Cipriani afirma que buscan "pegarle al gobierno de Lacalle Pou" con denuncia penal por presuntas irregularidades

Leonardo Cipriani, expresidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) entre 2020 y 2024, fue denunciado penalmente por el directorio liderado por Álvaro Danza, tras constatar supuestas irregularidades en la contratación de la empresa de traslados ITHG por parte de SAME 105 entre 2022 y 2024, así como en los convenios con el Casmu y el Círculo Católico, y la gestión del Hospital de Treinta y Tres.

“Esto es un ataque netamente político. Estamos ante un gobierno que desgraciadamente quiere tratar de desprestigiar al gobierno anterior tirando relatos”, apuntó Cipriani a El País, en línea con lo que declaró el anterior directorio en una carta. “Están queriendo generar un humo de que hubo irregularidades y corrupción”, destacó el exjerarca.

“Cada vez más se denota el perfil político de querer pegarle al gobierno de (Luis) Lacalle Pou, que en temas de salud fue exitoso. Además de afrontar la pandemia, supimos potenciar ASSE”, remarcó el nacionalista, quien volvió a trabajar al Círculo Católico tras dejar la presidencia del prestador, tras un fallido salto a la política partidaria.

“Estamos sumamente tranquilos y también tenemos confianza en nuestros funcionarios jerárquicos de la institución”, agregó Cipriani, en relación a las supuestas irregularidades en varios asuntos de su gestión que surgieron en auditorías y una investigación administrativa.

Cipriani apuntó contra el actual directorio (Danza, Daniel Olesker, Marcela Cuadrado, Jorge Bentancur y Gustavo Gianre), que votó por unanimidad radicar una denuncia penal contra él y el resto de la cúpula anterior (Marcelo Sosa, Julio Micak, Pablo Cabrera y Natalia Pereyra), tal como informó El Observador.

“El directorio actual de ASSE no viene haciendo otra cosa de lo que nosotros dejamos hecho. “¿Ya llevan un año de gestión y que han cambiado? En el primer año se le murieron ocho personas por frío, cuando a nosotros eso nunca nos pasó”, arremetió. "Se están galardonando con los tomógrafos. Los dejamos comprados nosotros", agregó. "Se galardonan con el convenio del Cudim, cuando lo iniciamos nosotros", insistió.

“No están preparados para el cargo, no conocen la institución, no conocen la gestión”, apuntó Cipriani contra el actual directorio. El exjerarca destacó que en su directorio había tres representantes de la coalición republicana, y dos representantes sociales “excelentes compañeros”, ambos de “afiliación frenteamplista”. “Este es un directorio que empezó el primer año solo con los tres políticos, y después pusieron dos miembros más, que también son dos frentistas. O sea, es un directorio netamente político”, apuntó.

Danza dijo este viernes en rueda de prensa en Maldonado que hubo una auditoría que derivó en una investigación administrativa “extensa” y con “todas las garantías”, que arrojó “presuntas irregularidades”, como “ausencia de controles” y “modificaciones de algunos convenios sin los debidos avales instituciones”, en la anterior gestión. A partir de allí, se instruyeron sumarios a funcionarios públicos, y una denuncia penal a quienes no lo son.

La compra de traslados de la emergencia de ASSE (SAME 105) a ITHG —actual UTAM—, una firma creada en plena pandemia, fue fuertemente cuestionada por el Frente Amplio cuando era oposición, pese a que siguió contratando sus servicios en la actual gestión.

Tras una auditoría de ASSE con respecto a las compras a ITHG, que marcó pagos por encima del mercado, desvíos de un 700% de la pauta y hasta el pago de viajes cancelados, una investigación administrativa posterior arrojó que no hubo un procedimiento “competitivo”, y que la firma recibió un 97% del gasto de SAME 105.

También se marcó que hubo compras de traslados por $ 2.000 millones, todas observadas por el Tribunal de Cuentas (TCR), y sin una “regularización” correspondiente, sino con una “pasividad” frente a advertencias “reiteradas”. Así como que hubo un “fraccionamiento ilegítimo” del gasto para que se encuadre bajo compra directa, cuando correspondía una licitación pública, algo considerado como “falta grave”.

Un informe de Jurídica marcó que la “reiteración” de las observaciones al TCR, así como la “eventual afectación” del erario público con dichos montos derivaron en una denuncia penal contra los integrantes del directorio anterior frente a una supuesta falta de controles.

Consultado al respecto, Cipriani dijo que aguarda ver toda la auditoría e investigación que ponderó el directorio, pero puntualizó que bajo su gestión ITHG representaba un 26% del presupuesto en traslados, y no era la única empresa. “Nos tenemos que acordar que ITHG se contrató cuando estábamos en plena pandemia y que no había unidad de traslados”, dijo.

“Siempre hicimos procedimientos de llamado a precio previo”, agregó. Y también marcó que hubo licitaciones y un convenio marco para traslados en su gestión, que no prosperaron por observaciones del TCR.

“Las tres licitaciones las había ganado ITHG. O sea, si alguien del directorio hubiera querido beneficiarla, por ejemplo, hubiéramos levantado la observación y lo hubiéramos hecho, y no fue así”, remarcó. “Es una empresa que sigue trabajando hasta la actualidad, ¿no? no sé qué tan irregular será...”, añadió.

La investigación administrativa también marcó supuestas “modificaciones” a los convenios de ASSE con el Círculo Católico y Casmu, para la contratación de estudios y camas de CTI y cuidados moderados, por parte del exgerente financiero, Juan Behrend, y del titular de SAME 105, José Antonio Rodríguez, que fueron sumariados. Ambos, además, fueron señalados por la supuesta “intención de flexibilizar las exigencias hacia ITHG” en sus roles.

“Nosotros tenemos una tranquilidad brutal. Sabemos que procedimos de la manera más honrada que hay”, retrucó Cipriani sobre la contratación de camas a Casmu, Círculo Católico “y Fepremi”. “Ellos están asustados con este tema con la contratación al Casmu, pero lo siguen contratando de la misma manera, y más todavía”, agregó.

El exjerarca planteó que una cama en hospitales de ASSE costaba unos $ 80.000 por mes, y mediante el convenio con Casmu y Círculo Católico bajó a $ 45.000 por mes, con una modalidad de camas fijas mensuales de uso exclusivo de tarifa plana, y no por cama ocupada por día, como antes. “No hay ninguna violación del Tocaf”, agregó.

El cambio de modalidad “implicó un aumento exponencial del gasto”, marcó, no obstante, la investigación administrativa. Cipriani apuntó que volver al sistema anterior supone que las instituciones “van a vender lo residual” de camas a ASSE.

Por otro lado, la investigación administrativa arrojó “debilidades” en el contralor del cumplimiento de las prestaciones en el convenio de ASSE con Casmu para el Hospital de Treinta y Tres. Entre varias situaciones, se indicó que figuraban en planilla especialistas diferentes a los que atendían y “dificultades” en la categorización de actos quirúrgicos, con un impacto económico.

“Teníamos un CTI arriba del 90% de ocupación, y de 14 cirugías por mes, pasaron a ser 90. Teníamos consultas de urología y de todos los servicios que hasta venían de otros hospitales, como Rocha y Melo para atenderse ahí. Después si hubo o no en el hospital una planilla que faltó o no, te puedes imaginar que nosotros ahí no podemos llegar a ese nivel”, agregó Cipriani.