"No está planteado el cierre del Casmu”: MSP dio datos de la mutualista intervenida y su plan de reestructura

“Me parece importante aclarar que en ningún caso se está pensando en el cierre del Casmu”, remarcó la titular de la Junta Nacional de Salud (Junasa), Gabriela Pradere, esta semana en la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social de Diputados, al referirse a la mutualista intervenida por el Poder Ejecutivo, sin desplazamiento de autoridades, desde julio de 2024.

Pradere hizo estas declaraciones ante una consulta de la diputada Nicolle Salle, de Identidad Soberana, respecto a que circulaba la versión de que se pensaba “absorber” a los socios del Casmu por parte de otros prestadores, tal como surge en la versión taquigráfica de la sesión.

“No sabemos de dónde surge la información que planteó la diputada Salle sobre un plan B, como el que hubo en su momento, cuando cerró, por ejemplo, Cima; incluso, uno podría decir que lo de Casa de Galicia fue un plan B porque implicó un cierre y una redistribución de trabajadores”, dijo la jerarca.

“No está planteado el cierre del Casmu”, insistió Pradere sobre la marcha de la mutualista, intervenida, que es “seguido” por las autoridades. “Es un nuevo proceso que surge a raíz también del cambio de las autoridades, que un poco reconfigura el trabajo con la institución”, dijo.

Convocada para brindar detalles del funcionamiento del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS), Pradere dijo que Casmu tuvo un “comportamiento irregular” en los últimos años, con resultados “superavitarios” entre 2021 y 2023, hasta el año pasado, que terminó con un resultado negativo de $ 1.057.120.013, unos US$ 26 millones, tal como informó El País.

Si bien es la tercera mutualista con más afiliados, la jerarca se refirió a la evolución de sus usuarios. Mientras en febrero de este año los afiliados del Casmu eran 172.601, en diciembre de 2024 sumaban 176.135 y en diciembre de 2025 era 173.490.

En el ejercicio 2025, que midió la performance del último mandato de Raúl Rodríguez, el resultado total alcanzó un déficit equivalente al 8 % de los ingresos netos totales, reflejando un “deterioro tanto operativo como no operativo”, con una “caída significativa de los ingresos, tanto de las cuotas Fonasa como individuales”.

“El patrimonio neto del Casmu continúa siendo negativo por $ 1.190 millones; si bien se da una mejora respecto al ejercicio anterior, esta no es una mejora genuina, sino que corresponde a la revaluación contable de inmuebles, que de no haberse registrado el deterioro del patrimonio sería similar a valores del año 2009”, agregó Pradere.

Foto: Darwin Borrelli.

Tras marcar estos resultados, puntualizó que en octubre asumió la nueva gestión de Casmu, encabezada por Domingo Beltramelli, que diseñaron un nuevo plan con una “reestructura de los costos operativos”, que si bien no fue presentado formalmente, han mantenido intercambios con los interventores (Wilser Briozzo, Juan Andrés Barquín y Norma Rodríguez).

Pradere adelantó que Casmu planteó implementar medidas de ahorro por $ 81 millones, que impactarían en el costo de los servicios prestados en cerca de $ 40 millones, en gastos de administración y venta por $ 17 millones, y en resultados financieros en $ 25 millones.

Estas medidas “afectarían principalmente” las remuneraciones, los servicios de salud contratados, los gastos de funcionamiento y mantenimiento, la negociación de precios de medicamentos, materiales y suministros.

Así como también mejoras en la gestión de los servicios asistenciales, readecuación de esos servicios, reasignación de recursos humanos, revisión de las condiciones contractuales con empresas de servicios tercerizados, agregó.

La titular de Junasa hizo una precisión a continuación en torno a las remuneraciones: “No han planteado medidas de ajuste salarial a la baja ni de despidos masivos o envíos al seguro de paro”. Sin embargo, en cargos de gerencia y dirección sí hubo un “ajuste importante”, de unos $ 30 millones, planteó.

Otro aspecto que se mira en la marcha de las instituciones de salud son las cesiones de créditos. Desde abril de 2026 a febrero de 2040, último mes de vigencia de las cesiones, tiene cedido “aproximadamente 31 meses de ingresos Fonasa”, dijo Pradere.

En todo el período, Casmu no tiene cesiones que superen el 70 % de los ingresos, el límite a partir del cual se requiere una autorización expresa y fundada del MSP. El máximo cedido en ese plazo llega al 62 %, en los meses de abril y mayo de 2026.

En la asamblea de médicos capitalizadores de Casmu, del 17 de marzo, la gerenta económica financiera de la institución, María Ana Porcelli, planteó que iban a buscar un nuevo fideicomiso para reestructurar la deuda, con la mira en evitar altas tasas de interés, tal como informó El País.

El SNIS "mantiene, en términos generales, condiciones de estabilidad en su funcionamiento económico y financiero coherentes con el diseño de su modelo de financiamiento y con la evolución esperada de su cobertura y prestaciones”, dijo Pradere.

“Esto no implica desconocer la existencia de tensiones en algunas instituciones ni los desafíos asociados a la dinámica del gasto, la estructura de financiamiento y la heterogeneidad de prestadores, sino más bien situarlos en una perspectiva sistémica que evite generalizaciones inadecuadas”, agregó.

En el año 2025 hubo tres instituciones de Montevideo con déficit y una del interior, una menos que en 2024. “La mayoría están próximas al equilibrio, salvo Casmu y Cudam, que son las que tienen un déficit más marcado”, sostuvo.

La titular de Junasa también adelantó que están trabajando en la reglamentación del artículo 44 de la Ley 18.211 (SNIS), sobre la incompatibilidad de contrataciones por parte de gerencias y direcciones. “Es un problema complejo que requiere, por ende, soluciones complejas”, dijo.

Dicho artículo “nunca”, puntualizó Pradere, fue reglamentado en las distintas administraciones que se sucedieron desde la creación del sistema en adelante. “Esperamos que entre este año y el que viene podamos tener algunas herramientas que nos permitan aplicar de manera efectiva” el artículo citado, indicó.

Otro aspecto que buscan cambiar es el contrato de gestión entre la Junasa y los prestadores, que establece las obligaciones en materia asistencial, de gestión y de financiamiento, que no se han modificado desde 2012, cuando Luis Gallo, actual diputado frentista, estaba al frente de la Junta. “Creemos que hay cosas para mejorar en ese contrato de gestión”, dijo Pradere.

“Hay que pensar en que hay un trade off (intercambio en inglés) entre dinamismo y estabilidad”, indicó la experta. “Estamos haciendo un trabajo, desde fines del año pasado, de revisión y análisis de ese contrato de gestión. Esperamos ver si eso se traduce en que es necesario o no un nuevo contrato de gestión; en eso estamos trabajando”, adelantó.