Cardama, Penadés, Conexión Ganadera y más: los casos judiciales que tendrán que esperar a 2026

Falta menos de una semana para la llegada del descanso previsto para el mundo judicial, lo que significa que la mayoría de los expedientes volverán a tener movimiento recién luego de enero de 2026. Entre ellos, los de muchos casos que concitan la atención pública y son seguidos minuto a minuto por los medios.

Si todo sucede como está planeado y no hay ninguna emergencia, todos ellos serán retomados a partir del primer día hábil de febrero, cuando se levanta la feria judicial que comienza el 25 de diciembre. Entre los casos más relevantes que se espera tengan avances significativos en 2026 están Cardama, Marset, Penades, Operación Océano y Conexión Ganadera.

Ya habiendo ingresado en el último trimestre del año, el 24 de octubre pasado, representantes del gobierno nacional presentaron una denuncia penal vinculada a la garantía presentada por el astillero español Cardama, que había sido contratado por el Ministerio de Defensa Nacional de la administración anterior para llevar adelante la construcción de dos patrulleras oceánicas.

Según explicó en ese momento el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, la situación podría implicar un posible fraude o estafa al Estado, ya que “frente a un contrato millonario, la garantía parece ser de una empresa que no existe”, en referencia a Eurocommerce.

Foto: El País.

A los pocos días, y luego de la abstención de la fiscal Sandra Fleitas, el caso se le fue asignado a su colega Alejandro Machado. A partir de ese momento, este comenzó a relevar la documentación propuesta y a requerir otra, para poder llevar adelante un estudio completo del caso y, eventualmente, luego de eso disponer citaciones.

Por ejemplo, el 28 de noviembre el gobierno presentó una ampliación de la denuncia. Adjuntaron un informe que recibió el gobierno, procedente de España, que concluyó que las copias del acta que Cardama presentó junto con la falsa garantía de fiel cumplimiento al Ministerio de Defensa en noviembre de 2024 son falsas y no fueron expedidas por un notario de ese país.

En ese análisis, el notario Ignacio Martínez Gil señala que no se utilizó el papel timbrado adecuado que se debe usar para la documentación notarial. A su vez, indica que se confirmaron incongruencias en la emisión de copias que hacen inferir que el acta es “una clara falsificación”.

Jorge Díaz, prosecretario de la Presidencia, dijo en Desayunos Informales (Canal 12) que probablemente previo a la feria judicial se presentará una nueva ampliación de la denuncia. A su vez, explicó que el gobierno trabaja en el contralor del avance de la construcción de la primera patrulla —que ha significado un problema en sí mismo, puesto que Uruguay denuncia atrasos— y que se enviaria a otra clasificadora con sede en Francia para hacer inspecciones al proceso.

La entrega del pasaporte uruguayo a Sebastián Marset en Dubai en 2021 fue legal, concluyó la Fiscalía en 2024. Sin embargo, la exvicecanciller Carolina Ache, con su declaración en el marco de esa causa, abrió paso para el comienzo de una nueva investigación penal que no tuvo mayores avances en 2025 y que se espera hayan novedades en 2026.

En octubre de 2023 denunció ante el fiscal Machado que fue convocada a una reunión en la Torre Ejecutiva por Roberto Lafluf (exasesor presidencial) y allí se le pidió que borrara los mensajes que tenía con Guillermo Maciel (exnúmero dos de Interior) en los que él le advertía sobre la peligrosidad de Marset. A su vez, la actual embajadora uruguaya en Portugal aseguro que Lafluf se hizo de un acta protocolizada por un escribano que documentaba los chats y la destruyó.

Foto de video difundido en redes sociales

Durante este año no hubo citaciones —al menos a personas públicas— por el expediente y trascendió que, frente a la falta de recursos, se había definido priorizar la indagatoria de otros casos de la misma sede vinculados a estafas en los fondos ganaderos Grupo Larrarte y República Ganadera.

Sin embargo, en octubre de este año, la actual administración presentó como evidencia nueva los resultados de la investigación administrativa llevada adelante en Cancillería que derivó en el inicio de unsumario para el excanciller Francisco Bustillo y el exdirector de Jurídica Carlos Mata. El documento será analizado por el fiscal.

El caso de Conexión Ganadera explotó en enero de este año y se llegó al mes de diciembre con tres de los socios de la empresa —el cuarto, Gustavo Basso, se suicidó en noviembre de 2024— imputados por la Justicia. Pablo Carrasco y Ana Iewdiukow se encuentran presos preventivamente y Daniela Cabral cumple arresto domiciliario.

Para este 2026 está previsto que el fiscal Enrique Rodríguez continúe indagando en busca de otros posibles responsables de la maniobra que generó cerca de 4 mil damnificados, según los cálculos primarios. En febrero, se solicitará la imputación de Maximiliano Rodríguez, titular de Pasfer, empresa que recibió más de 20 millones de dólares de Conexión Ganadera en cinco años, informó El Observador. Está previsto que en el mismo mes declaren varios parientes directos de los matrimonios Basso y Carrasco.

Foto: Ignacio Sánchez.

A su vez, en julio se cumplirá un año de la primera imputación contra los socios y la Fiscalía se vería obligada a cerrar la investigación y presentar la demanda acusatoria en su contra. Sin embargo, en los casos complejos la normativa habilita un plazo de hasta un año más, si ello es aceptado por el juez.

En el plano concursal, se espera que en marzo esté pronta la verificación final de los créditos que develará la cifra oficial de cantidad de acreedores.

Además, también seguirán las investigaciones por estafa en otros fondos ganaderos. Pese a la condena de Jairo Larrarte, la indagatoria contra otros responsables en el caso de grupo que lleva su nombre continúa. También está previsto que avancen los casos de República Ganadera y Portfolio Capital donde aún no hay imputados.

Al expediente que tiene en el centro al exsenador Gustavo Penadés, acusado de delitos de explotación sexual de menores y corrupción pública, todavía le queda un capítulo en 2025. Según supo El País, el próximo lunes 22 de diciembre habrá una audiencia cuyo objetivo será organizar las etapas venideras.

En octubre, la Fiscalía cerró la investigación en su contra y pidió que, tras el juicio, sea condenado a 16 años de prisión. Su defensa, los abogados Laura Robatto y Homero Guerrero, propusieron evidencias y solicitaron su absolución.

Leonardo Mainé

Ahora se abre una etapa en la que se deberán debatir una a una las pruebas propuestas por cada parte y se evaluará si son legales y pertinentes. Si así lo entendiera la jueza, serán expuestas en el futuro juicio; si no, serán excluidas. Antes —o en paralelo— a esa etapa, está previsto que cuatro víctimas declaren nuevamente. Las fechas y el orden de todo lo mencionado se discutirá el próximo lunes.

Por otra parte, en la sede que encabeza el fiscal Gilberto Rodríguez, durante 2026 seguirá la indagatoria contra la fiscal Alicia Ghione. La causa comenzó por una denuncia de la defensa de Penadés quien reporto que la fiscal tuvo conocimiento de que una de las víctimas del caso, Jonathan Mastropierro, había cometido un delito —posesión de material pornográfico infantil— y había omitido denunciarlo. Sin embargo, tal y como informó El País, la investigación viró hacia otro lado. Ahora se busca esclarecer si Ghione le dio discos duros con información a un testigo previo a que declare ante el juzgado.

A mitad de 2025 comenzó el juicio a 10 hombres por explotación sexual de menores, pero pese a que hasta el mes de diciembre se llevaron adelante dos audiencias por semana, gran parte del proceso pasará para 2026. La investigación por la Operación Océano comenzó en 2020 y llegó a tener 30 imputados. Nueve de ellos fueron condenados por acuerdo abreviado, 11 fueron sobreseídos y los restantes decidieron sostener que son inocentes ante un juez de juicio que definirá si lo son o no.

Francisco Flores/Archivo El Pais

El debate en el caso enfrenta a la posición de la Fiscalía con la de las defensas de los imputados. La primera sostiene que los hombres mayores debieron tomar los recaudos necesarios para comprobar que no se estaban relacionando con menores de edad. Los segundos insisten en que sus clientes fueron inducidos a error en el marco de una estratagema craneanada al detalle por las víctimas.

A fines de noviembre, surge de documentación a la que accedió El País, los defensores de cuatro imputados presentaron un escrito en el juzgado de Huberto Álvarez pidiendo protección para dos testigos que —según ellos— recibieron mensajes “de tono amenazante e intimidatorio” de la principal víctima.