AFAP: sin eliminarlas se propone licitar o asignar fondos para “incentivar competencia en rentabilidad”

Después de un silencio de parte del gobierno que dio terreno a que crecieran las críticas de la oposición, el ministro de Economía, Gabriel Oddone, dio detalles sobre las ideas que se plantean para las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP). El debate político se abrió después de que se conocieran algunas recomendaciones que saldrían del Diálogo Social, un ámbito que creó el Poder Ejecutivo para buscar consensos con sindicatos, partidos y organizaciones.

El documento del Diálogo Social será presentado de forma oficial el próximo martes ante el Consejo de Ministros. Pero Oddone hizo ayer un par de precisiones: aclaró en En Perspectiva que se propone mantener las “cuentas individuales” de ahorro, y que no habrá “ninguna confiscación de fondos” ni “posibilidad de uso de estos para otro fin que no sea las jubilaciones”. Y fue enfático: “No se eliminan las AFAP”. No obstante, “es posible que pueda haber cambios” en “cómo se relaciona el cliente con el proveedor comercial”, añadió.

Un borrador del documento del Diálogo Social, al que accedió El País —al que aún se le hacen ajustes—, explica cuáles son las recomendaciones para el sistema previsional. Se plantea ir hacia un esquema en el que las “cuentas de ahorro individual sean gestionadas de forma centralizada por un organismo público que se encargará de administrarlas, de manera integrada con las prestaciones de los restantes pilares”. Al mismo tiempo, los actores públicos y privados mantienen la “función de inversión y rentabilización” en un “mercado en competencia”.

La idea es que dicho organismo “licite o asigne los fondos (no individualizados), de manera de incentivar la competencia en rentabilidad, minimizar los costos y maximizar el retorno sujeto a un riesgo acotado”. Se aclara que “integrantes de una misma cohorte o generación obtienen la misma rentabilidad y enfrentan el mismo costo promedio”. Y que el “manejo de fondos generacionales” habilita “diferentes perfiles de inversión en función de la edad” del afiliado.

Del sistema actual, se detectó como problema que hay una “muy escasa competencia”, centrada en afiliados con poca “información que no responden a señales del mercado”. Además, “el sistema mixto no logró plasmar la noción de pilares complementarios, sino que muchas veces se presentan y perciben como componentes alternativos o incluso en competencia”, se indica.

Capítulo aparte está la edad de retiro. Primero se recuerda que en el sistema actual ya existe el retiro anticipado cuando hay una “incapacidad permanente” para trabajar o la persona se desempeña en “determinados sectores de actividades o tareas específicas que implican mayor desgaste o riesgos”. Sin embargo, se entiende que estos mecanismos existentes “no contemplan cabalmente el conjunto de contingencias que enfrentan los trabajadores”.

La propuesta es incorporar una causal de retiro anticipado que permita adelantar la jubilación a los 60 años. Pero con un sistema de tasas de reemplazo que mejora la cantidad de dinero que se recibiría por jubilación cada mes a medida que se posterga la decisión. Esto, se argumenta en el documento, “como forma de incentivar la permanencia en el mercado laboral”.

Más allá del rol de las AFAP y la edad de retiro, el borrador del Diálogo Social tiene otras recomendaciones. Hay un capítulo que se dedica a las licencias para quienes tienen hijos debido a que —se argumenta— se ha dado “un aumento sostenido de la demanda de cuidados por parte de las familias, que justifica el fortalecimiento de la respuesta pública”.

Está la idea de “continuar en la expansión del subsidio de paternidad hasta alcanzar por lo menos 30 días corridos de duración para trabajadores de la actividad pública y privada”. Para las madres, en tanto, se quiere “promover el acceso y la utilización del subsidio para trabajadoras no asalariadas, revisando el diseño para adecuarlas mejor a su realidad laboral”.

A su vez, entre las licencias parentales se propone “ampliar progresivamente la duración” para el cuidado del recién nacido para quienes estén en la actividad privada. El objetivo es que crezca “desde los seis hasta los nueve meses, estableciendo como requisito que el progenitor varón utilice al menos una cantidad a determinar de la extensión”.

Aparte, se plantean cambios para el “fortalecimiento y ordenamiento de las transferencias y servicios de educación y cuidados dirigidos” a menores de edad. Uno es la eliminación de las “condicionalidades para el cobro” de estas.

Por otra parte, en el borrador del Diálogo Social se propone un seguro por cese de actividad para personas independientes, algo que hoy no existe. Esto bajo el entendido de que “todas las personas que trabajan y cotizan a la seguridad social deben contar con una cobertura efectiva frente a los riesgos asociados a la actividad”, se explica.

Este seguro, dice el borrador, sería una prestación económica temporal que alcance, como mínimo, a trabajadores independientes que “están en situación de mayor vulnerabilidad, y posteriormente se pueda ir ampliando a otros colectivos”. Se busca empezar por los monotributistas y unipersonales sin dependientes del sector Industria y Comercio con “determinados requisitos de antigüedad y cotización”.

Otra sección del documento se dedica a la discapacidad. Se propone “analizar la creación de una prestación específica para personas menores de 18 años con discapacidad”. Esta sustituiría a la actual pensión por invalidez con el objetivo de superar las “inconsistencias” que existen en el sistema actual “derivadas de un diseño basado en la lógica de la incapacidad laboral”.

En esta misma categoría pero desde el lado del cuidador se plantea analizar alternativas para facilitar el acceso a las jubilaciones y pensiones a personas que “han realizado trabajo de cuidados o apoyos no remunerados a personas con discapacidad en situación de dependencia”.

Por último, se refiere al trabajo de las personas privadas de libertad. La propuesta es regularizarlo “con el objetivo de avanzar hacia condiciones compatibles con los estándares de trabajo decente”. Una de las recomendaciones es “revisar los distintos regímenes existentes, a efectos de asegurar que las actividades laborales realizadas reconozcan derechos laborales básicos, incorporen mecanismos de aportación a la seguridad social y permitan el cómputo de años de servicio”.