Castillo suspendió comparecencia en Parlamento por puerto; blancos lo esperaban para definir apoyo a interpelación

El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, suspendió su comparecencia ante la comisión de Transporte y Obras Públicas del Senado a la que estaba citado principalmente por el conflicto en el puerto de Montevideo que se extendió durante meses hasta la semana pasada.

El jerarca comunicó la decisión al presidente de la comisión, el nacionalista Sergio Botana, presuntamente por cuestiones vinculadas a las negociaciones por la actividad portuaria y conflictos en algunos frigoríficos. Esa fue la razón, según dijeron fuentes blancas a El País. Desde la cartera indicaron que la razón se debió a “temas de agenda” y a que “se están ultimando los detalles del convenio colectivo”.

La cita original incluía a Lucía Etcheverry, ministra de Transporte y Obras Públicas, quien también comunicó semanas antes que debía asistir en otra instancia, aparentemente también por cuestiones de agenda.

En la mañana del miércoles pasado, horas antes de que se conociera el preacuerdo alcanzado en el puerto, desde Vamos Uruguay, sector liderado por el senador colorado Pedro Bordaberry, el diputado Adrián Juri comunicó que su voluntad de interpelar a Castillo, quien encabezó la negociación desde el ministerio.

Con base en esto, más allá de que en el resto de la oposición comparten el planteo de la interpelación en sí, el mismo —así como el acuerdo en el puerto— no está concretado. Por ejemplo, fuentes del Partido Nacional señalaron a El País que la convocatoria es “posible” y “de recibo”, pero primero se deberá cumplir el “paso previo” de la comisión.

Los blancos entienden que se deberá transitar por esa comparecencia para luego definir la interpelación —que de todas maneras es un escenario probable—, para ir “de menos a más”.

Desde Cabildo Abierto (CA), también apoyan la convocatoria. Así lo aseguró el diputado Álvaro Perrone en diálogo con El País, pero acotó que, “cuando se dé la interpelación, va a ser tarde”.

El planteo de la interpelación a Castillo sigue en pie, según señaló Juri a El País, porque mantienen las críticas a la gestión del conflicto y su duración, además de otros temas referentes a la conflictividad laboral en todo el país a nivel general, como el caso de los frigoríficos.

La decisión se tomó, según Juri, por “la falta de una solución al prolongado conflicto en el puerto de Montevideo, sumada a los conflictos que atraviesan distintos sectores productivos del país, la situación de los frigoríficos en varios departamentos y los cierres y reestructuras de empresas”.

En rueda de prensa, sostuvo que dieron “todos los pasos para que en la próxima coordinación se concrete la interpelación” y que “se comunicó a todos los partidos de la oposición”, que dieron “el visto bueno”.

El conflicto en el puerto se logró destrabar tras gestiones de Presidencia que desembocaron en la firma del acuerdo. La novedad que permitió avanzar fue que Terminal Cuenca del Plata (TCP) accedió a que los trabajadores que hoy perciben 20 jornales asegurados al mes (son 197) pasen a cobrar 21 en enero, como quería el sindicato, y no en mayo, como proponía el ministerio.

La partida extraordinaria que se abonará una vez que se firme el acuerdo definitivo se establecerá “en el punto medio” entre lo que proponía TCP ($ 27.500) y lo que reclamaba el sindicato ($ 50.000), señala el preacuerdo. Habrá también una partida diferencial excepcional a determinar para los trabajadores de los sectores “Mantenimiento”, “ M& R” y “Straddle Carriers”.

Otras duras idas y vueltas fueron en algunos frigoríficos, como en el de Tacuarembó. El Ministerio de Trabajo recibió a ejecutivos de la empresa, la Asociación de Obreros y Empleados del Frigorífico Tacuarembó (Aoefrit), y la Federación Obrera de la Industria de la Carne (Foica) en una reunión tripartita en la que la empresa presentó cifras que “no son rentables” para el negocio con base en datos del Instituto Nacional de Carnes (INAC).

Como parte de la reestructura, la empresa planteó una propuesta el mes pasado que implica la rebaja del 40% de los salarios, la reducción de 150 puestos laborales y la tercerización de algunas actividades. Sin embargo, el sindicato se opuso a los despidos y reducciones salariales.

Otro es el caso del frigorífico Casa Blanca, por el que incluso en mayo el Poder Ejecutivo extendió el subsidio por desempleo de los trabajadores dependientes en Paysandú; en marzo de 2026, la empresa mandó a aproximadamente 220 trabajadores a seguro de paro por el aumento del precio del ganado.