Caso Cardama: Orsi prepara un segundo anuncio en el que volverá a referirse a la rescisión del contrato

El gobierno tiene prácticamente todo pronto para hacer un segundo anuncio vinculado a su decisión -comunicada el 22 de octubre del año pasado en conferencia de prensa- de rescindir el contrato con el astillero español Cardama que la anterior administración firmó para la compra de dos patrulleras oceánicas por un monto superior a los 82 millones de euros.

En aquella ocasión, el presidente de la República, Yamandú Orsi, había dicho que su gobierno iniciaría “acciones” para obtener ese resultado -luego de denunciar lo que se llamó un “fraude” al Estado tras constatar serias irregularidades en la garantía de fiel cumplimiento presentada y aprobada por el gobierno de Luis Lacalle Pou-, con lo que dio inicio a un sinfín de capítulos e idas y vueltas con la firma de Vigo.

En ese proceso se dieron a conocer problemas en la construcción de ambos buques, omisiones en habilitaciones administrativas y en el cumplimiento de estándares de calidad, inconvenientes que fueron todos denunciados en una auditoría que el gobierno uruguayo contrató recientemente a la empresa europea Bureau Veritas y que constan en otros análisis e informes de elaboración propia procedentes de Presidencia y el Ministerio de Defensa.

Y ahora el plan, en el que ha trabajado intensamente el prosecretario Jorge Díaz, es anunciar la rescisión, sin más, en el entendido de que se recorrió el camino legal para llegar al resultado buscado y referido en la anterior conferencia de prensa.

Foto: Ignacio Sánchez

Una posibilidad, dijeron a El País fuentes oficiales, es que este segundo anuncio se haga este viernes al mediodía, luego del Consejo de Ministros -el primero de este año- que Orsi convocó para esta jornada. El mandatario fue consultado al respecto el jueves por la noche, al salir de una recepción diplomática organizada por el embajador de la República Popular China, en su residencia ubicada en Carrasco. “Veremos”, respondió, como suele hacerlo, el jefe de Estado cuando es consultado por escenarios futuros, antes de subirse al auto.

Las fuentes consultadas señalaron que en las próximas horas se va a “analizar” si ya hacer el anuncio o aguardar algunas horas más, en función de la preparación “documental” que forma parte de la estrategia de defensa de Presidencia. Es decir, hay “detalles” que el gobierno piensa ajustar, y de lo cual depende el anuncio, que, como se sabe desde hace varias semanas, el gobierno debe realizar con fecha límite del 15 de febrero, ya que para entonces está estipulado abrir una segunda carta de crédito “por el importe correspondiente al vencimiento de cada hito estimado para ese año natural, que deberá ser aprobada por el constructor”, tal como está establecido en el contrato.

Mientras tanto, en estas últimas horas el gobierno ha estudiado la respuesta que al mediodía del miércoles envió el astillero a las objeciones formuladas por el Estado -lo que en la jerga jurídica se denomina “evacuación jurídica”-, y que no han sido satisfactorias para Presidencia, o al menos no han cambiado la decisión ya tomada en octubre de terminar con el contrato e iniciar acciones legales para que el Estado sea resarcido del fraude y del daño que, para el gobierno actual, se ha ocasionado.

Foto: Gabriel Porfilio

Cardama, por su parte, también ha desplegado una estrategia en territorio nacional: como informó El País a fines de diciembre, la firma española tiene intenciones de presentar una demanda civil, lo que quedó de manifiesto con la notificación, comunicada al gobierno en los últimos días del año pasado, de una audiencia de conciliación fijada para este 16 de marzo; en Presidencia, de todas maneras, ese movimiento los tiene “sin cuidado”.

“No hay más urgencia que la necesidad de tomar la mejor decisión para el país, el Estado y sus intereses”, dijo este martes la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, que agregó que hay “comunicaciones naturales” -pero no formales- con el astillero español, y que se trata de tomar una decisión de naturaleza “política”, pero que también contiene “connotaciones jurídicas y técnicas”.

La oposición ha cuestionado el proceder del gobierno y denunciado el “oscurantismo” y “falta de transparencia” en torno a este tema, al extremo de que, ante la declaración de “reserva” que hizo el Ministerio de Defensa ante un pedido de acceso a la información pública tramitado por Javier García y Andrés Ojeda, los senadores acudirán a la Justicia para eludir el bloqueo.