Jutep: frente a “falta de credibilidad” y “partidización”, proponen cambio en criterio al designar directores

Aunque ya arrastraba cuestionamientos desde el período anterior, a partir del fallo favorable al presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Álvaro Danza, la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) se ha convertido, en lo que va de este gobierno, en uno de los principales blancos de críticas, particularmente por parte del Partido Nacional y el Partido Colorado, así como de otros actores de la oposición que han denunciado una "partidización" y la pérdida de credibilidad en el organismo de contralor

Ahora, tras la presentación de nueve denuncias anónimas contra el presidente de la República, Yamandú Orsi, por la polémica generada en torno a la compra de una camioneta Hyundai Santa Fe híbrida a pocos días de asumir como mandatario —debido al descuento de US$ 25.000 obtenido, la forma de pago y otros aspectos de la operación—, desde la oposición volvieron a surgir cuestionamientos hacia el organismo público encargado de “propiciar políticas públicas, normativas y acciones que fortalezcan la transparencia en la gestión del Estado”.

En este marco, el diputado colorado Conrado Rodríguez presentará en los próximos días un proyecto de ley para modificar el artículo que establece la forma de designación de los tres directores de la Jutep, añadiendo requerimientos no contemplados actualmente por la normativa.

Frente a las acusaciones de haber partidizado el organismo, que se acentuaron a partir del caso Danza, Rodríguez propone que los “miembros del directorio sean abogados que hayan desempeñado efectivamente el cargo de magistrado del Poder Judicial, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo o del Ministerio Público (Fiscalía) por un plazo mínimo de 10 años”.

“Además, deberán ser ciudadanos de reconocida solvencia moral, que por su trayectoria y posición en la escena política nacional sean garantía de imparcialidad e independencia”, agrega el legislador en el cambio que plantea a la normativa.

En la exposición de motivos, que ya cuenta con el apoyo de algunos legisladores del Partido Nacional según supo El País, Rodríguez argumenta que, si bien la actual redacción ya menciona para la designación a “personas de reconocida experiencia y solvencia profesional y moral”, “la experiencia ha demostrado la conveniencia de fortalecer los requisitos de idoneidad técnica y garantía de imparcialidad, especialmente en un organismo cuya misión exige credibilidad absoluta y distancia de las contingencias partidarias”.

Según Rodríguez, al poner estos requisitos sobre la mesa se “elevan los estándares de designación”, al proponer que quienes ocupen el directorio cuenten, además de con un conocimiento profundo en derecho público, administrativo, penal y procesal, con “experiencia en la resolución imparcial de conflictos con probada solvencia en análisis de pruebas, garantía del debido proceso y protección del interés público”.

Para el nombramiento de los directores de la Jutep, que actualmente integran Ana Ferraris (Partido Comunista, Frente Amplio), Alfredo Asti (Asamblea Uruguay, Frente Amplio) y Luis Calabria (dirigente del sector blanco D-Centro), la ley establece que deben ser designados por el presidente de la República, actuando en Consejo de Ministros, y que posteriormente se requiere la venia de la Cámara de Senadores, otorgada por tres quintos de los votos del total de sus componentes.

No obstante, el legislador colorado no descarta por completo que parte de los nombres propuestos tengan cierta trayectoria política; por el contrario, plantea que estos “constituyan garantía de imparcialidad”.

“No implica excluir toda trayectoria política (lo cual sería irreal), sino valorar trayectorias que demuestren equidistancia, respeto institucional y una reputación de integridad que trascienda afinidades partidarias. La venia calificada por tres quintos de la Cámara de Senadores mantiene el control político necesario para la legitimidad democrática, pero se enmarca en perfiles de mayor especialización y distancia operativa de la gestión gubernamental cotidiana”, dijo Rodríguez a El País, al tiempo que citó estándares internacionales que tuvo en cuenta al momento de elaborar la propuesta legislativa.

El objetivo, explicó el diputado, es que ante un debilitamiento notorio de la Jutep frente a la opinión pública, se pueda “fortalecer nuevamente la percepción de neutralidad” que tuvo el organismo en el pasado, reduciendo riesgos de “cuestionamientos por sesgos políticos” y contribuyendo, a su vez, a una “mayor profesionalización del organismo”.

Incluso antes de que la Jutep tratara lo de la camioneta de Orsi, desde el Partido Nacional, el Partido Colorado y el Partido Independiente ya habían surgido duras críticas hacia el organismo, centradas en su actuación y en la forma en que procedió en casos anteriores.

En una conferencia de prensa conjunta, señalaron que, en la actual coyuntura y tras recibir a los tres directores en el Parlamento, el organismo “no da garantías” y enfrenta un “debilitamiento institucional” que “no tiene retorno”.

El diputado blanco Pablo Abdala sostuvo que “se está haciendo una utilización política del organismo desde hace muchos meses”. “Está en un proceso de deterioro desde el punto de vista de la credibilidad”, lamentó, y “hoy —por el jueves pasado— quedó absolutamente demostrada” la pérdida de “confianza desde el punto de vista político e institucional”.

No obstante, las advertencias sobre la politización de la Jutep son anteriores a este período y ya habían sido formuladas por quien probablemente sea el principal referente histórico del organismo: el contador Ricardo Gil Iribarne.

En marzo de 2020, el expresidente de la Jutep había advertido al gobierno de turno que designar a los directores mediante acuerdos partidarios constituía un retroceso que resultaba perjudicial y que, inevitablemente, dañaría la imagen del organismo.

“Considero que es una obligación trasladarle mi opinión, según la cual la designación de los nuevos directores de la Jutep estaría incluida en el acuerdo realizado por los partidos políticos para la distribución de los cargos de las empresas públicas, entes autónomos, servicios descentralizados y otros organismos. Entiendo que tal decisión implica asociar designaciones en la Junta al momento de los cambios en el gobierno nacional. Considero que significa un retroceso cuando la conmoción que el fenómeno de la corrupción ha generado en el mundo entero marca el camino opuesto: hay que preservar a los organismos de contralor de la influencia de la política partidaria”, alertaba Gil Iribarne en su carta de renuncia en marzo de 2020.

Como antecedente, en setiembre de 2021, Jorge Castro (perteneciente al Partido Comunista del Uruguay, al igual que Ferraris) renunció a su cargo en el directorio de la Jutep tras haber firmado un dictamen que concluía que hubo apartamiento de las normas éticas de la función pública durante el proceso de construcción del Antel Arena.