Gobierno busca prorrogar intervención en Casmu y habilitar nueva garantía estatal por hasta US$ 120 millones

El Poder Ejecutivo envió este jueves al Parlamento un proyecto de ley para extender la intervención de Casmu por hasta dos años, brindarle un nuevo acceso al Fondo de Garantía para mutualistas por el equivalente a US$ 120 millones, y modificar la ley 18.439, que creó dicho fondo, para “fortalecer los mecanismos de control de la gobernanza” de las instituciones de salud.

El proyecto de ley, al que accedió El País, ingresó al Senado en las últimas horas y deberá ser tratado en un corto período de tiempo, en ambas cámaras, ya que la fecha lìmite de la intervención que lleva adelante el Poder Ejecutivo sin desplazamiento de autoridades en la mutualista, vence el miércoles 29 de julio.

El Frente Amplio presentó este viernes una moción para tratar este proyecto de ley como grave y urgente. No obstante, al momento de votarla, el senador frentista Óscar Andrade anunció que en una reunión de bancada acordaron con la oposición abordar este tema en comisión el lunes, para luego considerarlo en sesión de Senadores, y después en Diputados.

El senador colorado Robert Silva dijo a El País que los blancos y colorados propusieron convocar a la comisión integrada de Hacienda y Salud del Senado, con carácter urgente. A las 11.30 horas del lunes concurrirán la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, y el ministro de Economía, Gabriel Oddone, para brindar explicaciones del tema, acotó.

Silva indicó que se opusieron a tratar el asunto como grave y urgente este viernes porque "no están dadas las circunstancias" para abordar el tema. Desde abril pasado se tenía conocimiento del plazo límite del 29 de julio, e "irresponsablemente y carente de responsabilidad nos mandan esto", criticó.

El colorado remarcó que buscan conocer "cuál es el resultado de la intervención", así como "si está en marcha" una reestructura. "Van muchas decenas de millones de dólares invertidos en este tema a través del Fondo de Garantía", remarcó. También cuestionó los cambios a la ley 18.439.

El primer artículo plantea el acceso de Casmu al Fondo de Garantía para la reconstrucción de pasivos de las mutualistas por hasta la suma de 742.543.719 unidades indexadas (UI), unos US$ 120 millones, más intereses, que estarán “condicionados” a la aprobación de los planes de reestructuración por parte del Poder Ejecutivo, actuando a través del Ministerio de Salud Pública (MSP) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Tal como ocurrió con la ley 20.325, que brindó un acceso al mismo fondo de garantía por US$ 56 millones en 2024, la iniciativa faculta a “eximir temporalmente” a la mutualista la obligación de “constituir garantías reales u otras garantías a favor del Fondo cuando ello no sea posible”. En ese caso, las garantías que se liberen con posterioridad quedarán “automáticamente” afectadas por estas obligaciones.

El segundo artículo resuelve extender por hasta dos años más la intervención del Poder Ejecutivo en la institución con unos 171.000 socios —la tercera mutualista con más afiliados— a partir de lo establecido en la ley 20.404, aprobada en abril de 2025.

El tercer artículo plantea que los planes de reestructuración que se requieren para el acceso al Fondo de Garantía “deberán incorporar programas de reestructuración de la situación económico-financiera, de los aspectos administrativos y funcionales, y de la gobernanza de las instituciones”, modificando la ley 18.439.

El cuarto, y último, artículo suma un mecanismo de “no objeción previa”, por parte del MSP y MEF, de la designación de los integrantes de los consejos directivos u órganos similares, así como de la gerencia general, el director técnico y el gerente administrativo y financiero de las instituciones que accedan a una garantía en el marco de la Ley 18.439, mientras esta se encuentre vigente.

La no objeción, que se aplicaría solo para las garantías otorgadas a partir del 31 de julio, “deberá fundarse en la evaluación de la idoneidad, la experiencia, la inexistencia de inhabilitaciones y la eventual existencia de conflictos de interés de las personas propuestas, entre otros atributos que establezca la reglamentación”.

La exposición de motivos del proyecto plantea que Casmu pese al acceso otorgado al amparo de las leyes 20.325 y 20.404, “aún no ha logrado superar la situación económico-financiera que motivó la aprobación de dichas normas”.

La institución “mantiene un elevado nivel de endeudamiento, gran parte del cual fue contraído en el pasado a altas tasas de interés para atender necesidades de liquidez de corto plazo, llevando a un descalce entre ingresos y egresos”, agregó.

Si bien el directorio actual, encabezado por Domingo Beltramelli, que asumió el 2 de octubre de 2025, “implementó medidas de ahorro y mejora de la gestión, el elevado peso de la carga de intereses más que compensa el impacto positivo que dichas medidas han tenido hasta el momento”, puntualizó el texto.

También se indicó Casmu solicitó el 17 de julio al MEF y el MSP el nuevo acceso al régimen del Fondo de Garantía IAMC por el mismo monto que plantea el proyecto de ley, con el que se busca “asegurar la continuidad asistencial del prestador, sujeto a la aprobación de los planes de reestructura correspondientes”, acotó.

La iniciativa además hace referencia a la intervención de Casmu, que inició el 29 de julio de 2024. “La experiencia recogida demuestra que el plazo previsto puede ser exiguo en instituciones de mayor porte y nivel de complejidad para la superación definitiva de las causas que motivaron la actuación del Estado. En algunos casos se requiere de plazos más prolongado para consolidar las medidas adoptadas y asegurar la estabilidad institucional y financiera del prestador”, indicó.

Con el acceso a esta garantía la mutualista no busca endeudarse más, sino reperfilar la que ya tiene, indicaron desde el Casmu a El País. La mutualista tiene con el Banco República (BROU) una deuda de unos US$ 85 millones (530 millones de UI aproximadamente), con garantía soberana, a partir de los fideicomisos brindados en 2021, 2022 y 2025.

Tal como estaba acordado, Casmu venía pagando solo los intereses de la deuda, pero próximamente también deberá pagar el capital. Se busca el reperfilamiento porque como no se completaron las medidas de ajuste, se busca extender el plazo de pago de la deuda.

Los fideicomisos con el BROU fueron hechos a 15 años de pago, con dos años de gracia, donde solo se paga intereses, y 13 años de pago de intereses y capital. Lo que busca Casmu ahora es hacerlo a 17 años, con dos años de gracia, y 15 años de pago de intereses y capital.

De avanzar con esta medida, se ganaría tiempo para el pago de capital, mientras se terminan en breves de pagar los fideicomisos antiguos, de 2010, al mismo tiempo que se mejoran las medidas de ajuste.

Si el reperfilamiento del pasivo es con el BROU, el gobierno no tiene que emitir una garantía adicional porque ya está garantizado por ese banco. Pero esto cambiaría si se fuera por una emisión pública o con un banco privado, porque existiría un delay en los plazos para la misma operación. La garantía se hizo por esta cifra por si el reperfilamiento no se hace con el BROU.

Por otro lado, de obtener la nueva garantía, Casmu aspira a pedir un préstamo extra para con ese dinero saldar la deuda con todos los prestamistas (US$ 12 millones), y así evitar pagar altas tasas de interés y en corto plazo. Pero también pagar unos US$ 6 millones a proveedores comerciales para bajar los días de deuda con estos, lo que permitiría alcanzar precios más convenientes.

Con la deuda de US$ 18 millones que Casmu contraería con un banco o con emisión pública, que requiere la garantía soberana, se reperfiliaría luego la deuda posiblemente en un fideicomiso con menores tasas de interés y en un plazo más favorable de pago que la que mantiene hoy con los prestamistas.