Reforma de Caja de Profesionales: prórroga a comisión de expertos, sin consenso y con nuevas profesiones para entrar

La comisión de expertos, creada para ayudar a encontrar soluciones a la crisis financiera de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (Cjppu), está culminando su trabajo sin lograr consenso en puntos clave. Presidida por el Poder Ejecutivo, representantes del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y de la Caja de Profesionales (Cjppu), la comisión culminó formalmente sus reuniones para definir las bases de la reforma de la institución. Tenía un plazo de 120 días para hacerlo, el cual finalizó el pasado 27 de marzo y ahora avanza con 30 días de prórroga, que eventualmente pueden llegar a 60 días, para presentar un documento con soluciones.

Por lo pronto, la idea es que elabore un documento conjunto, pero podría haber dos, en caso de que la Cjppu no esté de acuerdo con algunos de los planteamientos y decida hacer propuestas por separado dijo a El País el presidente de la Cjppu, Andrés Pérez. Es muy probable que esto suceda.

“El ambiente de trabajo en las reuniones ha sido bueno, se facilitaron los materiales para el diagnóstico, en el que sí hay consenso, pero no en todas las posibles soluciones”, dijo Pérez.

Destacó así que no hay concordancia en, al menos, dos puntos centrales: que el monto equivalente que los jubilados de la Cjppu aportan por el Impuesto a la Asistencia de la Seguridad Social (IASS) vaya a la caja en vez de ir al Banco de Previsión Social (BPS) como la institución propone, ni que los timbres profesionales vayan a ser rediseñados.

Foto: Estafanía Leal, El País.

El Poder Ejecutivo entiende que las dos veces y media de aporte de la tasa de contribución pecuniaria que aportan los jubilados de la Cjppu puede ser interpretada como equivalente al aporte del IASS, pero desde el punto de la caja no sería así. Esto porque la tasa de contribución pecuniaria, con el correr de los años, va a ir disminuyendo hasta su extinción (porque los causantes de esos aportes irán falleciendo), mientras que el monto por concepto del IASS será incremental.

En lo que sí habría acuerdo, entre otros puntos, es que los aportes de los nuevos profesionales se evalúen por el ingreso real de ellos -es decir, por lo que efectivamente facturan- y no por un valor ficto.

“Hay unas 45 profesiones universitarias durmiendo en el ‘sueño de los justos’ en la Torre Ejecutiva para su aprobación desde 2023, esperando que se les dé el ok para que pasen a ingresar a nuestro colectivo”, ironizó el presidente de la Cjppu. “Confiamos en que eso se resolverá”, agregó.

El principal tema de discordia entre el Poder Ejecutivo y la Cjppu está en los US$ 40 millones de IASS que los jubilados de esta caja han estado pagando (desde 2008) y que recibe el BPS, cuando, según destaca Pérez, correspondería que fuera a la Cjppu.

Pérez afirmó que existe un documento del abogado Martín Rossi Ferrand, profesor titular de Derecho Constitucional, fechado el 21 de octubre de 2024, que es categórico en cuanto a que ese dinero del IASS tendría que ir a la Caja de Profesionales. “Ahora más que nunca porque ha pasado más de un año medio desde la redacción del mismo y la urgencia ha aumentado”, afirmó.

“Ese documento estaba en reserva durante el directorio anterior, no sabemos por qué, pero ahora lo ‘desclasificamos’ y queremos que se tome en cuenta. Allí se dice que el dinero del IASS corresponde a la Cjppu. Si no, se comete irregularidad jurídica. Además, la situación de la Cjppu es más urgente que la del BPS”, insistió.

Sobre un posible aumento del precio de los timbres, Pérez no está de acuerdo con la visión del Poder Ejecutivo de que “la crisis de la Cjppu no debería pagarla toda la sociedad”, en alusión a una declaración al respecto del ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, el 16 de junio de 2025.

Foto: Darwin Borrelli

“El timbre profesional existe desde 1923, no lo creamos nosotros, pero sí sufrimos los desfasajes”, apuntó, mencionando la importancia de que este asunto se incluya en el rediseño de procesos.

Desde 2024, el valor de los timbres empezó a subir por el Índice de Precios del Consumo (IPC) y, cuando se aprobó el Plebiscito de la Seguridad Social (1989), en el que se indexaron las jubilaciones y pensiones al Índice Medio de Salarios (IMS) subieron más los salarios de lo que subía el IPC.

Por esa razón, el desajuste de la cifra es de casi un 70%, según cálculos de la Cjppu. Es decir, los timbres se ajustan ahora por IMS, con lo que la Caja está de acuerdo, pero desde 2004 a la fecha, se ha perdido dinero. “Si bien entendemos que no se puede recuperar, sí hay que ajustar su valor. Si no alguien termina pagando”, agregó sin querer develar el monto o porcentaje que propondrán al respecto.

“De acuerdo a cálculos de la Cjppu, si se hubieran evitado distintas pérdidas que ha tenido la institución a lo largo de los años y tomando en cuenta una colocación a tasa de interés promedio equivalente a la inflación, la institución contaría con un portafolio financiero de unos US$ 957 millones al 31 de diciembre de 2025”, apuntó Pérez.

Otro planteo que defiende es que la Cjppu sea reconocida como organismo recaudador, para que pueda controlar algunas variables a partir de intercambios de información con Aduanas (sobre los tomógrafos u otros equipos profesionales que ingresan al país, etcétera).

Pérez aclaró que los cambios que están discutiendo no son solo planteos de los directores de la Cjppu, sino de toda la institución.

Pérez aspira a que cuando el –o los– documentos lleguen al Parlamento, se cite al abogado Martín Risso Ferrand, quien podrá fundamentar, según afirmó, sobre la “irregularidad jurídica” que se comete con el tema del IASS ya mencionado. “Ese documento es contundente y debe ser analizado, debió ser mostrado antes, pero ahora miramos para adelante”, defendió.

En otro orden, en una entrevista con El País publicada el pasado 15 de febrero, Pérez opinó que los aumentos de los aportes que había fijado el Ejecutivo y que aplican desde del 1º de enero de 2026 eran “desmedidos”. Y proyectó que provocarían que los aportantes quisieran cambiar de categoría, dejaran de pagar, o hubiera más declaraciones de “no ejercicio de la profesión”.

Consultado sobre si esos efectos están ocurriendo, Pérez reconoció que “aún es pronto para saberlo; hay que dejar pasar al menos unos cinco o seis meses para evaluarlo”.

Cabe aclarar que hay estudios que muestran, según la propia Cjppu, que muchos profesionales sí ejercen pero no lo declaran a esta institución, mientras aportan al BPS.

Se calcula que en unos 30 o 45 días más esté terminado el documento de propuestas de la Comisión de Expertos (o dos documentos, en el caso de que la Cjppu decida presentar algún escrito por separado).

El estudio de Martín Risso Ferrand (2024) plantea que “los problemas de la Cjppu son mucho más apremiantes que los del BPS” y cuestiona si es razonable que los jubilados y pensionistas de la Caja contribuyan a solventar los problemas del BPS y sus afiliados.

"¿Puede justificarse que el producto de los impuestos abonados por los afiliados de la Cjppu vayan a colaborar en la crisis de otra institución, o deben ir a colaborar con la propia Cjppu?”, plantea el texto.

De acuerdo con Risso, "puede ser fuertemente cuestionado que ese monto destinado al BPS tenga un fin legítimo”. En ese momento, se trataba de unos $ 1.500 millones por año, que ha subido en el último año y medio.

En ese sentido, el análisis de Risso afirma que "no se cumple con el requisito de idoneidad y con esto sería suficiente para concluir en la irregularidad jurídica del impuesto a los afiliados a la caja con destino al BPS”, afirma.

“Pensemos en que la situación fuera la contraria, que se le quitara (recursos) al BPS para beneficiar a las paraestatales. ¿Qué se pensaría de eso; se considera justo?”, prosigue el escrito que alega que ambos casos serían “absurdos y contrarios al derecho”.

“Se aprecia la no constitucionalidad por no diferenciación. Se grava a los pasivos de un subsistema de seguridad social en beneficio de otro subsistema, pero no se grava a los pasivos del segundo subsistema en beneficio del otro. Aquí está claramente la desigualdad por indiferenciación”, fundamenta.

A entender de Risso, según el documento, los montos del IASS deberían ir, enteramente, al subsistema que paga sus jubilaciones y pensiones.

El presidente de la Cjppu comentó que, actualmente, alrededor del 96% de los ingresos que reciben van para el pago de jubilaciones y pensiones, y que casi el 4% se destina al funcionamiento de la institución y salarios.

Pérez recordó que la Caja no tiene nuevos ingresos de personal desde el año 2019.

“Queremos rediseñar la institución; hoy estamos en una situación de austeridad y bajando costos, eliminando suscripciones a medios de prensa, ágapes que se hacían y contratos con algunos servicios de limpieza o seguridad. Con esos ahorros trataremos de generar fondos para una auditoría interna sobre puntos específicos que no hemos podido hacer”, concluyó al referirse de los gastos administrativos regulares de la institución.