Caso Carrera: Fiscalía afirma que perjuicio al Estado fue de más de $ 6 millones y pide que declare Heber

La demanda acusatoria presentada por la fiscal Sandra Fleitas contra el exsenador frenteamplista Charles Carrera sostiene que el perjuicio generado al Estado por las internaciones y los gastos de Víctor Hernández fue superior a los $ 6 millones.

Ese cálculo surge de la hospitalización y los estudios que, según Fiscalía, generaron gastos por $ 5.214.668 y del pago de tickets alimentación por tres años, cuyo monto fue de $ 940 mil (unos $ 10 millones si se ajusta por IPC actual).

En tanto, entre la lista de testigos que propone para el juicio, la Fiscalía incluyó al exministro del Interior, Luis Alberto Heber, según lo que pudo constatar El País a través del acceso a la demanda.

La Fiscalía pidió que Carrera fuera condenado a cuatro años de prisión, tres años de inhabilitación para ejercer cargos públicos y al pago de una multa de 1.000 Unidades Reajustables (aproximadamente $1.900.000), por entender que cometió los delitos de fraude y utilización indebida de información privilegiada.

En el escrito de la demanda, Fleitas recordó que Víctor Hernández fue herido de bala mientras cenaba en su casa en la localidad de La Paloma (Rocha). Un proyectil perdido le provocó una lesión vertebral que lo dejó con parálisis de miembros inferiores.

Hernández vivía en frente a una casa propiedad del Estado que estaba asignada a un comisario de La Paloma, quien presuntamente ese día estaba haciendo una fiesta. Aunque la sospecha siempre fue que la bala había salido de esta vivienda y se iniciaron procedimientos administrativos que terminaron en sanciones, eso nunca se comprobó judicialmente.

El herido estuvo internado en el Hospital de Rocha y, por la gravedad de su estado, fue trasladado al Hospital de Clínicas el 11 de noviembre de 2012. Estuvo allí hasta el 24 de julio de 2013 y ese mismo día ingresó al Hospital Policial.

Según la denuncia realizada en 2022 por la administración pasada del Ministerio del Interior —que recogió Fiscalía— "se advirtió la ocurrencia en el año 2016 de una situación anómala respecto a la internación gratuita en el Hospital Policial de un particular, que no siendo funcionario policial, ni equiparado, ni familiar de un policía, recibía asistencia en dicho nosocomio y además percibía mensualmente la suma de $ 20.000 de la partida de canastas de fin de año, que en ese momento se pagaba con tickets de alimentación".

Quien dio la orden de que Hernández fuera internado en el Hospital Policial, sostiene la acusación, fue Carrera, que en ese momento era director general de Secretaría del Ministerio del Interior. Además, lo visitó en el centro de salud para conocer su estado y le dio $ 10 mil de su bolsillo a Daniel Hernández, hermano del herido. También "se comprometió a colaborar con la víctima", por lo que autorizó el pago de los tickets alimentación en forma mensual. Ellos se entregaron ininterrumpidamente desde enero de 2013 a noviembre de 2016.

Daniel Hernández estuvo ingresado en el hospital en calidad de acompañante durante los tres años y medio que duró su internación, "usando los servicios de hotelería de la institución".

Leonardo Anzalone, que era director de Sanidad Policial, "fue informado que había un paciente que venía del interior y que por orden del director nacional de Secretaría del Ministerio del Interior debía ser atendido mediante 'autorización especial a usuarios'", explica la demanda. Esas autorizaciones eran de seis meses y se fueron prorrogando por "orden verbal" de Carrera.

Por otra parte, la Fiscalía trajo a colación registros médicos que afirman que existía una recomendación de que Hernández se fuera de alta años antes de que eso efectivamente ocurriera. Por ejemplo, una psiquiatra que lo evaluó en diciembre de 2024 escribió en un informe: "No parece adecuada la permanencia del paciente en el ámbito hospitalario, lo que obtura la rehabilitación psicosocial (no trabaja, no estudia, no proyecta fuera del hospital)".

Para poder llegar al cálculo del costo total de la erogación para el Estado, la Dirección Técnica del Hospital Policial realizó una evaluación total de los gastos. Entre los servicios de atención, enfermería, alimentación, estudios y consultas médicas, entre otras cosas, llegaron a la suma de $ 5.214.668. Al día de hoy, ajustado por Índice de Precios del Consumo (IPC), sería $ 9.474.385, expusieron en la acusación. A eso se suma el pago de 47 tickets de alimentación por $ 20 mil cada uno. El cálculo da $ 940.000.

En sus conclusiones, Fleitas resaltó que "no existe ninguna documentación del Ministerio del Interior, del Departamento de Sanidad Policial ni del propio Hospital Policial que justifique el ingreso" de Hernández al centro de salud. "Tampoco una asistencia excepcional originada en una situación de emergencia", agregó y sostuvo que Carrera "realizó numerosos actos que produjeron un daño patrimonial a la administración".

Fiscalía propuso a 23 testigos para que declaren el juicio, junto a 23 piezas de prueba documental y cuatro pericias. Además, solicitó que ingrese la grabación casera que Daniel Hernández hizo de Carrera cuando se reunieron en el Ministerio del Interior. Allí, el dirigente no sabía que estaba siendo grabado. Su contenido fue divulgado por el programa de televisión Santo y Seña, que se emitía por Canal 4.

Entre los testigos a citar se destaca a los hermanos Hernández, jerarcas de Sanidad Policial y el exministro del Interior, Luis Alberto Heber.

Al dirigente nacionalista se lo consultaría sobre "cómo tuvo conocimiento de los hechos que dieron lugar a la intervención administrativa" del ministerio y qué medidas adoptó en ese momento.

Una vez la defensa de Carrera sea notificada de la acusación, tendrá 30 días para contestarla, dar su versión de los hechos y proponer evidencia. Luego comenzará una etapa intermedia en la que se debatirá qué pruebas serán tenidas en cuenta y cuáles no para el juicio.

Desde el inicio del caso, Carrera ha sostenido que actuó por motivos "humanitarios" y que no cometió ningún delito. Cuando El País publicó que había sido formalmente acusado, el exsenador escribió un mensaje en su cuenta de X. Afirmó: "Fui víctima probada de espionaje por denunciar la entrega del puerto. Luego me armaron una causa (...) Hoy comienza el juicio. Y comienza también la etapa en la que podré demostrar, con pruebas y frente a la sociedad, mi más absoluta inocencia".