El desborde del INAU: ingresan 3 niños por día y los casos judiciales ya superan a los de violencia de género

Distintos jueces de Familia Especializada estiman que la cantidad de procesos con niños, niñas y adolescentes con derechos vulnerados aumentaron a tal ritmo que ya superan a los de violencia de género. Los casos, además, son cada vez más complejos. “Te diría que estamos viendo situaciones más complicadas que en violencia de género”, señala un magistrado. Son casos llenos de “zonas grises”, que derivan en un caudal de pedidos de informes que tiene desbordado al Instituto Nacional del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), y en una cadena de articulaciones con organismos, que muchas veces no hacen eco de las solicitudes judiciales.

En los casos más graves, cuando la protección del niño implica “la quita” de sus padres, se hace un rastreo de redes familiares o allegados, que escasean o también están rotas. “Por lo general trabajamos con familias enteras judicializadas. A veces el INAU entrega una lista con 10 familiares y ninguno tiene condiciones para hacerse cargo del niño”, dice la defensora Lorena Suárez, de Salto.

Todo esto para evitar el traumático escenario de la internación en un hogar. Los jueces aseguran que es “la última opción”, pero aun así lo disponen con mayor frecuencia que en años anteriores. Una magistrada plantea que se multiplicaron los casos de madres y padres que tienen problemas de consumo de estupefacientes y no pueden hacerse cargo de sus hijos, “por eso enviamos más niños al INAU”: se repite “mucho más que antes, te diría que fácil el ingreso se incrementó en una tercera parte”.

Foto: Estefanía Leal.

Defensores de niños y autoridades del INAU coinciden. Cada vez son más los niños que están ingresando al Sistema de Protección Especial (SPE), que está desbordado. El promedio de ingreso es de tres niños por día. El panorama ampliado, según informó INAU en la respuesta a un pedido de acceso a la información que realizó El País, haciendo un foco en el ingreso de niños de 0 a 12 años, es que ingresan al amparo más de 1.000 niños por año.

El SPE tiene distintas modalidades de acogimiento familiar, pero esencialmente se desarrolla en hogares. Allí, hoy, hay unos 3.000 niños y adolescentes viviendo. Algunos esperan volver a vincularse con sus padres. Durante las visitas que hacen jueces y defensores a los hogares, es habitual que les digan que se están portando bien para que los vaya a buscar su mamá o su papá. “Cosa que sabemos que es muy poco probable que suceda, y tratamos de sostenerlos en ese momento”, dice una defensora.

Otros niños cuyo proceso avanzó y cuentan con la condición de adoptabilidad, esperan formar parte de una nueva familia. En el pedido de acceso a la información que respondió INAU, aclara que en 2022 fueron 224 los niños de 0 a 12 años que “alcanzaron” esta situación; en 2023 fueron 192; en 2024 fueron 206 y en 2025, 179. A veces, los niños les expresan esta ilusión a sus representantes. “Me viene a la cabeza una niña, que tenía casi seis años y estaba convencida de que era yo quien le estaba buscando una familia. Al final me dijo que no le buscara más, que ella iba a estar bien con ‘sus amigos’ del hogar, pero lo logró y fue adoptada”, narra una defensora.

Este es un final feliz, pero los actores del sistema saben que hay una barrera en los siete años, ocho, 10 máximo. Los niños grandes y los adolescentes no suelen ser adoptados. En la mayoría de los casos se resignan a vivir en grupo, bajo el cuidado de funcionarios. Y, en ocasiones, sufren violencia institucional, según relevó un durísimo informe de la Institución Nacional de Derechos Humanos.

Sí, el panorama es drástico y nadie lo niega. Para identificar las razones de esta explosión y mejorar el egreso de los hogares, los operadores del sistema llevan adelante distintos análisis y el INAU encara un histórico cambio de modelo.

En apenas cinco años, se triplicó la cantidad de oficios judiciales que recibe el INAU. De acuerdo a información a la que accedió El País, en 2020 el INAU recibió 24.500 oficios. Un año después, 30.445. En 2022, 43.105. En 2023, subieron a 56.098. El volumen siguió escalando. El 2024 registró 62.303 oficios y el año pasado cerró con 73.414 oficios.

Mauricio Fuentes, vicepresidente del INAU, dice que cuando asumieron este asunto estaba instalado como “una queja” entre funcionarios de “no damos abasto”, pero no había un conteo, una dimensión del “problema” que reviste. Recibir 73.414 oficios se traduce en 73.414 solicitudes que el INAU debe (debería) responder. Sea un pedido de información sobre un caso, o sobre la situación de un niño, o una disposición de amparo, o el seguimiento de un oficio que no fue respondido, una práctica de algunos jueces que argumentan que “sabiendo que es tanto lo que tiene el INAU, es la forma de remarcarle que ese niño necesita esto de forma urgente”.

Pero el INAU también recibe comunicaciones que deberían dirigirse a otros organismos, como un pedido de la Justicia solicitándole que garantice los controles médicos de un niño, o una intimación a que genere una revinculación educativa.

Es caótico, por eso se unificó el registro de los oficios, se aplicará una inteligencia artificial para distinguir los principales objetos de estos documentos, y se trabaja en un convenio con la Suprema Corte de Justicia, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y distintos organismos para capacitar al sistema judicial con el foco puesto en la descentralización de las solicitudes en el INAU. “No necesariamente todos los jueces conocen los recursos institucionales que existen, o cuáles son los organismos competentes en cada materia, o qué programas están vigentes”, plantea el jerarca.

Detrás del volumen de oficios, hay un incremento de casos pero también de las denuncias, “porque hay una capacidad institucional que detecta mejor la vulneración de derechos”, opina la defensora Yamila Cabrera, de Pando. Más allá de la Línea Azul y las que se presentan en las unidades de género, maestras, educadoras y médicos son los que más denuncian. Y desde hace unos meses, cada vez que una persona es encarcelada y tiene hijos la Justicia de Familia Especializada debe confirmar si los niños tienen o no algún derecho vulnerado. El índice de prisionalización es tan alto que estos casos llegan a diario.

“Veo que está pasando lo mismo que antes con la violencia de género, que nadie se animaba a denunciar y ahora sí”, opina la defensora Suárez.

Muchas llegan de los centros de salud, principalmente del Hospital Pereira Rossell. “Llega un niño, médico ve que hay un moretón, que está golpeado y hace la denuncia. O, en pediatría, una niña refiere haber sido tocada por alguien y se hace la denuncia, no se espera por alguien más”, dice Suárez. Otras vienen de la Administración Nacional de Educación Pública (desde los CAIF hasta los liceos) principalmente por la advertencia de inasistencias.

“En un principio sería por una inasistencia, pero siempre atrás de la inasistencia hay algo”, puntualiza esta defensora. Esto puede ser una vulneración del derecho a la educación con apariencia de poca gravedad —como los casos cada vez más comunes de niños y adolescentes que pasan la noche “en el celular” y por eso al día siguiente no van a clases—, a indicios de situaciones más complicadas.

El espectro de casos es así de variable: “Hemos visto casos de tuberculosis, que los niños no son tratados, o ingresan al hospital y se van sin alta médica. Casos de sífilis. Niños que nacen ya con droga en sangre, porque los padres son consumidores y los tienen a los niños directamente sin controles”, dice un juez.

La cifras del INAU indican que la internación de bebés no se disparó, pero la sensación de los operadores judiciales es que son situaciones que se problematizaron. Son unos 70 los niños menores de tres años en hogares. “Para un niño no debe haber nada pero que estar judicializado, y tenemos bebés que antes de tener una cédula de identidad tienen un proceso”, dice la defensora Cabrera.

Una meta del INAU es que a fines de 2028 no haya ningún niño tan pequeño en hogares y para eso Uruguay Crece Contigo sumó trabajo con madres privadas de libertad y mujeres embarazadas en situación de calle. “Asumimos ciertos riesgos, pero tenemos que apostar a que esos niños no tengan un destino prefijado en el INAU”, dice Fuentes.

“De Primaria tenemos muchas denuncias por niños que no van a la escuela”, dice un magistrado. “Situaciones en las cuales se detectan que no están siendo atendidos por médicos. Intimás a los padres, hacés la audiencia, les explicás el por qué, pero a muchos les da lo mismo”.

No dan una respuesta.

Entonces se procede al amparo y después, si no hay cambios con sus progenitores ni otros referentes que puedan hacerse cargo, se avanza hacia la condición de adoptabilidad. “Muchas veces los padres se pierden. Trato de conocerlos, pero pasa que muchas veces están con problemas de consumo ambos y no se presentan a las audiencias”, dice un juez

“El consumo tiene algo que ver en todos los expedientes. Junto al consumo, el otro problema que atraviesa es la salud mental, tanto en hombres como en mujeres. Vemos madres con problemas de consumo en situación de calle y son los abuelos los que se están haciendo cargo de sus nietos, y muchas veces no están los abuelos y terminan institucionalizados”, apunta la jueza Julia Staricco.

Otras veces, los padres adictos visitan a sus hijos y son violentos con ellos y los equipos del INAU. O amenazan a las familias que los están acogiendo e incluso a quienes quieren adoptarlos, provocando que estas familias declinen al cuidado. Cuando esto pasa, el destino del niño vuelve a ser un hogar.

Hay madres y padres que hacen un esfuerzo para dejar las drogas y recuperar a sus hijos, pero no logran acceder a un tratamiento de salud mental. Los jueces ofician a los organismos, sin éxito. En ocasiones, ni siquiera lo consiguen los propios niños y adolescentes. “Tengo adolescentes con intentos de autoeliminación que están hace tiempo en lista de espera”, dice una defensora.

Hay situaciones —reconocen todos los actores— en que la pobreza es tan aguda, que institucionalmente se confunde con una vulneración de derechos. Por ejemplo, un niño que no iba a clase porque sus amigos se burlaban de él porque tiene mal olor, “pero el niño vive en un asentamiento, sin calefón y estamos en julio”, cuenta su defensora. O un informe de un CAIF que advertía que un niño iba vestido inadecuadamente en invierno, “pero tiene solo un buzo de lana que no termina de secarse por las lluvias”.

“Hay niños que están en condiciones de ser dados de alta de INAU, que las madres —digámosle así— han hecho los deberes, pero las madres no los pueden llevar consigo porque no tienen un lugar adecuado para vivir y las políticas de vivienda que el gobierno anuncia no se cumplen”, dice un juez. “Hay niños que están en INAU que no saben lo que es un baño, no saben lo que es una ducha, usar un cepillo de dientes, por eso las ayudas económicas son muy importantes”, agrega el mismo magistrado.

Lo sabe el INAU. Dice Fuentes: “Las situaciones de pobreza nunca debieran ser motivo de internación, sin embargo hemos visto que en los últimos años han crecido las solicitudes de amparo vinculadas a lo que es la pobreza”. No se escribe explícitamente en los expedientes, pero sí se lee entre líneas, plantea. Por eso él cree —y el resto de los actores entrevistados también— que, más allá de una prestación de la que dispone el INAU para casos extremos, el refuerzo de las transferencias propuesto por el gobierno en la Rendición de Cuentas podría hacer una diferencia.

Que el sistema está preparado para blancos y negros. Para tutelar a las familias en vez de darles un acompañamiento profundo. Que todo esto contribuye a la internación. “Acá el asunto son los grises, situaciones complicadas donde vos sabés que acompañando a esta madre, o a este padre, o a esta familia, podés no tener a ese niño internado en un hogar. Ahora, ¿qué tengo yo a mano?”, plantea una defensora.

Que hay zonas donde los servicios y las prestaciones sociales, a cargo de distintos organismos, no llegan, dicen las defensoras. Que el INAU debe reforzar sus equipos técnicos en territorio, lo que permitiría hacer mejores seguimientos y también lograr informes “más profundos”, “menos sesgados”, más “técnicos”, “con menos referencia a indicadores en vez de vulneraciones en sí”.

“Los informes cuando los hacen a conciencia son buenos. Hay veces que no los hacen correctamente, porque o no visitan los hogares o citan a los padres o citan a una tía y ellos no van a la citación e INAU no va a las casas, o va y no los encuentra. Ahí no tenemos buenos informes, lo que se informa es que no pueden hacerse cargo porque no están en la casa, y por ahí estaban trabajando”, plantea una jueza. Dice también que, por lo general, recibe los informes de los padres, pero no el de la persona que se ofrece a hacerse cargo del niño o que el INAU detectó que podría hacerlo, lo cual tiene “importancia capital” para definir (o no) internar en un hogar.

Al respecto, Fuentes comunica que el INAU en convenio con Inefop trabajará en mejorar la calidad de los informes, con la postura de que además de describir la situación estos análisis deben “sugerirle al juez cuál es la medida a tomar en base al criterio del equipo técnico”.

También se trabajará con los equipos en territorio sobre alfabetización jurídica y gestión de casos, para evitar así un exceso en la judicialización. “Muchas veces los equipos en territorio terminan judicializando situaciones que no debieran por las presiones que se reciben, por el miedo a que de pronto una situación pueda escalar y no haber tomado medidas oportunas”, dice Fuentes.

El instituto diseñó acciones para mejorar el acompañamiento de las familias de origen para evitar las “quitas”; ser más exhaustivos en la búsqueda de redes familiares y de allegados que puedan acoger a los niños cuando se aplica el amparo. También para ampliar la cantidad de familias amigas en el sistema.

En relación a los hogares, además de llevar adelante un cambio radical en los dispositivos de adolescentes, multiplicó los cupos del programa que trabaja en la revinculación familiar de los niños internados, incluyendo un sistema de apoyo para que los equipos mejoren la gestión de estos casos.

El objetivo es lograr más egresos del sistema de amparo. Que los expedientes no se eternicen y se cierren recién cuando alcanzan la mayoría de edad. Que los jueces —que están obligados ahora a visitar los hogares— y los defensores dejen de documentar que ven crecer a los niños en el encierro. “Porque si no hay cambios en el abordaje —advierte la defensora Cabrera— se viene otro problemón cuando cumplen los 18 años”. Salen del hogar a la calle. Dice: “Muchos de estos chicos son captados por grupos narcos, muchas de estas chicas terminan explotadas sexualmente. Estos niños son los que después terminan ingresando en el sistema penal”.