Parlamento busca mayor transparencia en ley de acceso a información pública y comisión cita a Alejandro Sánchez

La Cámara de Representantes trata un proyecto de ley para modificar una serie de artículos de la Ley sobre el Derecho de Acceso a la Información Pública (N° 18.381), presentado en la legislatura pasada por la bancada del Frente Amplio (FA).

En la última sesión de la Comisión Especial de Lavado de Activos, según consta en la versión taquigráfica, se decidió citar al secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, para el 21 de mayo.

Dentro de las modificaciones legales que se prevén, se amplían los sujetos obligados, que actualmente son solo los “organismos públicos, estatales o no estatales”, a también “instituciones privadas que reciban, administren y/o utilicen fondos públicos o bienes del Estado”.

Asimismo, se establecen límites a “la discrecionalidad del organismo público a la hora de declarar confidencial o reservada cierta información”, al darle una “intervención preceptiva” a la Unidad de Acceso a la Información Pública y “la necesidad de un informe previo de esa unidad para poder hacer ambas declaraciones”, según explicó el diputado frenteamplista Claudio Arbesún.

“La Unidad de Acceso a la Información Pública, en ejercicio de su cometido de control y calificación, ordenará al sujeto obligado su desclasificación en caso de información calificada como reservada sin su informe favorable, y si la misma no se ajustare a lo dispuesto en el presente artículo”, establece el proyecto.

Otro punto estipula que, en caso de que un organismo asegure no tener la información solicitada, el mismo deberá “demostrar al solicitante que agotó todos los mecanismos pertinentes” para conseguirla. También se disminuye el plazo de las prórrogas, de 20 a 10 días hábiles.

Inicialmente, la bancada oficialista planteó citar a las autoridades de la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic). Sin embargo, desde la oposición se acotó que es “indispensable” consultar al Poder Ejecutivo y que “no va a ser suficiente” que este “se haga representar por Agesic”.

Así lo afirmó Pablo Abdala, diputado del Partido Nacional: “Aquí hay definiciones de carácter político en el buen sentido, porque esta iniciativa -es compartible el espíritu y el propósito que persigue- lo que plantea es avanzar en cuanto al derecho de acceso a la información. Esa es una definición política que está muy bien que se plantee, que se discuta y, en la medida de lo posible, que avancemos en esa misma dirección”.

De esta manera se propuso citar al secretario de Presidencia, eventualmente en conjunto con autoridades de Agesic, y la bancada del FA lo apoyó. Fuentes de la comisión indicaron a El País que aún no recibieron respuesta de Sánchez con respecto a la citación. En caso de no asistir, los legisladores esperan que pueda enviar a un funcionario en representación de Presidencia de la República.

Aunque la oposición está dispuesta a avanzar en el proyecto, se plantearon algunos cuestionamientos. Uno de ellos fue por parte del diputado Gustavo Salle, del partido Identidad Soberana, referido a cuando un organismo no cuente con la información requerida y deba demostrar que se agotaron los mecanismos para conseguirla.

“La interrogante no es tanto desde el punto de vista formal, sino desde el punto de vista fáctico, desde el punto de vista sustancial, en el sentido de qué implicaría. Digo esto porque, en principio, es una prueba negativa, y sabemos que en derecho las pruebas negativas son muy difíciles de ejercitar, es muy difícil ponerlas de manifiesto”, dijo el abogado.

Abdala por su parte criticó la ampliación de los sujetos obligados por considerar que se suma un inciso “de una exagerada amplitud”: “Hablar de instituciones privadas que reciban o administren fondos públicos es, repito, de una amplitud casi ilimitada”. En ese sentido, puso el ejemplo de “una organización de la sociedad civil que gestiona un CAIF con recursos del Estado” y cuestionó “cuál fue la verdadera intención” detrás de la modificación.

El diputado Arbesún respondió que este tipo de “objeciones” serán debatidas en la comisión a medida que se avance con el tratamiento de la iniciativa. Con respecto a la crítica de Salle, comentó que fue una de las consultas de la Asociación Uruguaya de Archivólogos en el período pasado, “por la ausencia de archivólogos en muchos organismos y de protocolos de construcción y mantenimiento de archivos”.

“Habría que ver si eso hace insalvable el planteo que está incorporado a la norma o se puede trabajar de otra manera”, agregó el frenteamplista.