"Nos tiran con migajas": sindicatos cuestionan la falta de uruguayos en el dragado del canal Martín García

La Intergremial Marítima del Uruguay rechazó la propuesta de la empresa belga Jan de Nul de incorporar a tres trabajadores uruguayos a las obras de dragado de mantenimiento del canal Martín García. El planteo se enmarca en el reclamo de los sindicatos marítimos de que se incluya a trabajadores uruguayos en el contrato de licitación firmado en julio de este año y de que los cupos se distribuyan en partes iguales entre los trabajadores de Uruguay y Argentina.

Según explicó a El País el secretario general del Centro de Maquinistas Navales (CMN) y vocero de la Intergremial, Facundo Montaña, este jueves los trabajadores se movilizaron ante el Ministerio de Relaciones Exteriores y luego mantuvieron una reunión en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), en la que la empresa propuso la inclusión de solo tres uruguayos.

“Es algo fuera de lo razonable, nos tiran con migajas”, dijo Montaña. Durante esta semana, las partes ya habían mantenido reuniones con el gobierno en busca de una solución al conflicto.

La organización, integrada por tres sindicatos del sector marítimo, había presentado ante el gobierno, la empresa y la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP), una propuesta en la que solicitó que los cupos de trabajadores se distribuyan en partes iguales "50% y 50%", entre Uruguay y Argentina.

El dirigente sindical señaló que los trabajadores se reunieron con el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, a quien le entregaron un informe con observaciones. Según dijo, el ministro se comprometió a analizarlo y convocar una reunión con las partes.

Para defender su posición, la Intergremial —compuesta por el Sindicato Único Nacional de Trabajadores del Mar y Afines (Suntma), el CMN y el Sindicato Único de Patrones de Pesca del Uruguay Tráfico y Cabotaje (Suddeppu)— elevó un informe a los ministerios de Trabajo y Seguridad Social, de Relaciones Exteriores y de Transporte y Obras Públicas.

De acuerdo con lo que explicó Montaña, en la solicitud de la Intergremial de tener 50% de trabajadores uruguayos y 50% argentinos, incluyen a trabajadores belgas pero no como tripulación, sino como cargos de confianza.

Foto: archivo El País

La CARP adjudicó a Jan De Nul el contrato de dragado de mantenimiento y mejora del Canal Martín García en julio de este año. El proyecto se concretará en etapas durante los próximos cinco años y de acuerdo con lo que detalló Montaña, el proyecto empleará a un total de entre 100 y 150 personas. Según indicó el dirigente sindical, la primera etapa de las obras tendrá un 90% de participación de argentinos y un 10% de belgas.

La situación alcanzó el ámbito parlamentario. El senador frenteamplista, Gustavo González, presentó a la Asamblea General una exposición escrita, a la que accedió El País, en la que manifestó su preocupación por el tema. "Los trabajadores no reclaman favoritismo a quienes son uruguayos sino condiciones justas, ya que cuentan con formación y disposición para trabajar", indicó.

"Creo firmemente que el Ministerio de Trabajo es sensible a estos temas y ya está al tanto y tomando cartas en el asunto. Deseo, sin embargo, recalcar lo preocupante que resultan para las y los trabajadores del mar sentir que no están siendo considerados para obras que darían más fuentes laborales", indicó González en el escrito.

El informe presentado a las autoridades y la empresa, y al que accedió El País, la Intergremial fundamentó su reclamo en normas como el Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo, que establece un régimen de administración compartida entre Uruguay y Argentina. Según sostuvo, ese marco y el financiamiento paritario de las obras respaldan el pedido de una distribución equitativa de los puestos de trabajo.

“La exclusión sistemática de trabajadores nacionales puede ocasionar una pérdida progresiva de capacidades técnicas, cuya recuperación futura resulta compleja y costosa”, advirtió la organización en el informe.

Además, la organización sostuvo que "no existe una justificación, ni objetiva ni suficiente" para excluir o limitar la participación de trabajadores nacionales técnicamente capacitados.