El acero que sostiene las viviendas se deshace entre las manos como si fuera arena mojada. Las estructuras están atravesadas por rajaduras que en muchos casos recorren las paredes desde el piso hasta el techo; algunas son tan grandes que permiten pasar una mano de un lado al otro. Desde afuera, el lugar parece un barrio abandonado, pero viven cuatro perros guardianes y se turnan tres serenos para custodiarlo y, lo más importante, habita el sueño de la casa propia de unas 20 familias que desde 2019 reclaman su hogar.
Detrás de esas paredes ruinosas está la Cooperativa de Viviendas Obreras de la Construcción (Covioc), que nació en 2011 en Paysandú con unas 40 personas de las cuales ahora solo quedan 20. En el medio muchos abandonaron, otros fallecieron, pero hay un núcleo duro que sigue unido. Las 40 viviendas, que se construyeron bajo el novedoso sistema Crupe, nunca pudieron ser ocupadas: en 2019, cuando se estaban por terminar, se comprobó que había serias fallas estructurales de construcción que con el tiempo irían aumentando. Al punto de que hoy hay riesgo de derrumbe.
Solo los gastos de mantener el terreno por mes les sale unos 65.000 pesos. Tienen que cuidar que nadie entre a robar y que tampoco ocupen.
La inversión que hizo el Ministerio de Vivienda alcanzó las 81.000 unidades reajustables, algo menos de cuatro millones de dólares al valor actual. Era dinero que la cooperativa iría devolviendo, algo que nunca sucedió porque las casas no se ocuparon.
Ahora hay juicios cruzados entre las partes y reclamos de responsabilidades. Por un lado está la empresa que vendió el modelo de construcción y los materiales, por otro el instituto que asesoró a la cooperativa y además el ministerio.
“Una estafa, porque eso fue lo que pasó: nos mintieron”, cuenta Paula Tejeira en el terreno. “Nos llevaron y nos mostraron los supuestos materiales, que no eran inflamables y que eran aislantes”. Su hermano se fue de la cooperativa, pero ella sigue. “En realidad es más por mi padre, él falleció, y no quiero que todo el trabajo y todas las horas que él puso queden en la nada”, dice. Su padre era obrero de la construcción y, como muchas familias, comenzaron en la cooperativa usando el beneficio de la vivienda sindical del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca), que les dio 140 unidades reajustables, un poco más de 6.000 dólares, para iniciar. El resto de la obra se financiaba a 25 años.
Todas las casas tienen dos plantas: hay viviendas de uno, dos, tres y cuatro dormitorios. Todas tienen balcones, porches de entrada y aleros en la parte trasera. “Son casas lindas, no son construcciones iguales a todas, además nosotros teníamos la novedad de que era la primera vez que se hacía este sistema en Paysandú”, cuenta Tejeira. Las viviendas están pintadas de un color entre amarillo y crema y, aunque de cerca se nota su estado, desde lejos resaltan por su tamaño y por el espacio que hay entre ellas. Estaba pensada la construcción de muros para separar, y cada casa iba a tener la entrada para un vehículo.
Pero eso nunca pasó. “Mientras elegíamos los colores de las puertas, empezamos a notar los problemas”, recuerda Hugo Betty, presidente de la cooperativa. Eran grietas que se abrían en las paredes externas e internas. En ese momento les dijeron que se trataba de inconvenientes menores y que las rajaduras podían solucionarse con una pintura especial, arena fina y cal. “Pero eso estaba visto que no podía ser así”, dice Betty.
La obra estaba entonces en un 93% de avance. La arquitecta que asesoraba a la cooperativa buscaba apurar los últimos trabajos para firmar el fin de obra y que las familias pudieran ingresar. Pero, ante el avance de las rajaduras y otros deterioros que comenzaban a observar, los cooperativistas toman otra decisión.
“Ahí la cooperativa democráticamente decidió que no se podía ingresar”, dice Pablo Rivera, actual secretario de la cooperativa y obrero de la construcción. “Si hubiéramos seguido, hoy estaríamos adentro y se nos estarían cayendo los pedazos en la cabeza”, plantea Betty.
Esta fue una buena elección, dice hoy Milton Machado, director nacional de Vivienda. A diferencia de lo que pasó con una cooperativa de Fray Bentos, construida con el mismo sistema y que presenta los mismos problemas estructurales, donde los cooperativistas decidieron ingresar a vivir. Machado es una de las autoridades que está ahora en diálogo con los cooperativistas. “Nosotros no podemos dejar a la gente tirada”, afirma. Cualquier acuerdo entre las partes debe ser homologado por un juez.
Para negociar con el gobierno, la cooperativa tuvo que pedir un impasse a la justicia. José Iglesias, abogado de la cooperativa, cuenta que “golpearon todas las puertas que había por golpear, el inicio del proceso judicial fue la última herramienta”. La demanda se presenta en un único proceso y busca determinar las responsabilidades de cada una de las partes. Según explica, durante el juicio aparecen responsabilidades cruzadas: el ministerio señala al Instituto de Asistencia Técnica CET-PVS (Plan de Vivienda Sindical), el instituto apunta a la empresa y la empresa atribuye responsabilidades al instituto y al ministerio.
El abogado sostiene que los informes incorporados al expediente muestran problemas en las estructuras. “Nadie puede garantizar que esas viviendas puedan mantenerse en pie mucho tiempo”, afirma.
Ladrillos de espuma plast
El sistema no tradicional Crupe se basa en una estructura de perfiles de acero galvanizado liviano. Sobre esa estructura se colocan placas de yeso y, entre ellas, se proyecta un material que funciona como relleno y conforma las paredes. El sistema se presenta como una alternativa más rápida y económica.
Pero según las investigaciones realizadas, el material contenía una cantidad de yeso incompatible con la estructura metálica. Y ahí es que se generó el problema estructural.
Parte de ese material “novedoso”, usado para rellenar las paredes, está caído a los costados de las viviendas. También se lo puede tomar con facilidad de la estructura de las casas. Haciendo la mínima presión para sostenerlo, se deshace: sale un polvo blanco con un poco de portland y el resto es una cantidad enorme de pelotitas de espuma plast.
Los cooperativistas resumen lo ocurrido con una frase: “Nos vendieron gato por liebre”. Según sostienen, el material que originalmente se les presentó no fue el mismo que finalmente se utilizó en las viviendas. El producto utilizado en la obra habría provocado la corrosión de la estructura metálica, que luego se expandió y terminó desencadenando los problemas que hoy presentan las casas. La composición de ese material y cómo llegó a utilizarse en la construcción son el nudo del problema.
Según relatan, el material llegó en bolsas sin una identificación detallada de su composición. La cooperativa lo utilizó de acuerdo con las indicaciones recibidas y lo incorporó a una máquina proyectadora, que sería algo así como una hormigonera en el sistema tradicional. Con el paso del tiempo, los cooperativistas sospecharon que hubo un cambio en la composición del material utilizado.
Ellos aclaran que no pueden afirmar cuál es exactamente la causa ni quién tomó esa decisión. Pero sostienen que recibieron información extraoficial que apunta a un cambio de material.
El informe técnico elaborado por el instituto técnico apunta a la “hipótesis del yeso” como una de las claves para explicar el deterioro de las viviendas. Durante los análisis se detectó que el mortero utilizado por Crupe contenía yeso, un material incompatible con el acero galvanizado y que favorece la corrosión.
La investigación incluyó análisis químicos y la construcción posterior de otras cooperativas con un mortero diferente, sin yeso. En esas obras no se registraron problemas similares. Para el instituto, estos resultados respaldan la hipótesis de que la composición del mortero utilizado en Covioc tuvo un papel determinante en la corrosión y el deterioro de las estructuras.
Machado, el director, dice que los estudios realizados por el Ministerio de Vivienda concluyen que las viviendas no pueden ser recuperadas mediante refuerzos y que, en las condiciones actuales, deben ser demolidas. Además no está bien realizada la compactación de la tierra, por ende no se puede construir sobre esos cimientos. Las investigaciones determinaron que se utilizaron materiales diferentes de los que estaban documentados para el sistema constructivo. “Se sustituyeron materiales por otros, eso está claro”, sostiene Machado. Algo que también respaldan las investigaciones del instituto que asesoró a la cooperativa.
Todos contra todos
Otro cuestionamiento de los cooperativistas apunta al seguimiento de la obra. Según relatan, el contrato establecía que la empresa encargada del sistema constructivo debía brindar asesoramiento durante el proceso. Sin embargo, aseguran que ese acompañamiento prácticamente no existió: “Vino dos veces en todos los años que estuvimos construyendo”, cuenta Rivera, el secretario de la cooperativa. Se refiere a José Luis Gómez Sabatino, quien en LinkedIn se presenta como General Manager de CRUPE Systems Americas y a quien los cooperativistas señalan como “el gran vendedor”, pero también como alguien que no cumplió y dejó de responderles. Para los cooperativistas, “desapareció del mapa”. El País intentó ubicarlo pero no lo logró. La empresa se encuentra en proceso de disolución.
Según explican las familias, tuvieron que hacerse cargo de los gastos de traslado y alimentación del técnico cuando concurría a la obra. Ante la falta de supervisión, muchas de las dudas sobre la utilización de los materiales se resolvían mediante llamadas telefónicas. “Acá íbamos haciendo a los ponchazos como podíamos”, afirma Rivera.
Y sostiene que el problema no era solamente la ausencia de asesoramiento de la empresa, sino también la falta de controles sobre los materiales. “El control que hubo que tener no existió nunca. Ni de parte de la empresa ni de parte del ministerio; de nadie”, afirma.
Desde el Instituto de Asistencia Técnica CET-PVS, la explicación apunta a otro lugar. En una entrevista con La Diaria, el arquitecto Pablo Antonaz dijo que las cooperativas adquirieron un sistema constructivo que estaba habilitado por el Ministerio de Vivienda y que el instituto elaboró el proyecto utilizando ese sistema, que incluía los cálculos estructurales y los detalles técnicos. El sistema contaba con un Documento de Aptitud Técnica (DAT) otorgado por el ministerio, es decir, este modelo se podía elegir y utilizar.
Según pudo saber El País, el instituto apunta a la responsabilidad del ministerio en la autorización de este sistema.
El Instituto de Asistencia Técnica es el equipo de profesionales que acompaña a una cooperativa de vivienda durante todo el proceso. Está integrado por especialistas de distintas áreas -como arquitectos, ingenieros, abogados, escribanos y asistentes sociales- y brinda asesoramiento técnico, jurídico y social.
El ministerio, en tanto, coloca parte de la responsabilidad en la ejecución de la obra. El director nacional de Vivienda explica que los sistemas constructivos no tradicionales requieren un seguimiento técnico especialmente intenso.
A diferencia de una construcción tradicional, donde existe un conocimiento extendido sobre procedimientos como levantar una pared de ladrillos o ejecutar una estructura convencional, estos sistemas requieren indicaciones específicas. Por eso, Machado considera que el instituto técnico también tiene responsabilidad en el seguimiento, asesoramiento y control de la obra. “Si ellos consideraban que no podían asesorar, lo tendrían que haber planteado antes”, dice.
La exministra de Vivienda Cecilia Cairo, quien también ocupó otros cargos en el ministerio, dice que la construcción se desarrolló bajo la órbita de la cooperativa y el instituto, que debía controlar la correcta utilización del sistema. Cuando integraba la comisión de Vivienda como diputada, recomendó a los cooperativistas recurrir a la Justicia y, ya como ministra, impulsó un diálogo y la realización de un peritaje. Cairo sostiene que en Covioc hubo una mala ejecución.
La Justicia deberá determinar qué ocurrió con los materiales, cómo se ejecutó la obra y qué responsabilidad corresponde a cada una de las partes.
Luchar por el techo propio
Para las familias que integran la cooperativa, la espera se mide en mudanzas, alquileres, muebles perdidos, niños que crecieron esperando una habitación propia y personas que murieron sin llegar a conocer las viviendas que ayudaron a construir.
Pamela Blanco ingresó a la cooperativa cuando su hija menor estaba por cumplir siete años. Hoy la niña ya creció y la familia continúa sin una vivienda propia. En estos años tuvieron tres alquileres y varias mudanzas. “Nos mudamos, perdimos un montón de cosas de acá para allá”, cuenta. A eso se suma el dinero que la familia continúa destinando al alquiler y a los gastos de la propia cooperativa.
Entre las 20 familias que permanecen en la cooperativa hay madres solas, padres solos y hogares que quedaron incompletos durante estos años.
Algunos entienden que abandonar el predio podría debilitar todavía más la posición de la cooperativa. “Si nosotros nos vamos, acá se mete gente que no le importa si se le cae el techo arriba”, plantea alguien. Pero hay otra razón para quedarse: no quieren que todos los años de trabajo terminen en la nada.
Para algunas familias, la decepción también alcanzó a los niños. Una de las integrantes recuerda el momento en que, junto a su hijo, miraba las viviendas pensando que finalmente estaban cerca de mudarse. Poco después tuvieron que explicarle que no iban a vivir allí.
Son años de reuniones, viajes de diez horas a Montevideo, pedidos constantes para salir antes del trabajo, trámites, abogados, asambleas y puertas golpeadas en busca de una respuesta.
El desgaste llegó incluso a las relaciones entre los propios socios. Las discusiones por los gastos, las guardias, el mantenimiento del predio y las distintas posiciones sobre qué hacer con las viviendas fueron erosionando la convivencia. Una de las integrantes reconoce que muchas veces piensa en abandonar. “Pensamos en tirar la toalla y decir: ‘No, no vamos a llegar a nada’”.
Por eso, aunque no todos imaginan la misma salida, hay algo que comparten: quieren que exista una definición. Algunos creen que las viviendas deben demolerse y comenzar de nuevo. Otros están dispuestos a escuchar las alternativas que pueda plantear el ministerio.
El director de Vivienda asegura que el ministerio busca una solución que permita resolver la situación sin obligar a las familias a esperar el desenlace del proceso judicial: ubicarlas en viviendas vacías en otras cooperativas. La solución deberá ser homologada por la Justicia.
Caso parecido en Fray Bentos
La historia de la Cooperativa Covioc de Paysandú tiene un antecedente muy cercano en Fray Bentos. Allí, otra cooperativa construida con el mismo método no tradicional Crupe decidió ocupar sus viviendas pese a las fallas que ya presentaban, y sus integrantes también terminaron en la Justicia.
Se trata de Covisin 6, integrada por 40 familias. Las obras comenzaron en 2017 y las primeras fallas aparecieron en 2019. En el complejo se detectó la oxidación del acero galvanizado utilizado en la estructura de las casas. Un estudio encargado por el Programa de Vivienda Sindical a la Facultad de Química de la Universidad de la República concluyó que el problema estaba relacionado con el uso indebido de yeso para rellenar los marcos.
A diferencia de lo ocurrido en Paysandú, donde las familias nunca llegaron a ocupar las viviendas, los cooperativistas de Fray Bentos decidieron ingresar al complejo. El deterioro de las construcciones continuó y, después de meses de negociaciones con el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT), resolvieron recurrir a la Justicia para reclamar una indemnización por las fallas edilicias.
El caso también fue uno de los antecedentes considerados por el ministerio cuando el método Crupe comenzó a presentar problemas en Uruguay. La cartera no renovó la habilitación de la empresa permisaria, que finalmente fue disuelta en 2020.
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