Orsi archivó investigación por denuncias contra Casablanca en medio de reestructura de Secretarías de DDHH

El presidente de la República, Yamandú Orsi, firmó una resolución, fechada el pasado 9 de julio, por la que dispuso la clausura de la investigación administrativa iniciada tras la denuncia presentada por cuatro funcionarias y un funcionario contra la directora de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, Alejandra Casablanca, por presunto acoso y violencia en el ámbito laboral. Los cinco denunciantes fueron posteriormente trasladados a otras reparticiones de Presidencia.

La acusación había tenido lugar en noviembre de 2025, hace siete meses y finalmente se adoptó una decisión hace pocos días en medio de una reestructura que lleva adelante el gobierno para unificar las dos secretarías de Derechos Humanos, informó en primera instancia El Observador.

En la resolución, a la que accedió El País, se concluye que "de los antecedentes de la investigación administrativa dispuesta no surgen elementos de prueba suficientes que permitan acreditar la existencia de actos o hechos irregulares o ilícitos" en relación con la aplicación del Protocolo de Prevención y Atención de Situaciones de Violencia en el Ámbito Laboral.

A su vez, el presidente consideró pertinente adoptar las recomendaciones formuladas por el Grupo de Trabajo en su informe del 15 de diciembre de 2025. En ese documento se advertía sobre un clima laboral hostil, con una naturalización de conductas violentas que se arrastraban desde el período anterior, y se planteaba la necesidad de renovar el equipo ante la imposibilidad de recomponer el relacionamiento.

La resolución también da cuenta de que los funcionarios denunciantes fueron investigados a raíz del descargo presentado por Casablanca, quien denunció presuntas irregularidades y la eventual falsificación de documentos. Sin embargo, esas actuaciones también fueron archivadas. La investigación administrativa fue iniciada en abril de este año.

En otra resolución firmada por todo el gabinete, fechada también el 9 de julio, se indicó que “la dispersión y superposición normativa de los cometidos de la actual Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente hacen imprescindible su reorganización dentro de una estructura única y organizada dentro de Presidencia de la República”.

Por tanto, se resolvió su integración a la Secretaría de Derechos Humanos para “asegurar la continuidad de las tareas de soporte y digitalización de la información no traspasada aún a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (Inddhh)”.

Aunque todavía no fue nombrada oficialmente, tras el cese de Collette Spinetti la actual subdirectora de Comunicación Institucional de Presidencia de la República, Iliana Da Silva, será quien encabece la Secretaría de Derechos Humanos, dependencia que incorporará nuevas cometidos.

Para llevar adelante la unificación y coordinación de las actividades que actualmente desarrolla la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, el gobierno resolvió crear el cargo de "coordinador referente", que será designado por el presidente de la República. Según consignó El Observador, Casablanca será la designada para ocupar esa función.

Tras los cambios, Familiares de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos hicieron su descargo a través de un comunicado en el que manifestaron que “los pendientes históricos del Estado uruguayo no se resuelven mediante cambios de organigrama ni pueden eliminarse por decreto”.

“Sin perjuicio de las facultades del Poder Ejecutivo para establecer la estructura orgánica y funcional que considere adecuada para su gestión, nos alarma habernos enterado a través de los medios de prensa de una modificación de esta relevancia en la institucionalidad del pasado reciente […] No pretendemos pronunciarnos sobre aspectos meramente administrativos. Sin embargo, nos preocupa profundamente la señal política que transmite esta reorganización”, cuestionó el colectivo.

En esta dirección, se expresó preocupación por la pérdida de especificidad, autonomía y capacidad para impulsar políticas públicas al suprimirse algunos cometidos de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, al incorporarla a “una estructura de carácter general”.