FA dice que “no habrá” militares en patrullaje con blindados; convenio lo habilita y oposición reclama “marco legal”

El convenio firmado entre los ministerios de Defensa e Interior habilita la participación de militares en el patrullaje de vehículos blindados del Ejército para los barrios con mayor inseguridad. Sin embargo, desde el Frente Amplio (FA) aseguran que “no va a haber efectivos militares directamente implicados en el combate al delito”.

Así lo aseguró en rueda de prensa el diputado Carlos Rodríguez, tras la comparecencia de Sandra Lazo, ministra de Defensa, —quien no brindó declaraciones— ante la comisión homónima de la cámara. Por su lado, la oposición aseguró que el convenio “deja la puerta abierta” a que los militares participen, por ejemplo, como conductores de los vehículos, y reclamó que exista un marco legal.

“Queda meridianamente claro que no hay una militarización de la política de seguridad, sino que hay una complementación de parte del Ministerio de Defensa en poder utilizar por parte del Ministerio de Interior este tipo de vehículos”, enfatizó Rodríguez.

Asimismo, señaló que Lazo aclaró que los Mamba MK7 “están dentro de los cinco modelos que pueden ser utilizados”, pero “la característica que tienen estos vehículos, por lo que fue la donación modal, es que solo pueden ser conducidos por personal militar”.

“Allí probablemente haya que utilizar la comisión de servicios, es decir, en caso de ser utilizados, que el personal militar que los vaya a manejar pase al Ministerio del Interior, o generar algún proyecto de ley que lo habilite, como se hizo con la Ley de Fronteras o con el guardia de cárcel. La ministra fue muy clara en eso. Su opinión es que sería mucho más seguro para los efectivos militares poder contar con una reglamentación, en este caso una ley específica sobre eso”, sostuvo el legislador del FA.

Rodríguez también especificó que, “por estos seis meses que dura el convenio, los vehículos quedan bajo estricta responsabilidad del Ministerio del Interior, incluso en lo que tiene que ver no solo con el mantenimiento, sino eventuales situaciones que se puedan dar de daños”.

Desde la oposición, el diputado blanco Gabriel Gianoli criticó que el ministro del Interior, Carlos Negro, cometió una “irresponsabilidad” al haber hecho el anuncio con planteos “inexactos e inapropiados”.

“La ministra dijo que de ninguna manera va a haber conducción por parte del personal militar, y en caso de haberlo, necesita una norma legal al militante, que era lo que decíamos nosotros. El ministro Negro había dicho que no necesitaría ninguna ley, porque ya está todo el marco legal”, aseguró, en referencia a lo dicho por el exfiscal tras el último Consejo de Ministros.

También cuestionó que “esta improvisación general llevó a que se termine firmando un convenio que se hubiera resuelto si vía interna se pedían cuatro blindados para trasladar a los policías”.

En ese sentido, el diputado colorado Maximiliano Campo aseveró que “comunicaron muy mal y desprolijamente”, lo que generó “toda una discusión que al final es por cuatro blindados que van a asistir por seis meses”.

“Lo que nos quedó claro de hoy es que no hay marco legal habilitante para que los soldados conduzcan y vayan a patrullar en los barrios, lo cual nos preocupa, porque en el acuerdo entre el Ministerio de Interior y Defensa por estos blindados se deja la puerta abierta a que los soldados conduzcan los blindados”, manifestó.

“Sin embargo, nos dicen que no hay marco legal habilitante, pero sí lo ponen en el convenio, lo cual nos preocupa porque hay que proteger a ese soldado que vamos a mandar a patrullar en un caso excepcional”, agregó.

El convenio fue autorizado en el Consejo de Ministros del 27 de junio. Con respecto a la participación de militares, este dice: “En caso de ser requerido por el Ministerio del Interior, designar a personal militar capacitado en el uso de los referidos vehículos bajo los mecanismos legales correspondientes, a los efectos de la conducción de los mismos”.

La oposición reclama desde el primer día que se proponga una ley para amparar a los efectivos militares en su accionar, llegado el caso.

De hecho, el senador y secretario general del Partido Colorado, Andrés Ojeda, presentó a fines de junio un proyecto de ley que busca habilitar expresamente la participación de personal militar en operativos de seguridad pública junto a la Policía Nacional, incluyendo la conducción y operación de vehículos blindados del Ejército.

El texto presentado por Ojeda propone “encomendar a las Fuerzas Armadas el apoyo a la Policía Nacional en los operativos de seguridad pública”, comprendiendo la “conducción y operación de vehículos blindados y demás medios materiales especializados de su dotación”.

Sindicatos policiales y de la Guardia Republicana también advirtieron por la falta de un marco normativo, que podría derivar en riesgos en el trabajo terrenal de los efectivos e incluso problemas en la cadena de mando.

La semana pasada, comenzó la capacitación del personal policial que se encargará de conducir los vehículos militares blindados, en una primera etapa que comprende a 18 efectivos de la Guardia Nacional Republicana, la Dirección General de Operaciones Especiales (Digoe) y la Jefatura de Policía de Montevideo.

Días antes, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, negó que la decisión de usar vehículos blindados militares para el patrullaje policial en zonas de Montevideo con altos índices de criminalidad represente una militarización de la seguridad pública y aseguró que, si así lo hubiera entendido, habría renunciado a su cargo y estaría “protestando en la calle”. De todas formas, lamentó que el oficialismo explicó “tan mal” el tema que lo tuvo que “reexplicar como 30 veces”.