FNR alerta que la Justicia condena a pagar fármacos de alto costo "sin evidencia" de resultados para pacientes

El pedido del virólogo Gonzalo Moratorio de obtener fármacos de alto costo a través de un recurso de amparo reavivó el debate sobre las barreras que enfrentan los pacientes para acceder a tratamientos, la judicialización creciente para obtenerlos, los montos millonarios que cobran los laboratorios por algunos remedios y el desafío del Estado para garantizar el derecho a la salud al mismo tiempo que mantiene la sostenibilidad del sistema.

Con el caso Moratorio, el acceso a medicamentos y procedimientos de alto costo por la vía judicial es un tema que resultó nuevo para algunos, ya que el amparo lo pidió una figura conocida. Sin embargo, lo cierto es que este asunto se analiza desde hace más de una década en el sector salud, dado que los reclamos son cada vez más frecuentes. En 2025, hubo un récord de 2.120 juicios de amparo, tal como informó recientemente El País.

Pero fue Moratorio quien dividió las aguas en los últimos días. Mientras algunos valoraron que el Estado debe otorgarle lo que requiera como gesto a su labor científica en pandemia, otros plantearon que debe cubrir al menos una parte de los fármacos solicitados, que cuestan US$ 30.000 al mes.

El recorrido que ha seguido Moratorio para tratar su tumor cerebral agresivo fue el mismo que el de miles de uruguayos para obtener una terapia de alto costo que no cubre el sistema de salud, que cuenta con el Fondo Nacional de Recursos (FNR). Este brinda a la población un catálogo de tratamientos, pero para determinadas patologías y bajo ciertas condiciones, lo que deriva en que sean muchos los pacientes que recurren a la Justicia.

Foto: Estefanía Leal.

La opción del amparo se abre cuando un médico le indica a su paciente un fármaco o técnica de alto costo que no está cubierto en la canasta común de prestaciones (PIAS), o en el Formulario Terapéutico de Medicamentos (FTM), la lista positiva de remedios que deben cubrir las instituciones.

Primero se pide el tratamiento al FNR, al Ministerio de Salud Pública (MSP) o al Banco de Previsión Social (BPS). El MSP respondió a Moratorio, como en otros casos, que “no cuenta con atribuciones legales para suministrar medicamentos de forma directa”. El FNR, también como es usual, le contestó que por normativa solo puede cubrir “tratamientos que se encuentran dentro del PIAS, e incluidos en las normativas de cobertura vigentes”.

Ante la imposibilidad de obtener los tratamientos por otra vía, los pacientes inician los amparos, generalmente contra el MSP y el FNR. Salud Pública suele ser condenado. Los fallos en primera instancia son sin efecto suspensivo, por lo que se deben cumplir al inicio; es decir, el Estado debe pagar el medicamento. Si el organismo apela, como es habitual, un tribunal resuelve si el tratamiento continúa o no -esta es la etapa que aguarda Moratorio-.

Alicia Ferreira, presidenta alterna del FNR y adjunta a la ministra Cristina Lustemberg, dijo a El País que los jueces condenan a favor de tratamientos “sin evidencia” de que vayan a dar resultado en los pacientes, y que el Estado luego debe comprar medicamentos por precios “escandalosos”.

Foto: Archivo El País

“Hay algunos laboratorios que se han especializado en salir a comprar al exterior. Entonces, uno de esos laboratorios nos dice: ‘Traigo este medicamento en una semana, pero cuesta US$ 50.000’. El otro dice: ‘Traigo este medicamento en un mes, pero cobro US$ 15.000’. Son datos reales. La diferencia de precios es escandalosa”, dijo.

Ferreira consideró que el sistema de salud está “en riesgo” ante la suba de los amparos. “El dinero de los amparos, del FNR, de los prestadores, de las cuotas de las mutualistas, todo sale de Rentas Generales. Cuando sacás plata de un lado, te queda menos para otra cosa, porque la sábana es corta”, añadió.

Ferreira enfatizó que “todos” los pacientes tienen derecho a presentar una acción de amparo, porque tienen derecho a hacer “todo lo posible” por vivir más tiempo. “Lo que pasa es que hay un enorme dilema ético porque la persona tiene el derecho a recibir el tratamiento que requiera. Pero, a su vez, el Estado tiene que cumplir con la ética sanitaria, que es brindar atención a la salud para todas las personas, porque nuestro sistema es universal”.

Foto: Estefanía Leal.

“¿Cuál es el dilema?”, se preguntó Ferreira, y enseguida contestó: “En la medida que el gasto del Estado es tan grande, tan enorme, en esas acciones individuales, se da una situación que lleva a que el MEF nos diga: ‘Si estamos gastando todo el tiempo en esto, yo no les puedo dar plata para incorporar cosas al FNR o a los prestadores’. Y esto pasa en un contexto en que la ministra quiere incorporar 300 tratamientos de todos los días, por los que no se hacen amparos, pero la gente paga muchísimo de su bolsillo”.

“Cuando el Poder Judicial condena al MSP y al FNR a comprar un medicamento o a pagar un procedimiento que no fue evaluado y presupuestado, está obligando al Estado a realizar un gasto que no está planificado y a entregar un medicamento que no fue evaluado en su efectividad”, dijo por su parte Lustemberg esta semana en el Senado. Y alertó: “De no encontrar alguna solución, el sistema de salud puede colapsar financieramente”.

En dinero, la cobertura de medicamentos propia del FNR para 14.000 pacientes fue una cifra menor a la de unos 2.000 que fueron por amparos, cuyo costo bordea los US$ 150 millones por año. “Esto ocurre porque los precios de los medicamentos reclamados son excesivamente altos; son precios realmente abusivos y son mayores cuando el medicamento no se encuentra en el país, situación que ocurre en el 33% de las demandas”, añadió Lustemberg.