MSP respondió fuera de plazo demanda ante el TCA de anestesista condenada y juzgado la dio por "no contestada"

El Ministerio de Salud Pública (MSP) que lidera Cristina Lustemberg sigue teniendo entre las preocupaciones que ocupan la primera línea de su agenda política al caso de la anestesista que fue condenada por la Justicia por mala praxis, pero a la que, por resolución administrativa, la secretaria de Estado resolvió reducir de cinco a tres años el tiempo de inhabilitación para el ejercicio médico. Fue una decisión polémica que motivó que la mayoría de los médicos que integran la Comisión Honoraria de Salud Pública renunciaran, disconformes con esta atenuación de la pena, lo que llevó a que la oposición pusiera en su mira un debate al que le seguirán, todavía, algunas etapas.

Porque la anestesista en cuestión, condenada por homicidio culposo al cabo de varios meses de investigación de la Fiscalía (ver aparte), no solo interpuso recursos de revocación y jerárquico para revertir la pena impuesta por el MSP —cuando la gestión del gobierno de Luis Lacalle Pou estaba terminando—, sino que, disconforme incluso con la morigeración de la sanción concedida en octubre del año pasado por la ministra, también planteó una acción de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA).

Esto es algo que la propia Lustemberg recordó en el Parlamento este martes, al ser consultada, una vez más, por los fundamentos de una decisión que, al salir de la sesión, en rueda de prensa, diría que fue producto de un "proceso" que se encuentra "revisando".

La anestesista, dijo ante la comisión de Salud Pública y Asistencia Social de Diputados, que ahora se está a la espera del fallo de un juzgado de lo Contencioso Anulatorio, algo que se encuentra en "trámite y que podría tener como resultado la confirmación o la anulación del acto que estableció la sanción de tres años".

Lo que no planteó Lustemberg ante los diputados es que cuando llegó al MSP el traslado de la demanda presentada por la profesional, la cartera dejó cumplir el plazo sin contestarla. Esto puede verse en el sitio web del TCA —en la visualización del movimiento de los expedientes—, cuando se encuentra el decreto 2787 del 2025. Allí se establece que, para el Juzgado Letrado de lo Contencioso Anulatorio de 1° Turno, "el plazo para contestar la demanda venció el 10/12/2025" y que la respuesta de la cartera ocurrió "de forma extemporánea". "Por lo tanto, corresponde tener por no contestada la demanda", se sostiene en el decreto.

Lo previsto en el nuevo Código de lo Contencioso Administrativo (aprobado en 2024) para esta etapa procesal que el MSP, por demorarse, se salteó, es una instancia en la que "el demandado" tiene la oportunidad de "pronunciarse categóricamente sobre la veracidad de los hechos alegados en la demanda y sobre la autenticidad de los documentos que a ella deban anexarse y cuya autoría le fuere atribuida".

"La incomparecencia —dice también la ley—, el silencio, las respuestas ambiguas o evasivas y la negativa meramente general se tendrán como admisión de los hechos alegados en la demanda, en cuanto no resultaren contradichos por la prueba de autos. El tribunal deberá diligenciar los medios de prueba referidos a hechos no alcanzados por la regla de admisión que se propongan en la etapa respectiva".

El proceder en este caso, que motivó la renuncia de más de una decena de los integrantes de la Comisión Honoraria de Salud Pública, ha ido ganando espacio en el conjunto de cuestionamientos que tiene hoy el Partido Nacional con la gestión de Lustemberg.

De hecho, los senadores Martín Lema y Carlos Camy ya expresaron su intención de que la jerarca sea convocada nuevamente en la comisión de Salud Pública del Senado para ahondar en este caso y sus fundamentos, y trasladaron al oficialismo su intención de que ocurra en una sesión "extraordinaria" por la importancia del asunto, aunque todavía no se definió fecha, en atención a que la ministra se encuentra de viaje en el exterior.

Lema resumió los argumentos para reiterar la convocatoria de la ministra en la sesión del pasado martes de esa comisión. Una semana antes, la jerarca había asistido para responder por esta y otras polémicas, pero tuvo que retirarse para acompañar al presidente Yamandú Orsi en una conferencia de prensa que se hizo en la Torre Ejecutiva.

“No pudimos desarrollar temas en los que todos coincidimos que era de suma importancia intercambiar con la ministra. A esto se suma que varios senadores entendimos que no fueron claras las explicaciones ni las respuestas que tienen que ver con una serie de renuncias, particularmente, de miembros de la Comisión Honoraria de Salud Pública”, dijo Lema, que pidió entonces que para “precisar respuestas” que entiende como “no satisfactorias”, haya una “nueva instancia” para escuchar a Lustemberg, de acuerdo a la versión taquigráfica a la que accedió El País.

El mismo martes, luego de la sesión de la comisión de Salud Pública de Diputados, el representante nacionalista José Luis Satdjian —ex subsecretario del MSP—, planteó una postura en términos similares. Aseguró que "cada vez que la ministra trata de explicar" por qué tomó la decisión que tomó "quedan más dudas" que respuestas. "Hasta ahora no ha sido clara de por qué bajó la pena de cinco a tres años, cuando nosotros (en el período pasado) habíamos firmado esa pena de cinco años; lo que está haciendo la ministra con esta posición ambivalente —siguió— debilita la postura del MSP ante el TCA".

El diputado dijo también que "hay ordenanzas firmadas por la ministra" en las que se estableció, para "casos menores de mala praxis que no derivan en fallecimiento", sanciones por cinco años de inhabilitación. "Y acá estamos hablando de que hubo un fallecimiento, y (la ministra) baja la pena a tres años".

"El tema tiene una gravedad extrema y no entendemos las causas. Queremos que la ministra sea clara", concluyó.