Jubilaciones: Ceres cuestionó que el Estado uruguayo sea capaz de gestionar las cuentas de ahorro individual

A días del cierre del ámbito del Diálogo Social sobre Protección y Seguridad Social -convocado por el Poder Ejecutivo-, el director ejecutivo del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres), Ignacio Munyo dijo que el Estado uruguayo "no está en condiciones" de gestionar las cuentas de ahorro individual jubilatorio, hoy administradas por los privados (AFAP).

En el marco de la celebración de los 30 años del ahorro previsional en Uruguay, Ceres organizó un encuentro en el World Trade Center (WTC) en el que se expusieron los temas que están en juego en la discusión del sistema de seguridad social.

“El Estado no está en condiciones de hacer este trabajo porque nos viene demostrando que se ha sobrecargado de tareas y está en un grado de disfuncionalidad muy elevado”, dijo Munyo a El País sobre la propuesta incluida en el Diálogo Social que busca eliminar la gestión privada de las AFAP y trasladar el ahorro individual a la órbita estatal.

El Diálogo Social es un ámbito de negociación para alcanzar acuerdos entre el Poder Ejecutivo, los partidos políticos y los actores sociales. El resultado de estas discusiones estará expresado en un documento que resuma los acuerdos alcanzados y uno de los puntos clave de la negociación es el rol de las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP).

El sistema mixto en Uruguay destina una parte del aporte jubilatorio al Banco de Previsión Social (BPS) y otra a una cuenta individual en la AFAP. El gobierno de Yamandú Orsi propuso evaluar el rol y las funciones de estas empresas, aunque procura mantener la gestión profesional del fondo de ahorro en manos de profesionales independientes.

Uno de los temas que sigue sin generar acuerdos en el marco del diálogo social tiene que ver precisamente con la discusión de eliminar o no, el "lucro" de las AFAP.

Sobre este tema, Munyo dijo a El País que "no puede pasar" que el Poder Ejecutivo "entregue concesiones de temas que no quiere llevar adelante, que está contrario a que se implementen, para frenar otros aspectos que pueden tener, por ejemplo, una consecuencia fiscal de corto plazo que puede ser compleja ante la debilidad fiscal que hoy tiene Uruguay”.

En este sentido, agregó que el régimen híbrido que se analiza “debilita y le va sacando su esencia” a las AFAP. “Abre las puertas para que el día de mañana, con cambios muy menores, se pueda tender a ir nacionalizando en su totalidad el régimen jubilatorio”, señaló.

De acuerdo con el economista Munyo, si se modifica la función y el rol actual de las AFAP, habrá un cambio "delicado" en la arquitectura institucional del sistema que a su entender "no debería pasar desapercibido" ya que implicará que el dinero ahorrado por las personas en sus cuentas individuales pasarán de estar separados del Estado, a depender de él.

"No es lo mismo un sistema con límites explícitos a la discrecionalidad, que otro en el que esos límites se diluyen y quedan sujetos a decisiones futuras", indicó y agregó: "las AFAP dejarían de ser custodias del ahorro previsional individual para convertirse, en el mejor de los casos, en gestores circunstanciales de fondos bajo control estatal".

Si bien el tema aún no está instalado entre las calificadoras de riesgo, Munyo recordó que durante el plebiscito de la reforma jubilatoria, votado en 2024 y que no logró alcanzar la mayoría, las calificadoras de riesgo seguían el tema con atención. “Son personas que están mirando la probabilidad de que Uruguay no pueda pagar su deuda en el largo plazo”, dijo y agregó que la discusión del diálogo social es un factor “determinante” para la calificación que después le dan al país.

Foto: Ceres.

Por su parte, el investigador de Ceres, Nelson Fernández, recordó que el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) –un organismo independiente del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)– advirtió sobre "riesgos de deterioro" del déficit. “Hay un incremento de gasto público importante en varias partidas o beneficios o en la ampliación de algunos conceptos en cuidados”, dijo Fernández y agregó: “Esto va a contramano de lo que se le está señalando al país en una cuestión de prudencia fiscal”.

El organismo había señalado que “las expansiones de cobertura o prestaciones sociales sin financiamiento permanente podrían implicar un deterioro persistente del resultado estructural en el corto y mediano plazo”.

“Uruguay siempre gasta más de lo que tiene y gasta más porque tiene una burocracia importante”, dijo Fernández y recordó que con motivo de la reforma de la seguridad social, en 1995, Uruguay obtuvo por primera vez el grado inversor por parte de la calificadora Moody's.

“El foco siempre tiene que estar en mejorar la condición de las jubilaciones en un sistema sostenible desde el punto de vista fiscal”, sostuvo Munyo y agregó que bajar la edad de jubilación a 60 años en algunos segmentos –como era previo al 2023 cuando se aprobó un aumento a 65 años– “va a afectar la sostenibilidad financiera”.

Munyo también hizo referencia a otro de los cambios que se plantea que está vinculado a la eficiencia y cuestionó: “¿Quién en su sano juicio puede pensar que el Estado va a poder hacer mejor el trabajo que 300 personas que están empleadas en las AFAP? ¿Para qué nacionalizar, para hacer algo que va a pasar a ser peor?”.

Foto: Ceres.

Por su parte, la economista María Dolores Benavente -quien lideró hasta 2021 Unión Capital AFAP (hoy AFAP Itau)-, coincidió con esta postura y dijo: “Después de 30 años de funcionamiento exitoso, ahora se está hablando de desmantelar una parte de ese relacionamiento con el afiliado. No hay un solo argumento técnico que justifique ese desmantelamiento”.

Benavente recordó la reforma previsional del año 1995 en la que se estableció el sistema mixto actual con el objetivo de frenar el déficit del BPS. “Estábamos sentados en una bomba de tiempo”, dijo y sostuvo que el sistema actual “está bien armado”.

“Me parece que es sano que hubiera una empresa de capital estatal y una de capital privado, porque esto hace una vigilancia cruzada, para evitar monopolios estatales indeseados y prácticas de oligopolio no competitivo”, explicó Benavente en relación al monopolio de facto que tiene el Banco de Seguros del Estado (BSE) en el sistema previsional.

El 78% de los aportes jubilatorios corresponde a BPS mientras que el 22% va a la cuota individual. “Ese es el capitalismo salvaje de Uruguay”, ironizó Benavente y agregó: “Por cada peso que puso el trabajador, hay otro peso que le generó la AFAP de rentabilidad”.

Benavente explicó que esto permitió complementar la jubilación del BPS con una renta vitalicia que mejoró las tasas de reemplazo para los sueldos más bajos y sin topes por el tramo del ahorro de la AFAP. “Ese ahorro jubilatorio ha permitido que 1.700.000 de trabajadores afiliados tengan una masa de US$ 27.000 millones, 32% del PIB”, dijo y agregó que el 20% de este total está invertido en el sector productivo y del total de las emisiones privadas, el 76% está en la cartera de los trabajadores.