La Intendencia de Montevideo (IMM) busca que la Junta Departamental le apruebe US$ 60 millones extra para destinarlos a “inversiones estratégicas” dentro de su ambicioso plan de limpieza. La administración de Mario Bergara planea retirar más de la mitad de los contenedores de la calle y reemplazarlos, en gran parte del departamento, por contenedores dentro de hogares o complejos de vivienda.
Para contar con ese dinero, que supone un 10% de lo que se destina al plan en el Presupuesto, Bergara necesitará una mayoría especial en la Junta Departamental que implica cuatro votos opositores.
En el marco de esta negociación —por este y por otros proyectos extrapresupuestales—, delegaciones de la IMM concurren a la Junta y muestran sus planes.
Este miércoles, las autoridades llevaron un mapa que muestra qué modelo quiere aplicar la comuna en cada zona. Porque si bien en gran parte del departamento se proyecta el modelo de intradomiciliarios o intraprediales, en las zonas céntricas se mantendrán los contenedores públicos, con algunos bajo tierra en avenidas.
El diseño proyectado para 2030, cuando termine el gobierno de Bergara, coincide en grandes rasgos con lo que el seregnista había mostrado en campaña.
Municipio por municipio
La intención es que los municipios A y G ya no tengan contenedores en la calle y pasen a un modelo de intradomiciliarios e intraprediales. El primer municipo comprende barrios como el Cerro, Belvedere, La Teja, Paso Molino, Tres Ombúes, Villa Teresa y Nuevo París. El segundo abarca Lezica, Melilla, Peñarol, Paso de las Duranas, Nuevo París, Sayago, entre otros.
Los otros dos municipios periféricos D y F, así como el E en la costa este, tendrán una presencia “importante” de contenedores intradomiciliarios, pero con zonas donde se mantendrán los de la vía pública, según la presentación a la que accedió El País.
El D tiene barrios como Manga, Piedras Blancas, Casavalle, Borro, Marconi, Villa Española, Unión y Aires Puros. El F tiene otra parte de Piedras Blancas, Manga, Bañados de Carrasco, Maroñas, Villa Española, Jardines del Hipódromo, Punta de Rieles y más zonas. Finalmente, el E incluye Carrasco, Malvín y Punta Gorda.
De acuerdo a lo que se observa en el mapa que mostró la IMM en la Junta, las partes de estos tres municipios que se mantendrán con contenedores en la vía pública son las que están más hacia el centro.
En el municipio C también se observa una distribución mixta: algo así como la mitad se mantendrá en régimen de contenedores públicos y la otra tendrá intradomiciliarios. En este municipio están el Prado, Brazo Oriental, La Comercial, Jacinto Vera, otra parte de La Aguada, Goes, Capurro, Reducto, entre otros.
Los dos municipios más céntricos, el B y el CH, tendrán principalmente contenedores en la calle, similar a lo que sucede ahora, si bien habrá combinaciones con otras modalidades.
En 18 de Julio, por lo que se ve en el mapa, habrá contenedores soterrados. También se prevé instalarlos en una parte de Ciudad Vieja y en Avenida Libertador.
El municipio B tiene barrios como Cordón, Parque Rodó, Palermo, Barrio Sur, Ciudad Vieja, Centro, parte de La Aguada, La Comercial y Tres Cruces. El CH abarca Pocitos, Villa Dolores, Punta Carretas, Buceo, Tres Cruces, La Blanqueada, Larrañaga y Parque Batlle.
¿Para qué los 60 millones extra?
Con estos millones de dólares extra, la intendencia quiere potenciar su plan al que ya le destina unos US$ 560 millones en su presupuesto quinquenal.
De esos US$ 60 millones, cerca de la mitad (US$ 27,6 millones) se destinaría a ampliar el modelo de intradomiciliarios e intraprediales (que la comuna ya empezó a implementar en algunas zonas), a comprar nuevos camiones y a instalar contenedores soterrados.
También, se utilizaría para adquirir maquinaria para “erradicación de basurales”, barrido mecánico, lavado de espacios públicos, limpieza de playas, papeleras en zonas de “alta concurrencia” y “nuevos contenedores” para ferias.
Unos US$ 20,4 millones irían para instalar seis nuevos ecocentros, comprar camiones eléctricos, mejorar las plantas de clasificación y la recolección de reciclables, y expandir el compostaje.
Finalmente, US$ 9,95 millones se destinarían a ampliar las capacidades del sitio de disposición final de residuos, US$ 1 millón a mejorar el monitoreo y la fiscalización y US$ 960 mil a fortalecer el programa de motocarros, transportistas y a mejorar las condiciones de trabajo de clasificadores.
De todas formas, es probable que la intendencia deba adaptar su plan a planteos que hagan los ediles opositores más proclives a darle sus votos, por lo que podría tener cambios.
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