El desafío de "credibilidad" que enfrenta el gobierno ante inversores, tras acumulación de planteos desde el FA

Reivindicaciones de una agenda propia de parte de sectores como los partidos Comunista y Socialista han puesto en aprietos al Ejecutivo a la hora de responder inquietudes empresariales.

Acto del Frente Amplio
Acto del Frente Amplio en la Plaza Lafone de La Teja, Montevideo.
Foto: Ignacio Sánchez

En pleno fragor del segundo año de gobierno, cuyos principales actores ya definieron que tendrá como principal característica “concretar” las propuestas programáticas, el Poder Ejecutivo continúa arrastrando una dificultad con la que ya lidiaba en la campaña de 2024, y que en realidad ha estado presente, como un fantasma persistente, cada vez que la coalición de izquierda se aprontó para llegar al poder: una desconfianza innata de algunos inversores con la orientación económica que llevaría adelante el Frente Amplio al momento de ponerse al frente de la administración pública. No por cuestiones que afecten la macroeconomía, donde hay coincidencia en la estabilidad y rumbo que debe seguir el país para captar inversiones entre los principales partidos políticos, sino por propuestas puntuales y casi siempre vinculadas a impuestos.

La inquietud estuvo presente en el último año electoral, marcado además por un plebiscito que promovía la eliminación de las AFAP, fijaba la edad de retiro en 60 años y ataba los salarios mínimos con las jubilaciones más bajas, y que había dividido las aguas en la interna del Frente Amplio. El entonces candidato Yamandú Orsi, y el hoy mayoritario sector de la coalición de izquierda, el Movimiento de Participación Popular (MPP), buscaron de inmediato responder al mercado con la clara señal que representaba el anuncio de Gabriel Oddone -exsocio de CPA Ferrere- como futuro ministro de Economía. La resistencia a su figura de parte de los sectores más radicales del actual partido de gobierno, como los partidos Socialista o Comunista, no hicieron más que reforzar ese mensaje que el equipo de Orsi buscaba transmitir en momentos de incertidumbre.

Una vez en la Torre Ejecutiva, y luego de un primer capítulo de gestión que significó analizar la “herencia” fiscal del anterior gobierno y cuestionar el estado de las finanzas públicas -lo que a criterio del Frente Amplio supuso un punto de partida mucho más crítico del que imaginaban-, el gobierno de Orsi y la cúpula del MPP percibieron que algunos sectores de su fuerza política comenzaban a construir una agenda por fuera de la oficial, en parte recogiendo un malestar extendido en las bases y militancia de la izquierda -disconformes con el rumbo de los primeros meses de la nueva administración frenteamplista-, y otro tanto por entender que se trataba de una forma de marcar un perfil propio.

Los planteos en este sentido han sido variados, pero el que se llevó gran parte de los focos fue la propuesta de gravar al 1% más rico para financiar las políticas de primera infancia. La complejidad de esta propuesta reside en que, con el respaldo de los comunistas (y también de socialistas), se ha convertido en un reclamo insistente que, además de usar el Parlamento como escenario, se manifiesta también desde la plataforma del Pit-Cnt, en cuya conducción el PCU tiene predominio.

Yamandú Orsi junto a Gabriel Oddone en conferencia de prensa.
Yamandú Orsi junto a Gabriel Oddone en conferencia de prensa.
Foto: Estefanía Leal

Pero ese planteo no fue una excepción, lo que ha obligado en este tiempo al gobierno de Orsi a dar distintas respuestas al sector empresarial y a los inversores que se han acercado a preguntar por el alcance de distintos proyectos. Los mensajes del Ejecutivo muchas veces fueron claros y públicos, como en lo referente al impuesto al 1%. Tanto Orsi como Oddone han repetido, en varias oportunidades, que eso no integra la agenda del gobierno, así como tampoco gran parte de las ideas manejadas en la Mesa Política del Frente Amplio de introducir sendas modificaciones a los tributos hoy existentes, sobre lo que Oddone, esta semana, marcó distancia al señalar que, más allá de algún aspecto puntual, “en términos de alteraciones tributarias, la agenda del gobierno está cumplida”.

Ahora bien, en privado, la consultas por todos estos temas han persistido, señalaron a El País fuentes de la Torre Ejecutiva. Y las respuestas del gobierno, si bien conceptualmente apuntan a enfatizar que estos planteos provienen de sectores que procuran “disputar” la conducción de la gestión y que por tanto no corresponden al camino trazado por el Ejecutivo, con el tiempo esas respuestas fueron perdiendo poder de convencimiento. “Nos está afectando en la credibilidad”, reconoció un jerarca de gobierno, en donde una parte importante de las preocupaciones están puestas en aumentar el crecimiento económico -exiguo, dado las actuales proyecciones- para el período.

Reunion de la Mesa Politica del Frente Amplio por emergencia hidrica
Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio.
Foto: Archivo El País

Porque por más que sean propuestas reivindicadas por sectores o dirigentes particulares, “lo cierto es que están” y eso no va a cambiar, y el “desafío” va a permanecer.

El senador socialista Gustavo González, por ejemplo, uno de los impulsores del impuesto a los más ricos, pero también de otras propuestas paralelas con potencial de generar alteraciones en el mercado (ver recuadro), recordó en este sentido que “la vida es dialéctica”, y que la incertidumbre en el mercado ya está instalada por condiciones más determinantes que el debate interno de la coalición de izquierda, como “la guerra que sigue pegando duramente” en Medio Oriente. “Que tengamos matices es parte de la historia del Frente Amplio -agregó el legislador en diálogo con El País-, por lo que eso no es algo que llame la atención”. Respecto al impuesto al 1%, subrayó que “no es cualquiera” quien lo está proponiendo: “Lo ha hecho el movimiento sindical, y algunos senadores (frenteamplistas), aunque no la mayoría, estamos de acuerdo”.

Protesta del Pit Cnt por la democracia y contra la corrupcion en el Gobierno
Gustavo González, senador del Frente Amplio.
Foto: Estefania Leal

Seguridad Social

El tema que copó la agenda de esta semana fueron los primeros esbozos de las conclusiones del Diálogo Social que trabajó desde el año pasado para proponer, en conjunto con actores de toda la sociedad civil, una nueva reforma al sistema de jubilaciones y pensiones. Como informó El País, se están proponiendo modificaciones al funcionamiento actual de las AFAP -se cortaría el vínculo directo entre los usuarios y las administradoras- y que la gente pueda jubilarse a los 60 años. Todo lo cual formó parte de las consultas que el ministro de Economía recibió en su visita a Washington, adonde fue para asistir a las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional. “La pregunta más frecuente era exactamente esta que está sobre la mesa, qué pasa con los cambios al sistema previsional”, dijo Oddone este jueves, en entrevista con En Perspectiva (Radiomundo). “Esa era la pregunta más concreta que apareció de parte de los inversores”, reconoció el jerarca, que además puntualizó: “La edad de retiro se va a mantener en los 65 años tal y como fue establecido, lo que no quiere decir que no se manejen mecanismos de jubilación anticipada”, sin que esto afecte “la sostenibilidad del sistema”.

Asimismo, sobre el nuevo rol que se buscará para las AFAP, explicó que “el sistema de gestión del régimen previsional va a seguir estando en manos profesionales”, y que “las cuentas individuales se van a mantener”. Por lo tanto -buscó tranquilizar-, aquí no hay ninguna confiscación de fondos, no hay ninguna derivación o posibilidad de uso de esos fondos para otro fin que no sea servir las jubilaciones, pero posiblemente pueda haber cambios en la organización de la industria en términos de cómo se relaciona el cliente con el proveedor comercial de ese asunto”.

Acto de cierre de campaña de Yamandu Orsi
Acto del Movimiento de Participación Popular en e cierre de campaña de Yamandu Orsi.
Foto: Estefania Leal
senador socialista

Ley de Vivienda tiene apoyo

Un proyecto de ley que ya ha recibido varias críticas empresariales -en contra ya están la Asociación de Promotores Privados de la Construcción y la Cámara Inmobiliaria del Uruguay (CIU)- es el que propone nuevos cambios en la regulación de la vivienda con el fin de prohibir los monoambientes y fijar en 35 metros cuadrado el tamaño mínimo de cualquier unidad habitacional, además de obligar a construir en todos los casos un dormitorio por separado.

La iniciativa ya fue presentada en el Parlamento, y la expectativa del senador Gustavo González, su promotor, es que entre en debate a partir de la primera semana de mayo, cuando el proyecto ingrese para su tratamiento en comisión. De momento, dijo a El País, la propuesta ha sido vista “de forma positiva” por parte de sus compañeros de bancada.

Los reclamos empresariales se centraron en rechazar la “prohibición” como principio. El vicepresidente de la CIU, Matías Medina, dijo por ejemplo días atrás que estaba “totalmente en desacuerdo” con esta propuesta y que no le veía “ningún aspecto positivo”. “¿Corresponde prohibir una tipología habitacional que cumple estándares normativos y responde a una demanda demográfica real?”, se preguntó.

En términos similares también opinó el fundador de la desarrolladora Kopel-Sánchez, Fabián Kopel, que calificó a esta propuesta de “disparate” y “tiro en el pie” para el sector.

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