La informalidad laboral alcanza el 28,5% de la población en Uruguay, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), lo que es mejor que otros países de América Latina, pero aun así tiene efecto negativo considerable en el sistema de jubilaciones, dado que reduce la densidad de cotización de las personas, al aumentar las "lagunas previsionales" o períodos donde no se registran aportes por parte de los trabajadores. Así lo señala un estudio de la Federación Internacional de Administradoras de Fondos de Pensiones (FIAP) al que El País tuvo acceso.
“La disminución de la densidad de las cotizaciones (de los trabajadores a la seguridad social) no permite acumular los recursos necesarios para garantizar pensiones autofinanciadas suficientes”, advierte el informe.
Ese problema es mayor al considerar toda América Latina y el Caribe, donde la informalidad laboral llega, en promedio, al 51,7%.
Las tasas de informalidad laboral en la región van de 27,5% en Chile y 28,5% en Uruguay, hasta 84,5% en Bolivia y 72,1% en Perú. El abanico es amplio y dispar. La FIAP señala en su informe, entonces, que la situación es “preocupante”.
El estudio indica que si se elevara la densidad de cotización al nivel promedio de los países de la Unión Europea (92,3%), se incrementaría las tasas de reemplazo —es decir, el porcentaje del salario promedio de los últimos 10 años que se percibe como jubilación— del sistema de ahorro individual de Uruguay (el régimen de AFAP), en 4 puntos porcentuales.
Si eso ocurriera en otros países de la región, el incremento de las tasas de reemplazo sería de 11 puntos porcentuales en Chile, de 24 puntos porcentuales en Colombia, de 19 puntos porcentuales en Perú, de 14 puntos porcentuales en México.
Si además de aumentar la densidad de cotización, se incrementara la tasa de cotización al promedio de los países de la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico (OCDE), que está ubicado en 18,2%, y la edad de jubilación a 65 años —para hombres y mujeres—, las tasas de reemplazo del sistema de ahorro individual aumentarían en 63 puntos porcentuales en Uruguay en el caso de los hombres y 65 puntos porcentuales en el caso de las mujeres. Y lo harían en 40 y 50 puntos porcentuales (respectivamente) en Chile, en 60 y 64 puntos porcentuales en Colombia, en 48 y 47 puntos porcentuales en Perú y en 51 y 54 puntos porcentuales en México, según el informe.
En muchos países de la región, incluyendo a Uruguay, la situación de los jóvenes es un factor especialmente sensible, ya que, según la OIT, enfrentan mayores niveles de desempleo o informalidad que otros grupos etarios.
Según el estudio, no cotizar durante los primeros 10 años de vida laboral reduce las tasas de reemplazo entre 5 puntos porcentuales y 16 puntos porcentuales para los hombres y 5 puntos porcentuales y 13 puntos porcentuales para las mujeres, en comparación con un escenario en el que no existieran lagunas.
Por otra parte, en Uruguay y Colombia, los porcentajes de trabajadores informales cubiertos por programas sociales no contributivos alcanzan el 71,5% y 69,2%, mientras que en Chile se sitúa en 55,6%. Y Costa Rica, Argentina y Honduras tienen las coberturas más bajas en relación a esas personas, con 7,5%, 11,8% y 6,9%, respectivamente.
El porcentaje de informalidad laboral en la región —51,7%— es muy superior al de Norteamérica (8,7%) o al de Europa del Norte, del Sur y Occidental (8,6%), y se acerca más a los elevados niveles de África Subsahariana (86,3%) y Asia del Sur (86,6%), que son los más bajos del mundo.
Los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) tienen, en promedio, una economía informal que representa cerca del 15% del Producto Interno Bruto (PIB).
El informe de la FIAP concluye que la reducción de informalidad laboral debería lograrse no sólo para proteger más a las personas que están en esa situación, sino por las políticas públicas vinculados a los sistemas previsionales. Finalmente, apunta a la importancia de que los países cuenten con una institucionalidad técnica que ajuste estos parámetros para garantizar pensiones suficientes.
En conclusión, los altos niveles de informalidad en la región ponen en evidencia el desafío de la suficiencia de los sistemas de pensiones basados en el ahorro. La FIAP insiste, en ese marco, en que la informalidad laboral se traduce en ausencia de protección social, menores derechos laborales y, con frecuencia, privación del acceso a servicios esenciales, como salud, educación y capacitación.