A diferencia del anuncio que había hecho el presidente Yamandú Orsi el pasado 22 de octubre, cuando ya entonces el mandatario había indicado que se iniciaban acciones para rescindir el contrato con el astillero Cardama, el de este viernes -que , ahora sí, se habló de rescisión definitiva y de nuevas acciones legales a iniciar contra la firma de Vigo- contó con la presencia del Poder Ejecutivo en pleno.
Prácticamente todos los ministros -no estuvieron Alfredo Fratti, de Ganadería, y el titular de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, aunque en representación de este último fue el subsecretario Martín Vallcorba- se sentaron en la sala de conferencias de la Torre Ejecutiva para escuchar el mensaje del presidente, el prosecretario Jorge Díaz y la ministra Sandra Lazo, respaldado en dos resoluciones que contaron con las firmas de todos los secretarios de Estado.
Fue una típica y buscada “señal política” del jefe de Estado para dar una noticia que, al decir de uno de sus ministros, “no contenía mayor novedad”. Pues la postura crítica del gobierno con el contrato firmado en la administración pasada -por poco más de 82 millones de euros para adquirir dos patrullas oceánicas OPV- con este astillero, al que el Estado ahora denuncia haber cometido múltiples irregularidades en la presentación de las garantías y en el proceso de construcción de ambos buques, era harto conocida.
En resumidas cuentas, Orsi comunicó a la prensa la rescisión unilateral del contrato; el inicio de acciones para “recuperar el patrimonio del Estado uruguayo” y “definir responsabilidades de instituciones e individuales”; y procurar “la adquisición de las patrulleras oceánicas tan necesarias” para la defensa nacional-. Todo lo cual había sido adelantado, minutos antes, a varios legisladores del Frente Amplio de ambas cámaras, que fueron hasta la Torre Ejecutiva para ser notificados de todo esto.
Y durante el Consejo de Ministros previo al anuncio, en el que expusieron Orsi, el prosecretario Jorge Díaz, el secretario Alejandro Sánchez y el director de la Oficina Nacional del Servicio Civil, Sergio Pérez, se hizo una “explicación técnica a fondo” de lo que luego se expuso en la conferencia, dijeron a El País participantes de la reunión.
La interrogante que quedó en el aire apunta a cómo sigue una novela que promete largos capítulos en lo que queda de este período: lo que puede afirmarse, explicó por su parte una fuente del gobierno, es que los pasos siguientes -explicitados en las dos resoluciones firmadas este viernes por el Poder Ejecutivo- recaerán en el Ministerio de Defensa. Es esta cartera la que fue encomendada a que inicie y dé “cumplimiento de las acciones judiciales correspondientes, a los efectos del reclamo de los daños y perjuicios ocasionados a la Administración por parte de Francisco Cardama S.A y de los demás reclamos” que surjan del diferendo gestado. Y además deberá dar comienzo a las “acciones civiles, penales, administrativas y arbitrales, así como la adopción de todas las medidas que conforme a derecho correspondiere, para preservar los intereses del Estado (...) en el ámbito nacional e internacional”.
Eso es lo que establecen ambas resoluciones, una -la primera- dedicada a repasar los problemas formales y de fondo en la presentación de las garantías de fiel cumplimiento (por el 5% del valor del contrato) y de reembolso (por el 10%), y la otra sobre los problemas en la fase constructiva de los barcos, basada esta última en sendos informes y pericias, como el encargado a la empresa Bureau Veritas -que, entre otros varios puntos, estableció que Cardama no estaba en condiciones de “cumplir con los plazos de entrega”.
Lo que viene ahora, entonces, es la presentación de una demanda en un juzgado civil y, en segundo término, una demanda en un tribunal español, aunque la estrategia jurídica que se seguirá es algo que hoy se encuentra en análisis.
Legitimidad
En la Torre Ejecutiva está el “absoluto” convencimiento de “la razón” de los reclamos del Estado uruguayo, y de la falta de “argumentos”, hasta ahora, por parte de Cardama. La respuesta que la firma gallega elevó esta semana a Presidencia, en su última evacuación de vista, consistió sobre todo en un alegato conceptual, en donde criticó que la decisión tomada por este gobierno, con “mala fe”, fue de carácter “político”. Y se abstuvo de rebatir los aspectos técnicos cuestionados, lo que fue leído por el Ejecutivo como una asunción de la responsabilidad de todo lo señalado. De otro lado, que las respuestas formales a las objeciones uruguayas estuvieran firmadas por el propio Mario Cardama y no por un equipo de abogados representa, para Presidencia, una falta de “seriedad” en el asunto. Ahora bien, el astillero tiene iniciadas acciones legales en Uruguay, y hay fijada una audiencia de conciliación para el 16 de marzo, en la que el gobierno esperaba que se planteara “una demanda civil y la ejecución forzada del contrato”, pero como este ahora fue rescindido de forma unilateral, para Presidencia esa instancia “carece de objeto”. En varios momentos de la conferencia, el gobierno dejó en claro que la determinación es adquirir, en este período, embarcaciones que cubran las mismas necesidades que atenderían las OPV.
“En esta administración habrá patrulleros oceánicos”, dijo, enfática, Lazo. Orsi enumeró luego países con los que se está en diálogo para ello. Habló de Argentina, Colombia, Corea del Sur, India y Francia -Díaz tomaría la palabra, sobre el final, para agregar España-. La determinación es, sin dudas, dijo un integrante del gobierno, “salir al mercado a comprar”.
La tarea es por demás complicada. Porque lo que es un hecho, y se comenta en el gobierno y en la bancada oficialista, es que no hay posibilidad de adquirir las OPV encargadas a Cardama por el precio convenido. En todos los casos, el costo de esos buques es mucho más elevado. “Sin perjuicio de ello -avisó Orsi en este sentido-, vamos a tener otras herramientas más para la vigilancia costera, concretamente lanchas rápidas, (algo sobre lo que) estamos trabajando. E incluso tenemos el ofrecimiento, por parte de algún Estado, de algún navío”, y se refirió, concretamente, al ofrecimiento que ya hizo Estados Unidos de un patrullero creado en los años 60.
En el Parlamento ya se proyecta la creación de investigadoras
Con objetivos bien diferentes, pero con el mismo marco temático, las bancadas parlamentarias ya discuten sobre la posibilidad de crear comisiones investigadoras que ahondarán en detalles sobre todo lo ocurrido en torno a este caso.
Como informó ayer El País, por el lado de la oposición la determinación es investigar lo que se entiende como un “boicot” a la compra de las patrulleras oceánicas, e “ir a fondo y esclarecer los verdaderos motivos” que llevaron al gobierno a cancelar el contrato con Cardama, como declaró el senador blanco Martín Lema (ver página A6). En el Frente Amplio está la misma idea: promover esta herramientas, pero para seguir ahondando en las irregularidades detectadas en el contrato y en el proceso de construcción de los buques por parte del astillero de Vigo.
“Es una posibilidad; ahora estamos viendo las primeras reacciones de la oposición”, dijo en este sentido el senador del oficialismo Eduardo Brenta, quien agregó que este paso seguramente sea discutido el próximo 24 de febrero, cuando en la Huella de Seregni se reúnan ministros y legisladores para intercambiar sobre la agenda de este año.
“Si me preguntan a mí -dijo el senador- es muy probable que terminemos en una comisión investigadora, aunque también tenemos que esperar a ver con qué celeridad actúa la Fiscalía, porque hay muchos que deberán ir a declarar”.
El fiscal encargado de la indagatoria, abierta a fines de octubre cuando el gobierno presentó la denuncia penal, es Alejandro Machado. De momento, se encuentra analizando la evidencia presentada por el Ejecutivo.
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