Mario Cardama rompe el silencio tras anuncio de rescisión que hizo Orsi: "Se ha procedido de manera muy incorrecta"

Tras el anuncio del presidente Yamandú Orsi sobre la rescisión unilateral del contrato para la construcción de dos patrullas oceánicas (OPV), la respuesta desde Vigo no se hizo esperar. Mario Cardama, director del astillero que lleva su nombre, expresó su profundo malestar con la gestión del gobierno uruguayo, calificando el procedimiento como "muy incorrecto".

En declaraciones a El País, el empresario español marcó descartó las acusaciones de fraude e irregularidades llevadas adelante por la Torre Ejecutiva, y subrayó que la empresa ha mantenido una conducta estrictamente profesional.

"Entendemos que se ha procedido de manera muy incorrecta y vamos a estudiar los caminos a seguir", afirmó Cardama, dejando abierta la puerta a una inminente batalla judicial.

El empresario fue enfático al señalar que la firma ha operado bajo parámetros estrictamente corporativos: "Siempre hemos manejado esto con criterios empresariales y eso no va a cambiar ahora".

La decisión de Orsi, fundamentada en informes que señalan la supuesta invalidez de las garantías presentadas y una incapacidad técnica del astillero para cumplir con los plazos (reforzada por una reciente auditoría de Bureau Veritas), ha sido recibida por Cardama como una medida precipitada.

Al respecto, el director del astillero advirtió que no cederán ante la presión del Ejecutivo uruguayo. "No nos vamos a dejar apurar por nadie", afirmó, sugiriendo que la empresa se tomará el tiempo necesario para analizar los términos de la rescisión antes de ejecutar sus próximos pasos legales.

Foto: Natalia Rovira/El País.

Cardama concluyó sus declaraciones con una advertencia sobre la futura resolución del diferendo: "Ya habrá oportunidad de discutir todos estos temas y veremos a quién le asistía razón".

Mientras el gobierno uruguayo prepara las acciones por daños y perjuicios, el astillero español sigue sosteniendo que el proyecto seguía en marcha y que la ruptura del contrato responde a una decisión política que, según entienden, carece de fundamentos técnicos sólidos.