Patrullaje de blindados del Ejército: sin marco legal, sindicatos alertan riesgos en operativos y cadena de mando

Tras el anuncio del gobierno de comenzar tareas de patrullaje con vehículos blindados del Ejército, sindicatos policiales destacaron los esfuerzos de contribuir a la política de seguridad, pero advirtieron por algunos aspectos, como la falta de un marco normativo —a lo que también aludieron varios dirigentes de la oposición—, que podría derivar en riesgos en el trabajo terrenal de los efectivos e incluso problemas en la cadena de mando.

El presidente del sindicato de la Guardia Republicana, Carlos Piedra, señaló en diálogo con El País que es una “necesidad” contar con este tipo de vehículos, “en base a la violencia que hay en la sociedad hoy en día y al alto poder de fuego que tiene la delincuencia, no solo en alto calibre, sino también en cantidad de municiones”.

“Hoy no están entrando los patrulleros y las camionetas a estos barrios denominados como zonas rojas, por el solo hecho que ahora nos reciben a balazos directamente, no solo a pedradas como antes”, comentó.

Según Piedra, en caso de que los vehículos sean conducidos por militares, deben “tener conocimiento policial, porque si el equipo baja a tierra, precisan saber cosas básicas, desde las claves policiales hasta el conocimiento del terreno”.

Asimismo, sugirió que los blindados “pasen a la órbita del Ministerio del Interior”, ya que “hay varios factores en juego”, y se refirió al aspecto normativo: “Primero se tiene que legislar”.

“Si entramos en una zona roja, hostil, donde hay un enfrentamiento armado y tienen que bajar o tienen que operar ellos, ¿quién va a cubrir que el militar baje, deje de ser chofer y entre en la línea de fuego? Porque la Policía lo puede hacer repeler y todo, pero al militar lo van a mandar desarmado”, cuestionó. En ese sentido, manifestó que “llama poderosamente la atención que salió esto a la luz sin una estrategia operativa”.

El presidente del gremio, que emitió un comunicado al respecto esta semana, indicó además que no hay garantías en caso de un siniestro de tránsito. “Si chocamos o tenemos una multa de tránsito, tenemos que pagarla nosotros, y aparte también te sancionan por rayar o romper un vehículo de la Policía. Entonces, ¿cómo se va a regir ese marco? Hay muchos factores en la interna que hay que contemplar también”, sostuvo.

Por su lado, Patricia Noy, presidenta del Sindicato Policial Nacional (Sipolna), expresó que ven con “buenos ojos” tener mayores insumos para la seguridad. Sin embargo, coincidió en que lo ideal sería que los blindados fueran transferidos a Interior y también puso el foco en contar con un marco normativo.

“No tenemos mucha información, y en el Poder Ejecutivo viene siendo recurrente con este tipo de noticias. No sabemos cómo lo piensan implementar y una de las preocupaciones es esta: si es un chofer militar, ellos no tienen competencia ni respaldo jurídico para poder, si se diera el caso, actuar”, afirmó a El País.

De hecho, puntualizó que, al tratarse de dos ministerios distintos (Interior y Defensa), puede haber dificultades de jerarquía: “Ese militar va a estar manejando el vehículo, pero va a estar bajo órdenes de un oficial de Policía. Entonces es un poco contraproducente, porque creo que a ningún militar le va a caer en gracia recibir órdenes de un jerarca de la policía, cuando en realidad no son sus superiores. Lo mismo pasaría a la inversa”.

Noy señaló que el sindicato se reunió con Interior el miércoles, donde el tema se planteó. De todas formas, las autoridades “no dieron gran información porque también ellos mismos dicen que aún está” en proceso.

Ricardo González, presidente del Sindicato Único de Policías del Uruguay (SUPU), dijo a El País que “vienen muy bien” para reforzar la gestión en seguridad, pero también planteó dudas al respecto, como “la interrogante de si es con personal del Ejército o no”.

“Lo ideal sería que lo pudiéramos tener y manejarlo nosotros, pero también se necesita una capacitación especial. Si el Ejército nos pone como ese requisito que lo maneje su personal, no lo vemos mal si únicamente la tarea sea manejarlo. La vigilancia y el patrullaje tiene que estar a cargo de la Policía”, aseguró.

Al igual que los otros gremios, expresó que “lo primero es despejar dudas de si hay un marco jurídico que lo defienda, que le dé protección a la hora de manejar este vehículo con funcionarios policiales”.