Gobierno presentó la Rendición de Cuentas: aumenta el gasto y propone varios cambios en ministerios

El ministro de Economía, Gabriel Oddone, entregó en la tarde de ayer la Rendición de Cuentas 2025 a la vicepresidenta Carolina Cosse. El gobierno propone, como estaba previsto, un aumento del gasto de US$ 31 millones en 2027 para la unificación y el refuerzo de las transferencias a los hogares más vulnerables (ver aparte). Además, como es habitual, en el articulado que analizará el Parlamento se incluyeron otras cosas, algunas más vinculadas a lo presupuestal que otras.

Después de entregar el proyecto, el ministro explicó una vez más que la propuesta del gobierno del presidente Yamandú Orsi es incrementar el presupuesto en cuatro áreas específicas: seguridad, educación, infancia y personas en situación de calle.

En esta línea, se plantea una reasignación del gasto por US$ 46 millones mediante la reducción de recursos destinados al Instituto Nacional de Colonización -equivalente al 50% de su presupuesto-, junto con un ahorro en gastos de funcionamiento, la no cobertura de vacantes durante tres años y recortes en otros rubros, como misiones oficiales y gastos de protocolo.

Dicha restricción presupuestal en el Ministerio de Relaciones Exteriores está incluida en el articulado. Se dispuso una limitación para la “prima por productividad”, tal como estaba dispuesta en la Ley de Presupuesto de 2010. En aquella norma se disponía este beneficio para los funcionarios de “todos los escalafones” de la Cancillería, siempre y cuando se cumplieran “condiciones” definidas en la reglamentación.

Foto: Ignacio Sánchez / El País.

Pero ahora lo que se propone es que esta prima solo la reciban “los funcionarios presupuestados que presten efectivamente funciones en dependencias del Inciso radicadas en Montevideo, condicionada al cumplimiento de metas anuales de desempeño”. También se aclara que “no podrán percibir esta partida los funcionarios que se encuentren prestando funciones en comisión en otros organismos”.

Por otra parte, lo central del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) es la unificación de las transferencias para los hogares más vulnerables. Pero, además, se propone destinar unos US$ 5 millones para “fortalecer de forma integral los dispositivos de atención para personas en situación de calle”. El gobierno pretende implementar “nuevos dispositivos integrales de convivencia, producción y promoción social” y reducir la “dependencia exclusiva de los dispositivos de emergencia”.

Se apunta a “prevenir los circuitos truncos y de ‘puerta giratoria’ que coadyuvan a la cronificación, el deterioro de la salud física y mental, el incremento de la morbi-mortalidad, la sobrecarga de otros sistemas públicos, la vulneración de derechos humanos y el aumento de personas en situación de calle”.

Pero no es el único cambio que se pone sobre la mesa para la cartera: se dispone un límite en cuanto a la cantidad de funcionarios que la cartera puede ceder a otros organismos mediante pases en comisión. Se establece un máximo de 60 cupos porque se entiende que “puede afectar la capacidad operativa” del Mides y “dificultar la adecuada atención de las necesidades de la población destinataria de las políticas públicas”.

Foto: Ignacio Sánchez

Dentro del Ministerio del Interior, se destaca la concreción de una promesa de campaña: se propone la descentralización del Instituto Nacional de Rehabilitación. Si se aprueba el articulado, dejará de estar bajo la égida de Interior y pasará a llamarse Instituto Nacional de Reinserción. De este dependerá también la Dirección Nacional de Medidas Alternativas.

Hay cambios vinculados a los establecimientos carcelarios. Hasta ahora existían de mínima, media y máxima seguridad. La propuesta del gobierno es crear uno nuevo “de alto riesgo”. Se utilizará -se indica- para personas imputadas o condenadas “que representan alto riesgo para la seguridad pública, con estricta observancia de las garantías constitucionales y legales vigentes”.

Además, proponen cambiarle los nombres a algunos cargos policiales y modificar el artículo que expresa las competencias de la Guardia Republicana. La modificación más relevante es que eliminan el párrafo que establecía: “Aplicará en su doctrina de empleo de la fuerza los criterios de racionalidad, progresividad y proporcionalidad, debiendo agotar antes los medios disuasivos adecuados a su alcance”. A su vez, se destinó una porción significativa del proyecto a realizar inversiones en equipamientos tecnológicos.

En tanto, en materia de Identificación Civil, el proyecto prevé cambiarle el nombre a la cédula por “Documento Nacional de Identidad” (DNI) y la creación de su versión digital.

Foto: Ignacio Sánchez

En el Ministerio de Transporte se propone la eliminación de la obligatoriedad a que haya un radar pedagógico antes del control de velocidad en las rutas nacionales. Sí se incluye cumplir con la señalización horizontal y vertical que advierte a los conductores del punto de fiscalización. Fuentes del gobierno explicaron a El País que la obligatoriedad del radar pedagógico “termina por ser una limitación ineficiente en lo económico, en lo técnico y en la seguridad”. Y se añadió que esta herramienta en debate “se utilizará en cada tramo que efectivamente cumpla una función”.

En Defensa, se quieren hacer cambios en los requisitos para entrar a las Fuerzas Armadas como personal subalterno. La normativa actual pide tener aprobada la Educación Media Básica en un plazo no mayor a los ocho años a partir del ingreso. Pero ahora se quiere implementar una prórroga, por única vez y por tres años, para el personal que ingresó en los años 2019 y 2020.