Comienza patrullaje de nuevos blindados tras capacitación policial, con matices en el gobierno sobre marco legal

Luego de semanas de polémica con un trascendido inicial y posteriores explicaciones confusas de parte de jerarcas, el gobierno inicia el patrullaje con los nuevos vehículos blindados del Ministerio del Interior, cedidos por Defensa.

Este viernes 24 finalizó la capacitación de efectivos policiales que había comenzado a principios de mes, particularmente a 19 agentes de la Guardia Nacional Republicana, la Dirección General de Operaciones Especiales (Digoe) y la Jefatura de Policía de Montevideo.

El plan de Interior, según dijeron fuentes de la cartera a El País, “viene de acuerdo al cronograma establecido”. Los cursos de capacitación terminaron este mismo viernes y habilitaron que los agentes ya se sumen a las tareas de patrullaje.

Un aspecto que la administración de Carlos Negro no ha especificado —tal como lo dijo el ministro públicamente y las fuentes consultadas volvieron a remarcar— es en qué barrios empezarán estos operativos, más allá de haber dicho que serán aquellos en “zona roja”, en referencia a su alto grado de inseguridad pública.

La razón detrás es para no “anunciar”, principalmente a grupos delictivos, dónde estarán estos vehículos a priori, sino hacerlo “de manera estratégica e inteligente”.

En esta primera etapa, serán cuatro blindados RPZ Cóndor —cedidos a través de un convenio con el Ministerio de Defensa— los utilizados; según Interior, el uso de estos para el patrullaje está “totalmente confirmado y de acuerdo a lo previsto”.

En filas policiales, según supo El País, saludan la incorporación de nuevos elementos que contribuyan al accionar y protección policial, pero hay señalamientos. Fuentes sindicales enfatizaron que se requiere “adecuada planificación, capacitación y respaldo operativo”, así como “una política sostenida de fortalecimiento de la función policial”.

Según información del Ejército, los vehículos Cóndor datan de la década de 1980 y “cuentan con unos 40 años a disposición del Uruguay, de los cuales más de la mitad de esos años fueron de operaciones de paz en el continente africano”.

“Uruguay tiene en su poder unos 55 blindados de este tipo. Es el segundo país operador con más unidades en la lista, por delante de Turquía, con 25 de estos vehículos, y detrás de Malasia quienes cuentan con aproximadamente 457 unidades”, indica información pública de la institución militar.

El modelo, que pesa más de 12 toneladas y mide seis metros de largo y poco más de dos metros de ancho, cuenta con una ametralladora como arma principal y tiene una velocidad máxima de 100 kilómetros por hora.

Lazo y Negro sobre marco legal

Tanto la ministra de Defensa, Sandra Lazo, como el propio Negro se han referido a si es necesario contar con una ley que funcione como marco normativo para estos patrullajes. No obstante, este debate no se refiere a los Cóndor, sino concretamente a los Mamba, que fueron una “donación modal” del gobierno de EE. UU. destinada a misiones de paz y solo pueden ser conducidos por personal militar.

“En el caso de los Mamba, que es una de las cinco opciones, por el hecho de que son estrictamente vehículos tácticos, solamente pueden ser conducidos por personal militar. O sea, para el resto se adiestra a los funcionarios policiales, pero para los Mamba no. (...) Yo creo que así como en otras oportunidades tenemos Guardia Perimetral, Ley de Fronteras, necesitamos un marco jurídico concreto, específico que resguarde a todas las partes”, argumentó Lazo en la comisión de Defensa la semana pasada.

Negro, por su lado, dijo en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda que, “en virtud” del convenio con Defensa y lo resuelto por el Poder Ejecutivo, “claramente no se requiere de una ley”.

“Lo que sí requiere de una ley” es lo referido en el proyecto que presentó el senador colorado Andrés Ojeda, agregó Negro, porque habilita de plano la participación de personal militar en este tipo de operativos: “Establece que los militares intervengan en el apoyo y cobertura de unidades policiales en el cumplimiento de sus funciones. Esto es hacer participar directamente a los militares en los operativos policiales, y requiere de una ley”.