A cuatro meses de acusaciones a Casablanca, Presidencia no define: “Las denunciantes somos las castigadas”

A más de cuatro meses de que al menos cuatro funcionarias de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente denunciaran por violencia laboral a la directora del organismo, Alejandra Casablanca, la Presidencia de la República aún no ha adoptado una resolución sobre el caso, pese a que el informe elaborado por el Departamento de Servicio de Prevención y Salud en el Trabajo constató la existencia de “violencia generalizada”. Las funcionarias acusan a la jerarca de ejercer “destratos”, “insultos” y “violencia psicológica”.

Desde Presidencia, frente a la insistencia de El País, respondieron que informes que fueran solicitados a Jurídica de Torre Ejecutiva están a disposición de los jerarcas, pero añadieron que resta aún “el expediente final”, puesto que este no está terminado. En diversas ocasiones también han señalado que la situación no es una prioridad para las principales autoridades del gobierno. “Todavía quedan actuaciones por finalizar para dar por concluido el asunto”, indicaron.

Al mismo tiempo, la molestia, afectación e impaciencia es cada vez más creciente, no solo entre las denunciantes, sino también entre militantes históricos por los derechos humanos y por la causa de los desaparecidos. Gustavo Méndez, que fue Secretario del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia y mano derecha de Felipe Michelini, ha sido una de las voces más críticas en redes sociales. Cercano a dos de las denunciantes -una de las cuales incluso relató agresiones de índole sexual por parte de Casablanca-, Méndez recordó que durante el gobierno pasado también hubo acoso laboral de parte de Luján Criado (excompañera de fórmula presidencial de Eduardo Lust) “en la misma oficina” -no era la directora-, y que el accionar de los responsables políticos (secretario y prosecretario de Presidencia) en ese momento fue diligente: rápidamente, fue removida.

“En la Secretaría del Pasado Reciente, la todavía en el cargo, Alejandra Casablanca, fue denunciada por acoso laboral y también sexual a otra mujer. Desde enero Jurídica paso su dictamen y estamos esperando que la expulsen. Tiene antecedentes en TV Ciudad. Como seregnista frenteamplista me avergüenza la pasividad, la dejadez en un tema tan importante. Mis compañeras sufrieron los ataques”, se descargó Méndez en un comentario a una publicación del Frente Amplio en el marco del Mes de la Mujer.

Como medida cautelar tras las diversas acusaciones contra la jerarca a fines de noviembre, entre las que hubo una de parte de una adscripta con cargo de confianza política traída por la propia Casablanca (que fue enviada a su casa mientras su contrato permanece vigente), los funcionarias que declararon en la investigación administrativa fueron trasladadas a diferentes reparticiones de Presidencia: Secretaría de Derechos Humanos, Administración Documental, Archivo y Gestión Humana.

En algunos casos, sin que se les asigne tarea alguna. En otro, una funcionaria que ofició como testigo está a la espera de su traslado, ya que se le asignó un nuevo rol luego de declarar en contra de la jerarca, corroborar las denuncias de sus compañeras de trabajo y relatar episodios propios. A la trabajadora, que se desempeña desde 2013 en el organismo, se le comunicó en diciembre, al reintegrarse de una licencia, que no debía volver a presentarse a trabajar en la oficina de la Secretaría, donde estaba a cargo de los archivo correspondientes a los años de la dictadura. En cambio, desde hace tres meses fue enviada a distintas dependencias del Estado, donde también hay documentación vinculada a esos años y a los previos al golpe de Estado, aunque siguiendo subordinada a Casablanca.

Según pudo reconstruir El País, en el marco de una actividad de la Secretaría que tuvo lugar el 6 de marzo en el Edificio Anexo de la Torre Ejecutiva -a donde fueron transferidas tres de las denunciantes-, se generó un clima de tensión que llevó a evaluar la posibilidad de presentar una denuncia ante Fiscalía para solicitar una restricción de acercamiento.

En conversaciones, a las que accedió El País, una de ellas escribió: “A todas las denunciantes la mandaron a trabajar en la Torre Anexa. Hace días que la acosadora Casablanca y su grupo sin necesidad merodean esa torre, mientras que su oficina está en la planta baja del Palacio Estévez. Hoy arman una muestra donde están trabajando todas las denunciantes exponiéndolas al cruce, mirando desafiante. Están revictimizando a las denunciantes y poniéndolas en riesgo con su acosadora, teniendo otros lugares como la Torre Ejecutiva”.

En diálogo con El País, una de las denunciantes -que pidió expresamente no ser identificada al igual que las otras víctimas- criticó la demora de Presidencia para tomar una decisión y, al igual que otras funcionarias, se refirió a las repercusiones en la salud mental por la incertidumbre de meses que la situación ha generado para varias de ellas.

“Por la medida cautelar, los denunciantes terminamos por ser los castigados. Hay una consecuencia directa sobre nuestra salud mental. Nuestro tormento continúa. Te sacan de donde estabas y te mandan a tu casa, o te ponen en sitios en los que sentís que te van arrumbando por aquí o por allá. Cuando nos comunican sobre el informe hablan de ‘violencia generalizada’. De ninguna manera. En una estructura jerárquica así no hay ‘violencia generalizada’. Cuando un jerarca es violento, el subalterno se defiende. ¿Qué pasa que no pueden tomar esta decisión como se toman otras? La postergación, además, desanima la denuncia”, sentenció una de las cuatro mujeres afectadas.