Oposición apuntó a Castillo por afectar credibilidad del país por su filiación comunista; FA defendió su gestión

La interpelación al ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, impulsada por el diputado del Partido Colorado Adrián Juri, tuvo lugar un mes después de que se resolviera el conflicto en Terminal Cuenca del Plata. La solución llegó finalmente en los primeros días de octubre, tras meses de enfrentamiento, mediante la firma de un convenio colectivo por cinco años entre la empresa y su sindicato. La duración del acuerdo había sido, precisamente, una de las principales trabas para alcanzar un entendimiento.

La convocatoria parlamentaria llegó tarde -reconocieron legisladores tanto del oficialismo como de la oposición- y eso quedó en evidencia durante la sesión, que se extendió innecesariamente.

Tras las dos largas exposiciones iniciales del miembro interpelante -quien cometió algunos errores en el manejo de las cifras, señalados por el oficialismo-, la discusión perdió especificidad y derivó en un debate político más general.

Las acusaciones cruzadas giraron en torno a la capacidad para resolver conflictos, la reputación internacional del país, casos concretos, las extensiones de seguros de paros en algunos casos puntuales -en especial en frigoríficos y en la Fábrica Nacional de Cervezas-, la falta de inversión y lo que la oposición calificó como una “inconsistencia”: que un dirigente histórico del Partido Comunista esté al frente del Ministerio de Trabajo.

Foto: Ignacio Sánchez.

“El ministro me va a decir que esto es macartismo, que lo estoy atacando por sus ideas, pero nadie lo ataca por sus ideas. Nadie le niega el derecho a ser comunista. Lo que discuto es que él gobierne el Ministerio de Trabajo como si fuese una secretaría de un sindicato”, resumió Yuri, la posición de los partidos tradicionales que se repitió como cuestionamiento por buena parte de los legisladores presentes.

En ese tono, varios legisladores de la oposición advirtieron que las señales (se cuestionó no decretar la esencialidad, por ejemplo) y el rumbo que imprime el Ministerio de Trabajo, bajo la conducción de Castillo, son observados por los inversores. En particular, criticaron que el propio ministro defienda la creación de un impuesto al 1% más rico de la población (en contraposición a lo asegurado por el ministro de Economía, Gabriel Oddone, y el presidente, Yamandú Orsi), una iniciativa que, a su juicio, constituye otra señal negativa para las potenciales inversiones que podrían llegar al país y su reputación a nivel internacional.

A su vez, cuestionaron que, pese a que uno de los objetivos de la interpelación era conocer el costo total que tuvo el conflicto portuario, el Ministerio de Trabajo no brindó una respuesta al respecto. “Es necesario que el ministro le diga a la ciudadanía cuánto costó no solo el conflicto en el puerto, que por sus características fue extremadamente destructivo: en horas de trabajo perdidas, riqueza no generada, contenedores que no llegaron y navieras que dejaron de venir. Pero, además, fue uno de los tres grandes conflictos que tuvo el gobierno, junto con los de la pesca y la construcción, que atravesaron momentos de tensión más allá de lo tolerable.

El Ministerio no resolvió adecuadamente esos conflictos”, resumió el diputado Gerardo Sotelo, que sintetizó el sentir de la oposición que acusó falta de proactividad de parte de la cartera. En concordancia, el colorado Walter Verri advirtió que la postura de Castillo en los diferentes conflictos -sobre todo el del puerto- ha afectado “la credibilidad y el clima de negocios del país”.

Foto: Leoanrdo Mainé.

Frente a las diversas acusaciones por parte de la oposición -Juri llegó a decir que el ministro tenía que “ponerse los pantalones”-, Castillo se defendió y señaló en referencia a la negociación colectiva que como le recordó el miembro interpelante efectivamente fueron una creación del batllismo, que es parte de otros procesos acumulativos de las políticas públicas que tiene el país. Castillo aseguró que no celebraba la duración que tuvo el conflicto del puerto ni desconocían las dificultades que generó.

Y, ante la consulta de Juri de si asume “alguna responsabilidad política” por la extensión del conflicto, contestó: “Asumo plenamente la responsabilidad por mis actos y decisiones, incluido la firma de un convenio con una vigencia por cinco años, un periodo que incluso supera el mandato del presidente Orsi”.

Juri también consultó a Castillo si estaba dispuesto a decretar la esencialidad si el sindicato de Terminal Cuenca del Plata no cumplía con las cláusulas de paz que se establecieron en el convenio colectivo. Ante esa situación, el ministro dijo que pondría en marcha el cometido de “mediación y conciliación” que tiene asignada la cartera. Pero que, “tratándose de servicios portuarios, que no constituyen servicios esenciales estrictos en el sentido de la OIT, no corresponde en principio su declaración como tal”, contestó. Al referirse a las críticas por su pasado sindicalista y su afiliación al Partido Comunista, Castillo, al igual que varios legisladores oficialistas, reivindicó su trayectoria política y su militancia en defensa de los derechos de los trabajadores. “Soy un ministro de Trabajo que no reniega de su pasado sindicalista ni de ser afiliado al Partido Comunista”, aseveró.

Al cierre de esta edición, Cabildo Abierto e Identidad Soberana presentaron una moción conjunta que recibió el respaldo del resto de la oposición y alcanzó así los 49 votos (el Partido Colorado y el Nacional tenían dos legisladores menos durante la sesión, por lo que precisaban cuatro votos para lograr mayoría simple). En el documento, se sostiene que “el ministerio no informó sobre el costo del conflicto en la terminal de contenedores, por lo que sus explicaciones no resultaron satisfactorias”. La propuesta presentada por Perrone fue aprobada entrada la madrugada por mayoría simple: 49 a 48. No obstante, la percepción predominante en filas del oficialismo fue que Castillo y su equipo salieron fortalecidos de la instancia parlamentaria, pese a las críticas previas y a que desde la oposición se entendió que el ministro se iba sin respaldo parlamentario.

Sobre las 17 horas, a seis de haber comenzado la interpelación, un tenso momento se vivió en la Cámara de Representantes tras un cruce de dichos entre el diputado Bruno Giometti y el miembro interpelante, que provocó la intervención de otro legislador.

Giometti, que pertenece al Partido Comunista, dijo que su bancada está “muy orgullosa” de tener un ministro frenteamplista y comunista como Castillo. “Nos tiene sin cuidado que el interpelante diga que tenemos derecho o no a tener determinada ideología”, expresó. Y añadió, desatando la polémica: “En este país solamente los golpes de Estado y las dictaduras trataron de sacarnos el derecho de poder ser comunista y nosotros estuvimos enfrente y combatimos a la dictadura iniciada en el año 1933 por (Gabriel) Terra y también en 1973 por (Juan María) Bordaberry”. En respuesta, Juri contestó: “No entremos en el barro, porque empezamos a sacar cosas y no está bueno. Si hablamos de la dictadura y de los comunistas tenemos que hablar de los que apoyaron los comunicados. Y no está bueno que hablemos de que el ministro entró en plena dictadura con un concurso en el puerto y tenía la calidad A porque era amigo de los comandantes y de los militares”. Inmediatamente la sesión adquirió su momento más tenso y el Frente Amplio pidió un cuarto intermedio para calmar los ánimos. En ese intervalo, según pudo presenciar El País, el diputado del Movimiento de Participación Popular Sebastián Valdomir se acercó a Juri y le dijo: “Estás pasando vergüenza”. Se dio una breve discusión entre ambos en tono elevado, pero no agresivo.