El recurso de amparo que presentó esta semana ante la Justicia el científico Gonzalo Moratorio para acceder a medicamentos de alto costo para tratar su tumor cerebral no es un caso aislado. El año pasado, hubo más de 2.000 juicios para acceder a tratamientos que no están cubiertos por el sistema de salud, cuestan miles de dólares al mes, y si no fuera por esta vía no se podría acceder a ellos.
Los juicios de amparo para acceder a costosos tratamientos volvieron a subir en 2025, cuando se llegó a una cifra récord, según datos que expuso el 21 de abril la directora general del Fondo Nacional de Recursos (FNR), Viviana Domínguez, en la jornada académica “Sistema Nacional Integrado de Salud: financiación y futuro”, organizada por la Universidad de la Empresa (UDE).
Domínguez comenzó destacando las virtudes del FNR, creado hace 45 años, pensado para brindar tratamientos de alto costo, considerado una rareza a nivel regional e internacional, que tiene un presupuesto de US$ 538 millones al año. El 69% se destinó en actos médicos, el 29% en medicamentos, y 2% en gastos de administración.
“Muy bien estos 45 años, pero lo difícil es mantener esta sostenibilidad con el caudal que tenemos de dinero, y la innovación y desarrollo que viene. Ese equilibrio es difícil y tenemos que ser muy fuertes. No solamente en el FNR, sino en la priorización global en el sistema”, sostuvo la jerarca respecto a los desafíos.
“Tenemos que pensar bien cómo hacemos para que el FNR siga varios años más funcionando como hasta ahora. Uno de los riesgos que tenemos que ver como mitigar la judicialización de la medicina, principalmente en los últimos 10 años”, agregó.
La directora expuso la suba progresiva, e ininterrumpida, de los juicios de amparo para acceder a tratamientos, que suponen la vida o la muerte para muchos pacientes. En 2025 hubo 2.120 juicios de amparo, una cifra superior a lo reportado en 2024 (1.984), en 2023 (1.628) y en 2022 (1.426). También resulta el doble de lo registrado en 2021 (1.024), y el triple o más frente a 2020 (782), 2019 (540) y 2018 (204).
El FNR ofrece un catálogo con ciertos fármacos y tratamientos, para algunas patologías, y bajo ciertas condiciones, lo que deriva en que haya pacientes que recurran a la Justicia. Ya sea para acceder a nueva medicina no incluida en el catálogo de prestaciones del sistema de salud, o buscando un tratamiento que está en la canasta pero no está indicado para una enfermedad.
El acceso de los fármacos por la vía judicial implica que tanto el FNR, como el Ministerio de Salud Pública (MSP) y/o el Banco de Previsión Social (BPS), los tres organismos demandados, en conjunto o por separado, deban proveer el tratamiento al paciente en 24 horas, tal como establece la Ley 16.011, de recursos de amparo.
A su vez, la premura de cumplir con las sentencias supone para los organismos públicos salir a conseguir de apuro la medicina requerida, con precios que si no están acordados previamente los impone la industria médica mediante una regla de oferta y demanda. Esto se traduce en un desembolso millonario cada año.
“El gasto en cobertura por judicialización el año pasado fueron US$ 152 millones, igual que el gasto que tenemos en la cobertura que fuimos ampliando año a año hace 45 años en medicamentos”, dijo Dominguez. “Es una alerta, una alarma, ver cómo vamos entre todos a seguir resolviendo este tema”, añadió.
El 77% de los juicios en 2025 fueron por medicamentos de alto costo, y el 23% por actos o dispositivos médicos, al revés de lo que ocurre con la demanda del catálogo propio del FNR. Las tres prestaciones más demandadas fueron el Pembrolizumab (255), Bevacizumab (94) y Nivolumab (79).
La demanda de estos juicios está más concentrada entre usuarios de mutualistas, con una tasa de 0,74 amparos cada 1.000 afiliados, más del doble de aquellos que se asisten en seguros privados (0,35), y en ASSE (0,32). La cobertura por amparos se extiende por el tiempo que así lo requiera el paciente.
“Es mi vida”
El periplo de quienes descubren una enfermedad, y en el medio deben recurrir a un amparo para recibir el tratamiento que les recomienda su médico no es sencillo, coincidieron Julieta Prieto y Stefhanie Dutra a El País. Ambas recibieron el diagnóstico de cáncer de mama, el de mayor incidencia y mortalidad entre las mujeres uruguayas.
Julieta tiene 28 años y en julio pasado, a un año de ser madre, notó un bulto en un seno y una molestia. Consultó al médico y le diagnosticaron un cáncer de mama triple negativo, agresivo, que se registra en un 10% de estos casos, y es más probable que sea recurrente. “Fue un shock muy fuerte para nosotros como familia”, contó.
Ante el riesgo de una metástasis, su oncóloga le indicó sesiones de quimioterapia, y al mismo tiempo que gestione un amparo con un abogado para iniciar al poco tiempo del procedimiento una inmunoterapia, para reforzar su sistema inmunológico para combatir al cáncer.
La inmunoterapia ordenada fue con Pembrolizumab, un fármaco que si bien está en el catálogo del FNR, no estaba disponible para su caso, por lo que debió recurrir a un amparo, patrocinada con el abogado Facundo Briz.
“A un mes de haber comenzado la quimioterapia, empecé con la inmunoterapia. Fue todo muy ágil”, destacó sobre la obtención de un fármaco, que cuesta entre US$ 9.000 y US$ 12.000 por sesión, que recibe cada 21 días.
“En ese momento, obviamente, lo que menos le importa en cierta forma es lo económico, pero también la realidad es que si no tenés cómo sustentar eso, no te curás”, marcó sobre el costo del amparo, y de los estudios en su mutualista que llegaron a $ 28.000.
Luego pasó por una cirugía y radioterapia, cuando le indicaron que estaba en remisión. “Yo ahora estoy sana, no tengo más cáncer”, destacó Julieta, quien destacó el respaldo de toda su familia durante el proceso.
Ahora mantiene la inmunoterapia por un tiempo más y controles estrictos. “Yo salgo a correr. Más allá de las quimioterapias, que fue el proceso más difícil, a los tres o cuatro días salía a trotar y eso me ayudó mucho en la recuperación”, remató Julieta.
En el caso de Stefhanie, de 41 años, le diagnosticaron un cáncer de mama en 2022 tras notar, al igual que Julieta, que tenía un bulto y un dolor en un seno. “Era como una bolita muy dura, como un carozo de aceituna, y consulté enseguida”, recordó, quien destacó la importancia de la autoexploración.
A un mes de su consulta, ya la habían operado por el cáncer de mama, lo que fue un “golpe fuertísimo” para ella. Empezó con quimioterapia, radioterapia e inmunoterapia, y su cuadro fue mejorando.
“Venía bien” hasta que tiempo después le encontraron un nódulo muy pequeño en el pulmón, que resultó ser una metástasis del cáncer de mama, que hoy padece. “No sabían cómo decirme, fue un proceso difícil”, agregó, así como destacó el apoyo de su entorno.
Tras un esfuerzo de su familia logró viajar a San Pablo (Brasil) para hacer una interconsulta en el Hospital Sirio – Libanés, donde se hizo múltiples estudios, y dieron con que necesitaba una triple medicación, “muy cara”, que cuesta US$ 30.000 por mes. “Es algo que creo que ni siendo millonario se podría pagar, y es mi vida”, señaló.
Si bien el FNR le brinda Fulvestrant, debió hacer un amparo para recibir Palbociclib e Inavolisib. El proceso no fue fácil porque hubo cuestionamientos desde el FNR, pero ganó el juicio hace días y ahora aguarda la medicación. El proceso tendría que ser “un poco más accesible” y el tratamiento llegar “más rápido”, aseguró.
“Yo tenía mucha fe de que el juez fuera a fallar, porque si no me estaba quitando la posibilidad de vivir. ¿Cómo hago yo para poder acceder a esa medicación? Es muy difícil, y triste también. Te da un poco de angustia, pero hay que ser fuerte”, dijo.
“Con el tema del FNR y los recursos de amparo, sinceramente, veo que una persona que tenga un ingreso mínimo, si no tiene hijos o alguien que lo ayude, no puede acceder”, señaló Stefhanie.
“Cuando vi lo de Gonzalo Moratorio le escribí a su Instagram. Le puse que estábamos en el mismo barco, que arriba. Es algo complicado. Pero él tiene mucha fe, y yo también”, remató.