Casmu tuvo balance negativo en 2025; desde mutualista alertan "extrema fragilidad", pero MSP descartó "alarma"

Hay tensión a la interna del prestador previo a una asamblea de capitalizadores sobre el último balance; la directiva no descarta pedir fideicomiso y las autoridades valoran ahorro de la administración actual.

Policínico Casmu.
Policínico Casmu.
Foto: Archivo El País.

La mutualista Casmu, intervenida por el Poder Ejecutivo desde julio de 2024, cerró el ejercicio 2025 con un resultado negativo de $ 1.057.120.013, unos US$ 26 millones, según el balance de la institución —la tercera en cuanto a la cantidad de afiliados—, al que accedió El País. El prestador presentó este dato en enero al Ministerio de Salud Pública (MSP), y la situación será analizada en una asamblea de capitalizadores mutuales.

El balance encomendado a la firma Grant Thornton, que analizó la marcha del Casmu entre el 1° de octubre de 2024 y el 30 de setiembre de 2025, generó tensión a la interna de la mutualista. El período comprende el final del mandato de Raúl Rodríguez, presidente de la institución, entre octubre de 2019 y octubre de 2025, cuando fue vencido por el opositor Domingo Beltramelli.

Los datos del último ejercicio cambiaron la tendencia positiva vista en los últimos años, pese a la intervención del Poder Ejecutivo para revertir la “grave crisis financiera”. En 2024, Casmu informó un cierre positivo en $ 25.012.407, en 2023 de $ 103.853.910, en 2022 llegó a $ 115.014.245 y en 2021 fue de $ 182.457.582. En 2020, hubo un cierre negativo por $ 93.339.793.

Entre varios elementos, el último balance también planteó que hubo un ajuste en los resultados acumulados por un total de $ 810.721.169, de los cuales dos terceras partes fueron de saldos de ejercicios anteriores no reconocidos antes.

“Esta situación ha profundizado el desequilibrio en el balance, evidenciado en un marcado aumento del pasivo total, que ha condicionado la liquidez y elevado los costos financieros por préstamos a altas tasas”, marcó la memoria y balance anual de Casmu al que accedió El País.

En el análisis económico-financiero, la directiva actual marcó que el ejercicio cerrado “presenta un escenario desafiante que requiere medidas de ajuste inmediatas”. También se marcó un “aumento crítico de la deuda con particulares no bancarios a tasas superiores a las del mercado, comprometiendo el flujo de caja diario”.

Otro aspecto señalado es que la demora “promedio” de pago de Casmu con los proveedores es de 200 días, alcanzando casos puntuales al año, lo que “encarece los costos de suministros”. En cuanto a la estructura del activo, hay un “incremento significativo de cuentas a cobrar, lo que indica una mayor inmovilización de recursos y dificultades en el ciclo de recuperación de fondos”, entre otros puntos.

Del balance, surge además que el pasivo total pasó de casi $ 9.000 millones en 2024 a $ 10.452 millones un año después. El pasivo no corriente pasó de $ 2.478 millones a $ 4.404 millones y el total de pasivo y patrimonio pasó de $ 7.405 millones a $ 9.261 millones en un año. El último resultado operativo fue negativo en $ 677 millones, tras años de cifras positivas.

El dictamen de los auditores independientes marcó que se “requiere financiamiento adicional para cumplir con sus compromisos operativos y financieros en el próximo año”.

“Si bien estas condiciones representan indicadores de incertidumbre que podrían afectar la capacidad de la institución para continuar como empresa en marcha”, la dirección de Casmu ha trabajado en una serie de “factores mitigantes y planes de acción”, marcó el balance.

Esto en relación a una “reestructura financiera y de gestión de pasivos”, que incluye un plan de reestructura financiera integral para reperfilar la mayor parte del pasivo financiero, para lo cual “se proyecta la constitución de un fideicomiso de emisión pública”, marcó el balance. En tanto, fuentes de Casmu indicaron que este punto "se va a plantear, todavía no está decidido, pero puede ser un camino".

Esta herramienta, “permitirá sustituir pasivos financieros de corto, mediano y largo plazo con entidades bancarias y privadas, además de destinar fondos que permitan fortalecer el capital de trabajo y reducir el ciclo de pago a proveedores comerciales”, agregó.

También se destacó la obtención de una línea de crédito por $ 90 millones del Banco República, y un acuerdo para cobrar deudas pendientes con ASSE, por $ 387 millones, en tres cuotas, que les permitirá ganar liquidez.

El balance además planteó la idea de un Plan de Eficiencia Operativa, para la “racionalización del gasto y la optimización de recursos”, para alcanzar una reducción mensual proyectada de hasta $ 80 millones.

Gabriela Pradere, presidenta de la Junta Nacional de Salud.
Gabriela Pradere, presidenta de la Junta Nacional de Salud.
Foto: Leonardo Mainé.

“No vemos ninguna situación de alarma”

“Hasta ahora, no vemos ninguna situación de alarma, más allá de que hubo un resultado negativo”, dijo consultada por El País la presidenta de la Junta Nacional de Salud (Junasa), Gabriela Pradere.

Pese al resultado “desfavorable” en el último cierre, la actual directiva de Casmu que asumió en octubre pasado tomó medidas para revertir el balance negativo y dar “sostenibilidad en el mediano plazo”, destacó.

Pradere resaltó que si bien los resultados contables son importantes porque brindan un panorama de la salud económica-financiera de los prestadores, no es lo único que observan. Posterior al balance, con la nueva directiva, Casmu “no ha tenido problemas de liquidez”, lo que ha permitido pagar los sueldos “en tiempo y forma”.

Las primeras medidas que tomó la gestión de Beltramelli “ahorran casi $ 30 millones todos los meses”, mientras que hay “un conjunto de medidas previstas para adelante para revertir el déficit que tiene”. La mutualista aún no presentó formalmente un plan de reestructura, que esperan tenerlo pronto dentro del próximo mes.

“Por ahora no estamos pensando en una nueva ley”, agregó la presidenta de la Junasa, en relación a brindarle una ayuda excepcional al Casmu, como ya ocurrió.

“Después ellos pueden, como cualquier otro prestador, presentarse y armar un fideicomiso público o privado, o de los dos. No está pensado que se tomen medidas específicas diferentes a las herramientas que tienen todos los prestadores para solucionar sus problemas económicos financieros”, explicó.

Pradere remarcó que la situación de la mutualista es “excepcional”, y que en términos globales, el sistema de salud está “estable”, es “sostenible” y “está mejor incluso que en años anteriores”, si se quita el factor Casmu.

“Tanto en el interior como en Montevideo se mejoraron los resultados”, adelantó sobre los balances que se conocerán próximamente.

Consultada sobre si la situación de Casmu es similar a la de Casa de Galicia, la jerarca respondió: “No es una situación similar. No identificamos que pueda tener un desenlace similar”.

“Sin dudas, para nosotros tiene que haber un nuevo plan, que sea aprobado por el MEF y nosotros, algo que no sucedió con los planes anteriores, que le de sostenibilidad. Con los intercambios que hemos tenido hasta ahora creemos que hay un escenario muy probable donde ellos presenten medidas que lo hagan sostenible en el mediano plazo”, concluyó.

“Extrema fragilidad financiera”

La memoria anual y balance de Casmu incluyó un informe de la Comisión Fiscal a la asamblea que abordará el balance, entre otros puntos. La situación económica reflejada “evidencia un escenario de extrema fragilidad financiera”, planteó el informe que fue aprobado por Stella Gutiérrez y Ruben Cano, y el voto en contra de Lorena Giannoni.

"De no adoptarse medidas estructurales urgentes y profundas cuya necesidad haya sido señalada por el MSP desde el año 2024, se configura un riesgo real para la comunidad prestacional de la mutualista y para el sustento laboral con más de 6.000 trabajadores entre personal técnico y no técnico", marcó el informe.

La pérdida neta de $ 1.057 millones constituye un “deterioro económico de magnitud y resulta diametralmente opuesto a lo que se venía afirmando respecto de la situación de la institución en ejercicios anteriores”, marcó la comisión de Casmu.

“A este resultado negativo, se suma la existencia de capital de trabajo deficitario, es decir, que las obligaciones de corto plazo (deudas) superan las cuentas por cobrar. Esto implica que la institución enfrenta serias dificultades de liquidez para cumplir con los compromisos inmediatos, lo que compromete seriamente la viabilidad de la institución”, se agregó.

En suma, la Comisión Fiscal planteó que Casmu enfrenta una “alerta institucional de máxima gravedad”, y que la combinación de resultados operativos “altamente comprometidos” entre otros aspectos, dejan a la mutualista intervenida en una posición de “extrema vulnerabilidad institucional y financiera”, entre varios aspectos.

Rodríguez denuncia "enchastre" en su contra

El expresidente Rodriguez, que hoy es miembro opositor en la directiva de Casmu, apuntó contra el oficialismo (El Casmu que queremos) y dijo que este instaló una “campaña de enchastre sin fundamentos” contra su gestión.

En un comunicado, al que accedió El País, Rodríguez enumeró que su administración dejó $ 700 millones para cobrar, que desde 2019 se produjo un mejoramiento del patrimonio por $1.800 millones, y apuntó con que la gestión Beltramelli realizó una quita del 10 % a la deuda de ASSE “lo cual va a pérdida, sin pasar por el Consejo”, entre varios puntos.

El extitular de la mutualista agregó que el resultado integral del ejercicio fue “$ 1.000 millones positivo”. El balance 2025 planteó que “a partir del presente ejercicio, la institución adoptó un nuevo criterio para la medición de inmuebles y mejoras, aplicando el modelo de revaluación, lo que generó un incremento neto en el patrimonio”. De no revaluar, el resultado integral hubiera sido negativo.

Rodríguez, además, pidió el 13 de marzo al MSP que se modifique el punto cuatro del orden del día de la asamblea de Casmu, de "valoración y consideración sobre la gestión institucional y medidas a implementar", tras considerar que "la amplitud de este punto es excesiva", basado en un informe del jurista Martín Risso.

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