Proponen cortar vínculo entre usuarios y las AFAP con rol más protagónico del Estado; alertan por “estatización”

La edad jubilatoria y las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP), una vez más, están en el centro del debate político. Esta vez porque del Diálogo Social —ámbito que generó el Poder Ejecutivo para buscar consensos con sindicatos, partidos políticos y distintas organizaciones— se propondrán cambios sustantivos. El conjunto de recomendaciones, que abarcan más que estos dos puntos, será presentado de forma oficial el próximo martes ante el Consejo de Ministros.

A la interna del Frente Amplio todavía prefieren no adelantar la postura que adoptarán, desde la oposición ya se escuchan duras críticas y la gremial de AFAP habla de un “retroceso”.

El borrador de recomendaciones del Diálogo Social aún está siendo ajustado por el equipo de trabajo, pero según supo El País, no se establece la eliminación de las AFAP, que administran US$ 27 mil millones. No obstante, sí se planteará una modificación en el régimen de ahorro individual con un rol más protagónico del Estado.

Fuentes consultadas, que han participado directamente de las negociaciones, dijeron a El País que se va a respetar lo votado por la ciudadanía en el plebiscito de la reforma jubilatoria y no se eliminará el pilar de capitalización individual.

El mecanismo buscado, agregaron, es que haya “menos lucro” en la seguridad social y que sea el Estado uruguayo el “garante”. La propuesta plantea cortar el vínculo directo entre los usuarios y las AFAP. En ese esquema, los aportes realizados por trabajadores y empresas a lo largo de la vida laboral pasarían a ser centralizados y transferidos por el Banco de Previsión Social —o por un nuevo organismo público que se cree con ese fin.

En paralelo, las AFAP verían acotado su rol: dejarían de gestionar las cuentas individuales de los aportantes y se limitarían a la administración de los portafolios de inversión. De este modo, la relación del afiliado sería con el Estado, mientras que las administradoras operarían como gestoras financieras de los fondos, sin vínculo directo con los usuarios.

Por otra parte, en materia de edad de retiro, se buscará mejorar la tasa de reemplazo para quienes se jubilen a los 60 años y perciban menores ingresos. Al mismo tiempo, se prevé un sistema progresivo que incentive a quienes tienen salarios más altos a postergar su retiro, de modo de mejorar su pasividad mediante la acumulación de más años de aporte hasta los 65 años.

Aunque a la interna del Frente Amplio no se adelantó una posición, indicaron que lo hablado hasta ahora va en línea con las Bases Programáticas, que establecen la necesidad de fortalecer un sistema de seguridad social multipilar. “Con tres componentes: solidario (no contributivo), de reparto intergeneracional (contributivo) y de ahorro (no lucrativo y en modalidades consistentes con el marco constitucional vigente al 1° de marzo de 2025)”, establece el documento.

El diputado Sebastián Valdomir, por ejemplo, escribió en X en la tarde del miércoles en esta línea: “Están saliendo todos como bola sin manija por el cierre del Diálogo Social. Fue lo que se comprometió el Frente Amplio en la campaña y cumplimos; ahora resolverá el Parlamento. Acostúmbrense porque gobierna el gobierno”.

El Poder Ejecutivo deberá enviar uno o más proyectos de ley para generar cambios en la seguridad social. Por lo que, en un escenario en el que el Frente Amplio no tiene la mayoría en la Cámara de Representantes, deberá negociar con la oposición.

El presidente de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, adelantó a El País que no van a acompañar “ninguna propuesta que signifique desconocer lo que votó el pueblo uruguayo” en el plebiscito de 2024, como podría ser con las AFAP o la edad de retiro. No obstante, dado que la reforma incluyó la posibilidad de que ciertos colectivos se puedan retirar a partir de los 60 años, analizarán sumar otros si se presenta la propuesta.

En Cabildo Abierto, partido que tiene dos diputados, entienden que es un “régimen totalmente mejorable” el de las AFAP pero no están en contra del sistema. En esa línea, el presidente del partido aseguró que no van a “contribuir en nada que lleve a su desaparición ni en cambios que signifiquen en los hechos terminar con el ahorro individual”.

Manini Ríos sumó que, más allá de estos dos puntos, Cabildo Abierto va a “analizar con seriedad” las propuestas que aparezcan a nivel legislativo que no hayan sido parte del plebiscito y, si convencen, las van a votar. Pero advirtió: “Siempre que existan los recursos para poder cumplir con lo que se plantea. Estamos de acuerdo con que hay que mejorar la situación de muchos compatriotas siempre y adopte un sistema sea justo y sostenible en el tiempo”.

El presidente de Cabildo Abierto hizo otras dos precisiones del borrador del Diálogo Social. Por un lado, planteó “problema de la seguridad social no tiene arreglo si no se cambia la tendencia demográfica del país”. Por otro, ante los “apoyos sin reciprocidad u obligación” que se proponen, se señaló que no están de acuerdo con “institucionalizar la mendicidad”. El partido entiende que estos apoyos deben ser “coyunturales para salir de determinada situación pero no pueden ser sin ningún tipo de contraparte” porque la persona tiene que mostrar querer mejorar.

Por su parte, Gustavo Salle, de Identidad Soberana (que también tiene dos bancas en la cámara baja), dijo a El País que aún estudian el tema y que esperan a tener todos los elementos para tomar una postura.

La Asociación Nacional de AFAP (Anafap) —que la integra Integración AFAP, AFAP Sura y AFAP Itaú— criticó la recomendación que incluiría el Diálogo Social “de trasladar la administración de las cuentas individuales desde las AFAP a un ente estatal único”.

El presidente de Anafap, Sebastián Peaguda, dijo a El País que esta propuesta se trata de un “retroceso” que va en contra del sistema que se logró en 30 años de separar “el patrimonio personal de los recursos públicos”.

La gremial apuntó en un comunicado el miércoles de noche que, según sus cálculos, la “mejora en la jubilación total del trabajador sería inferior al 1%” si se elimina “toda estructura comercial y de atención al cliente de las AFAP”. A lo que sumó: “Implica que todo el costo actual sería absorbido por un nuevo ente estatal, que requeriría financiamiento a través de impuestos, tasas o mecanismos ideados para ese fin, o en su defecto, con más déficit”.

También se apuntó que, con esta propuesta, “el cliente pierde un vínculo jurídico directo como el que tiene al elegir su AFAP, donde hoy puede cambiarse y exigirle cuentas directamente o incluso ante el Banco Central del Uruguay”. Y se añadió que las “decisiones sobre el ahorro previsional de 1,7 millones de personas dejan de tomarse con la lógica de servir a un cliente que puede reclamar y elegir, y pasan a tomarse con la lógica de administrar una masa cautiva”.

Además, la gremial entiende que se trataría de una “estatización”, y continuó: “Uruguay tiene experiencia con la administración estatal de funciones de la seguridad social. Esa experiencia, observable por cualquier ciudadano, no respalda la idea de que trasladar una actividad hoy privada, competitiva y rigurosamente supervisada, a un ámbito estatal monopólico, vaya a mejorar la atención al afiliado. La evidencia apunta en sentido contrario”.