El senador y secretario general del Partido Colorado, Andrés Ojeda, presentó un proyecto de ley que busca habilitar expresamente la participación de personal militar en operativos de seguridad pública junto a la Policía Nacional, incluyendo la conducción y operación de vehículos blindados del Ejército.
La iniciativa surge en medio de la discusión política generada por la decisión del gobierno de utilizar los vehículos blindados Mamba MK7 -donados por Estados Unidos al Ejército uruguayo- en patrullajes y operativos en zonas consideradas críticas por el Ministerio del Interior.
El texto presentado por Ojeda propone “encomendar a las Fuerzas Armadas el apoyo a la Policía Nacional en los operativos de seguridad pública”, comprendiendo la “conducción y operación de vehículos blindados y demás medios materiales especializados de su dotación”.
El proyecto establece, además, que los operativos seguirán estando “bajo mando operacional” de la Policía Nacional y que los militares mantendrán su dependencia orgánica del Ministerio de Defensa.
En la exposición de motivos, Ojeda sostiene que actualmente existe cobertura legal para la cesión de equipamiento militar a la Policía, pero no para que sea el propio personal militar quien opere esos medios en tareas vinculadas a la seguridad pública. Por eso, argumenta, se necesita una autorización legal “expresa” que otorgue “certeza jurídica y debidas garantías”.
La propuesta también incorpora antecedentes legislativos que habilitaron tareas específicas para militares en asuntos de seguridad interior, como la guardia perimetral de cárceles y la vigilancia en zonas de frontera.
Polémica
El debate se instaló luego de que el ministro del Interior, Carlos Negro, confirmara que el gobierno pretende desplegar blindados Mamba MK7 en barrios de Montevideo con alta presencia del crimen organizado. Los vehículos serían manejados por militares entrenados especialmente para operar ese equipamiento, aunque bajo coordinación policial.
Sin embargo, la utilización de esos blindados abrió otro frente de debate. Como informó El País, el gobierno necesita autorización de Estados Unidos para cambiar el destino original de los vehículos, ya que fueron donados para misiones de paz y entrenamiento militar.
El proyecto de Ojeda, además, abre un flanco interno en el Frente Amplio, donde el sector Casa Grande, de Constanza Moreira, ya adelantó que no apoyará una medida de tales características, al tiempo que el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo (Partido Comunista), también se pronunció en contra, lo que llevó al presidente Orsi a declarar públicamente que la decisión ya estaba tomada,
El equipo
La donación estadounidense incluyó 14 blindados Mamba MK7 valuados en unos US$ 11 millones y un paquete de entrenamiento militar que fue acordado durante la administración de Joe Biden.
En ese contexto, el proyecto de Ojeda aparece como un intento de dar respaldo normativo a una estrategia de seguridad que hasta ahora avanzaba mediante acuerdos entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa, pero que carece de una regulación específica sobre la participación operativa de militares en tareas de seguridad pública.
La iniciativa de Ojeda también prevé capacitación obligatoria para el personal militar en procedimientos policiales y encomienda al Poder Ejecutivo la reglamentación de los mecanismos de coordinación entre Interior y Defensa.
Consultado por El País sobre su proyecto, Ojeda señaló que “es momento de declararle la guerra al narco, por eso reclamamos policializar algunos barrios conflictivos y el uso de estos blindados americanos va en ese camino. Vamos a trabajar para que estén patrullando los barrios cuanto antes. Por eso presentamos este proyecto de ley y pedimos una reunión a la embajada americana, si ellos no objetan el uso en seguridad interna, no hay problema con la donación”.
Y añadió: “Así como respaldamos la visita (de Orsi) al portaaviones, corresponde respaldar ahora, está haciendo lo que veníamos reclamando”.