa”, lanzó García como parte del cuestionamiento a la decisión del gobierno de avanzar en la rescisión. A su vez, el miembro interpelante denunció que el gobierno desde antes de asumir “tenía un plan deliberado para romper el contrato de las OPV”.

“Se ha constatado que actuaron comisarios políticos de la ministra en forma irregular y que accedieron a información confidencial sin ser funcionarios del Ministerio de Defensa. Sin acto administrativo que los avalara (...) Apenas tomamos la decisión que otros no se animaron, empezó el boicot deliberado, minucioso y políticamente pergeñado para que no se llevara adelante la compra de las OPV. El plan estaba maquiavélicamente pergeñado para destruir. Estoy convencido”, denunció García, que además cuestionó que los dos integrantes de la Armada Nacional que reportan los avances de la obra no lo hacen a la institución ni técnicamente, sino “directa y políticamente a la ministra”.

Foto: Estefanía Leal

No obstante, la estrategia del Partido Nacional se enfocó en que, finalmente, el gobierno afirme si iba o no a rescindir el contrato con Cardama, mientras que desde el oficialismo se negó responder de forma afirmativa o negativa por las complejidades jurídicas que implica avanzar en esa dirección, más allá de la interpretación que se hace desde Presidencia y Defensa de que el astillero español cometió fraude contra el Estado.

Este punto, después de que se informara durante la jornada que la renovación de la garantía que había enviado Cardama el 22 de octubre era también falsa, fue uno de los puntos centrales defendidos por los legisladores del oficialismo que hicieron uso de la palabra.

A su turno, la ministra Lazo hizo una extensa intervención en la que reconstruyó cronológicamente los pasos que se habían dado durante la gestión pasada primero para la firma del contrato y posteriormente para la aceptación de la garantía que resultó falsa y realizada por una empresa trucha.

En este sentido, no hubo novedades por parte del FA que, al igual que lo ha hecho en particular el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, se marcó como elemento central que la garantía de fiel cumplimiento y su proceso de conformación tuvo un sinfín de irregularidades.

Sandra Lazo en la interpelación por Cardama. Foto: Natalia Rovira.

“Todas las alarmas se habían encendido previo a la celebración del contrato. Informaban objetivamente de una empresa con grave riesgo crediticio, con un reducido patrimonio y una facturación significativamente menor al volumen del contrato, que es 10 veces superior a los ingresos anuales de la firma. La continua negativa de múltiples entidades financieras -para dar la garantía- confirmaban estas señales. Las autoridades optaron por ignorar esas advertencias y seguir esperando casi un año más para terminar aceptando una malísima opción de garantía de cumplimiento del contrato totalmente objetable, tanto en el plano formal como de contenido”, apuntó Lazo.

No obstante, ante la insistente consulta de García y otros legisladores del Partido Nacional la ministra de Defensa volvió a afirmar que no se puede confirmar que el contrato se vaya a rescindir. “¿Sí o no? Citamos al Senado de la República en virtud del anuncio de rescisión. Pregunta número 1: ¿Sí o no? Es la respuesta que estamos esperando, con la que nos queremos ir. Nada de gre ge”, volvió a preguntar el miembro interpelante.

Lazo, en tanto, contestó “que en la vida así como en las respuestas hay situaciones complejas que no son en blanco y negro”. “Al día de hoy no está decidida la rescisión del contrato”, afirmó Lazo.

Foto: Estefanía Leal

La bancada de senadores del Frente Amplio respaldó las explicaciones brindadas por Lazo y la actuación del secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, el prosecretario, Jorge Díaz y de Orsi. A su vez, no descartaron la posibilidad de instalar una comisión investigadora, a raíz de “todas las situaciones irregulares que se dieron en la adjudicación de una compra directa por parte de las anteriores autoridades”.

Según supo El País, el oficialismo evaluará en 2026 la posibilildad cierta de impulsar la investigadora ante lo que el coordinador de bancada, Daniel Caggiani, calificó como “uno de los mayores fraudes de la historia del Uruguay en materia de compras públicas”.

Varios de los senadores blancos y colorados que hicieron uso de la palabra durante la sesión parlamentaria expresaron su preocupación por los costos que puede tener una rescisión contractual de estas características. Entre otros, así lo hicieron saber Pedro Bordaberry, Andrés Ojeda y Sergio Botana. “Los uruguayos metimos US$ 30 millones y queremos dos patrulleras.

En la conferencia se habló de iniciar acciones para rescindir el contrato con Cardama. Derecho a los bifes sin antes analizar si se podía o no. Hay que tener cuidado porque los abogados cuando queremos ser malos somos malos. Creo no estamos actuando con la cautela que hay que hacerlo como país. Tenemos una linda oportunidad de mostrarnos juntos defendiendo los intereses superiores de Uruguayos”, resumió Bordaberry sobre el sentir de los legisladores opositores presentes.

Foto: Gabriel Porfilio